El caso del abogado sanjuanino Gustavo de la Fuente se convirtió es una brasa caliente dentro de la Cámara de Diputados de San Juan donde se debaten qué hacer con él, que está en una situación inédita: es uno de los ternados para ser designado asesor oficial y a la vez está preso en el Penal de Chimbas. Obviamente lo primero se dio antes que lo segundo y la salida al conflicto por la coexistencia de ambas circunstancias aun no se resuelve. Como nunca pasó algo así, nadie da por descartado nada. Incluso hay quienes especulan con que podría salir de la cárcel para ser evaluado ante los legisladores en el marco del concurso, así, esposado y con custodia, con tal de no privarlo de su derecho a participar.
El insólito caso del abogado ternado para un cargo judicial que está preso: ¿irá con custodia a dar su entrevista a la Legislatura?
Gustavo De la Fuente sigue detenido, investigado en una causa federal de trata de personas. A la vez, en la Legislatura su nombre está entre los preseleccionados para ocupar un cargo de defensor oficial. La trastienda y todos los escenarios de un tema tan picante como inédito, que demora en resolverse.
De la Fuente está investigado por la Justicia Federal por su presunta participación en un caso de trata de personas y permanece alojado en el Penal de Chimbas desde principios de julio. Con vasta experiencia en tribunales, el penalista terminó ternado por el Consejo de la Magistratura el 22 de mayo, para el cargo de defensor oficial en uno de los concursos que en total tienen en juego 21 puestos de juez, fiscal y defensor. Los otros dos preseleccionados en la terna con De la Fuente son Emma Baigorria y Jorge Olivera.
Para entender la situación de De la Fuente hay que repasar, en general, cómo se cubren los cargos en el Poder Judicial. El proceso se inicia cuando la Corte de Justicia comunica la vacante al Consejo de la Magistratura que tiene cinco miembros, uno de cada poder y dos por el Foro de Abogados. Ellos inician el concurso para el o los cargos en juego, toman entrevistas y evalúan los antecedentes de los aspirantes. Luego emiten una terna por cada cargo y lo mandan a la Legislatura. En la casa de las leyes también se hacen entrevistas, en el seno de la comisión de Justicia y Seguridad, que solo integran algunos legisladores. Y luego se someten a consideración de todos los diputados provinciales, durante una sesión, uno o dos o los tres nombres -según lo acordado en comisión- para que quede designada una persona, por voto de mayoría simple.
En el caso del abogado preso, su situación con la Justicia Federal saltó luego de que fuera ternado por el Consejo de la Magistratura, cuando las ternas ya habían sido enviadas a la Legislatura para la segunda etapa que dicta el proceso. Por eso quedó en manos de la comisión de Justicia, que preside la orreguista Marcela Quiroga, expedirse al respecto. La legisladora prefiere no dar explicaciones sobre qué opciones manejan.
El caso se les presentó tan complejo que escaló hasta altos niveles en la Legislatura, porque el propio presidente de la Cámara de Diputados local, Fabián Martín, confirmó que el asunto está en manos de Asesoría Letrada de la institución, que no se expide por el momento. En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, argumentó el vicegobernador que "porque no está contemplado el caso puntual del doctor Gustavo de la Fuente. Ni siquiera la ley establece casos de ausencia por alguna razón, de algún ternado. Entonces, estamos viendo cómo encararlo. Todavía está, digamos, en estudio, por decirlo de alguna forma".
Hasta ahí es el panorama de situación oficial, sin resolución. Hay varios interrogantes que se desprenden de la insólita situación de De la Fuente. Por ejemplo, ¿el abogado preso está en condiciones legales de salir con custodia de la cárcel por este motivo extraordinario? ¿le vulneran algún derecho si no lo citan a dar la entrevista en la Legislatura? ¿Si él resultara inocente podría reclamar por vía judicial que no lo dejaron participar y anular esa designación a defensor oficial? ¿qué pasa con los derechos de los otros dos ternados al cargo judicial? ¿se podría dejar este cargo en stand by hasta que se resuelva la situación judicial del participante?
Sin duda lo que suma complejidad es que el problema tiene dos dimensiones: la judicial y la política. Hay algunas consideraciones sobre ambos escenarios, a la luz de especialistas o involucrados.
Principio de inocencia
Sobre la faceta judicial, TIEMPO DE SAN JUAN consultó al fiscal federal Francisco Maldonado, quien se mostró cauteloso. Consultado sobre si en el caso hipotético de que a De la Fuente lo llamaran desde la Legislatura para que dé su entrevista como candidato a defensor oficial cabría darle permiso para no vulnerar su derecho a participar, o si no corresponde, dijo que "no puedo dar una respuesta, toda vez que de darse ese supuesto, me tocaría opinar como fiscal, lo cual no puedo adelantar por razones legales".
Sobre la cuestión legal también TIEMPO consultó al abogado de De la Fuente, Fernando Castro. Dijo que la cuestión "es un tema de la Legislatura" y que él desconoce al respecto, porque solo defiende a su par en la causa penal. También aseguró que su cliente no le hizo ninguna consulta al respecto. Y evitó expedirse sobre la hipótesis de que pueda salir a dar su entrevista a la Legislatura, si está en condiciones legales de hacerlo o si evalúa reclamar en tribunales en caso de que no le permitan seguir participando en el concurso.
Quien sí dio su parecer, consultado por este diario, es el abogado constitucionalista Martín Zuleta, quien opinó como profesional que desconoce cómo está la situación procesal de De la Fuente y cómo está el trámite de designación dentro del concurso. "Entiendo que como cualquier persona sujeta a una investigación penal, el doctor De la Fuente goza de todos los derechos y garantías consagrados en la Constitución y, por ende, goza del estado de inocencia. Esto quiere decir que el doctor de la Fuente es inocente mientras no exista una condena que haya sido dictada en una sentencia firme, motivada en un juicio previo con todas las garantías", analizó.
Así, Zuleta sostuvo que "por ello considero que el doctor De la Fuente se encuentra habilitado para continuar los trámites del concurso y creo que le asiste el derecho de participar de la entrevista propia del proceso del concurso, la que deberá desarrollarse conforme a lo que en definitiva autorice el juez Federal, ya sea de manera presencial o por cualquier otro medio". Aquí se postula que el abogado podría prestar su entrevista ante los legisladores de manera remota, vía Zoom por ejemplo, un recurso que ya es viable en el Poder Judicial y que fue muy usado durante la pandemia.
¿Qué pasaría si se le niega esta chance? Según Zuleta, "si no se le permitiera al doctor de la Fuente asistir a la entrevista y eventualmente fuera excluido del concurso por estar vinculado a una causa penal donde todavía no haya recaído sentencia firme, entiendo que se estarían vulnerando sus derechos constitucionales y entiendo que podría por esa afectación articular la nulidad del concurso. Sobre todo teniendo en cuenta que el doctor ha sido ternado. Y eso ya ingresa a la esfera de su derecho de propiedad tal como ha entendido la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la teoría de los Derechos adquiridos".
La variable de la eventual nulidad del concurso no es un tema menor. Si De la Fuente fuese declarado inocente surge la preocupación de que podría reclamar en algún momento que el proceso estuvo viciado y la vacante a defensor oficial no cubierta como corresponde. Un pleito que, judicializado, podría tener cierto impacto en el funcionamiento del servicio judicial y, además, entrar en un circuito interminable en tribunales.
En lo que respecta a su causa, De La Fuente está cada vez más complicado. Lo último que se conoció días atrás es que para la Fiscalía Federal está más que comprobado que el abogado De la Fuente y otras dos personas más están involucrados en una red de trata y por tal razón le pidió al juez federal, Leopoldo Rago Gallo, que el penalista sea procesado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, en calidad de coautor.
En medio de la investigación el defensor Castro solicitó la excarcelación de su cliente, lo que fue denegado, generando la apelación y solicitud en la Cámara de Apelaciones de Mendoza para lograr la libertad de su defendido. Castro expresó que estaba esperando el procesamiento.
Hacer algo o que pase desapercibido
En la dimensión política, dentro de la Legislatura hay algunos posicionamientos, volcados hacia hacer algo o simplemente pasar por alto el asunto. Uno implica una salida sencilla. Y es que algunos expertos consideran que la entrevista en la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara no forma parte del proceso de selección que prevé la Constitución Provincial. Por lo tanto, que se hagan o no se hagan las entrevistas o que un ternado o ternada concurra o no concurra a la entrevista resulta absolutamente indiferente para el proceso.
Bajo esta perspectiva, como dentro de la Legislatura no se da un trámite ni legal (porque no está ni en la Constitución ni en la Ley del Consejo de la Magistratura), ni reglamentario (porque tampoco está previsto en el Reglamento Interno de la Cámara ni entre las expresas atribuciones de la Comisión de Justicia y Seguridad), no existe consecuencia legal alguna el que se realice la entrevista o deje de realizarse por el motivo que fuere.
Los que miran así la cuestión sostienen que nada se puede hacer en ninguna instancia ya que no hay atribuciones legales para actuar por parte del Consejo de la Magistratura, ni de la Comisión de Justicia ni de la Cámara misma. Incluso, consideran dentro del parlamento local que no es correcto solicitar intervención ni dictamen de ningún cuerpo de abogados, ni de nadie, como se decidió desde el orreguismo. Solo quedaría "bajar" a tratamiento las ternas y que cada legislador decida con su voto.
Lo cierto es que el tema quedó a consideración del equipo legal de la Legislatura, pese a que algunos consideran que esta oficina es para los tramites administrativos del Poder Legislativo, como en cualquier repartición pública, y que el caso del polémico ternado es un tema que sólo compete a los diputados, ni siquiera a Martín que preside la Cámara pero no la integra.
Mientras tanto, las entrevistas a los ternados para los 20 cargos restantes están en marcha y está la posibilidad de que quede en ascuas la terna que integra De la Fuente hasta que se tome una decisión en Asesoría Letrada de la Cámara de Diputados. De hecho, llama la atención que la Comisión de Justicia no informara el cronograma completo de las entrevistas, porque antes de que estallara el escándalo con De la Fuente sí lo hubo bien definido y se postergó. Es que las ternas entraron a fines de mayo y por esos días se conoció que empezarían a entrevistar el 18 de junio, pero después se dejó ese calendario sin efecto porque, según trascendió extraoficialmente, algunos de los participantes se querían ir de vacaciones durante los feriados XXL.
No fue hasta el 1 de agosto que arrancó la citación a ternados y no hay fecha para concluirla pero están muy avanzados con la tarea. Los dos ternados junto a De la Fuente, que son Emma Baigorria y Jorge Olivera, aún no comparecieron ante los legisladores, lo que da señales de que los dejaron para el final. No hay tiempos reglamentados en esto.
El viernes, Martín dio una pista sobre el tema temporal. Dijo, en diálogo con Canal 13 San Juan que "yo entiendo que en un par de sesiones más ya podemos ir decidiendo sobre los futuros funcionarios judiciales", con lo que podrían tratarse durante septiembre si se terminan las entrevistas dentro de agosto. En este marco, el vicegobernador dio su opinión sobre De la Fuente: "entiendo que deberían salir los 21 juntos", es decir, con la situación del abogado preso decidida. "No es que esté resuelto, pero me da la impresión que es como debería ser. Sin perjuicio, a lo mejor, se puede, tal vez, teniendo las entrevistas, ir haciendo las designaciones. En fin, ya veremos", dijo sin descartar nada.
Apenas De la Fuente quedó tras las rejas, algunos especularon con que podrían darle de baja de la terna, invocando que se lo investiga por un delito grave, para lo cual evaluaban como herramienta que alguno de los bloques presentara un proyecto de ley sobre tablas. Pero no hay nada oficial al respecto y todo puede pasar.