Fernando nunca imaginó que su vida cambiaría por completo a partir de una simple consulta en Migraciones. Fue entonces cuando descubrió que figuraba un ejemplar B de su DNI que él jamás había solicitado. Detrás de esa irregularidad se escondía una trama delictiva que lo dejó con una deuda millonaria: le habían robado la identidad y utilizaron su nombre para contraer compromisos financieros por más de 60 millones de pesos.
En diálogo con Infobae, Fernando relató el calvario que comenzó en marzo pasado, cuando comenzaron a llegarle avisos de deudas de bancos, financieras y comercios. “Primero eran 17 millones, el pico fue de 60, ahora estoy en 34”, explicó, aún con incredulidad por todo lo que le tocó enfrentar. Su situación le impedía realizar trámites básicos: no podía votar, inscribir a su hijo ni siquiera certificar su propia muerte en caso de fallecer. “Si me moría, no se podía comprobar que era yo”, confesó con una mezcla de humor negro y desesperación.
Las deudas no eran suyas, sino que habían sido generadas por un tercero que tramitó un nuevo DNI a su nombre en el Registro Civil de Pocito, San Juan. El documento en cuestión había sido gestionado por Marcelo Omar Cardozo, un hombre de Chimbas, casado y de 47 años, con antecedentes laborales en el gobierno provincial. A través de registros biométricos y validaciones en distintas entidades bancarias, se comprobó que él fue quien utilizó la identidad de Fernando para acumular las millonarias obligaciones económicas.
La maniobra fue descubierta tras una serie de denuncias similares, entre ellas la de un vecino de Tandil que, en diciembre pasado, detectó movimientos financieros extraños también vinculados a un nuevo DNI gestionado en San Juan. Ese caso derivó en la detención de Natalia Castillo, la funcionaria a cargo del área de documentos en el Registro Civil de Pocito. Castillo fue trasladada recientemente al penal de Chimbas, bajo prisión preventiva, acusada de integrar una banda que falsificaba documentos oficiales.
Según pudo reconstruir la Justicia Federal, Castillo habría proporcionado el acceso a bases de datos y facilitado la impresión de documentos adulterados. Las cédulas eran luego entregadas a sus presuntos cómplices, quienes concretaban estafas utilizando identidades ajenas. Entre los detenidos también se encuentran Rolando “El Narigón” Navarro Saide, un hombre con antecedentes por estafas, su hijo Rodrigo Navarro Pozo, y Marcos Esteban Vallejo, a quien se le habría entregado el DNI falsificado en el caso de Tandil.
La investigación está en manos del fiscal federal Fernando Alcaraz, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de San Juan. Uno de los peritajes más reveladores fue realizado por el RENAPER, que confirmó que el ejemplar B del DNI de Fernando había sido emitido de forma irregular. La confirmación oficial le sirve para demostrar su inocencia frente a los acreedores, aunque la deuda aún no ha sido completamente anulada.
Para lograr que su verdadera identidad fuera reconocida, Fernando tuvo que realizar una serie de gestiones en el RENAPER central: “Fui con mi partida de nacimiento, mi hermana y la libreta de matrimonio de mis padres. Todo para probar que era yo”, relató.
Hoy, con un nuevo documento en mano, Fernando intenta reconstruir su vida, mientras aguarda que la Justicia determine su desvinculación total del caso. “Ya nadie me fía, ni el kiosquero de la esquina”, dice, todavía con la carga de una estafa que lo convirtió en víctima de una organización delictiva con ramificaciones institucionales.