El Gobierno de San Juan está impulsando un innovador modelo de construcción de viviendas basado en la articulación entre el Estado, las empresas constructoras y el Banco Nación. El objetivo es claro: generar más acceso a la vivienda propia, reactivar el sector de la construcción y, al mismo tiempo, fortalecer la política habitacional social sin que el Estado deba financiar la totalidad de las obras.
Cómo es el mecanismo sanjuanino para construir casas con plata del Estado y de privados
Con un esquema innovador que combina terrenos públicos, financiamiento del Banco Nación y ejecución privada, el Gobierno busca ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer la política habitacional social sin asumir todo el costo de construcción.
Este sistema propone que el Gobierno provincial ceda terrenos fiscales para el desarrollo de proyectos habitacionales. Las empresas constructoras, a su vez, acuerdan con el Banco Nación el financiamiento de las obras. Con esa estructura armada, las viviendas se ofrecen a la venta en el mercado y son los compradores quienes gestionan sus créditos directamente con el banco. Las cuotas se pagan al Banco Nación, sin intermediación del Gobierno.
En esta ecuación, el Estado no solo actúa como facilitador del suelo, sino que recibe una compensación concreta: las empresas devuelven el valor del terreno en viviendas construidas, que luego son destinadas a la demanda habitacional más vulnerable. Estas unidades sociales serán adjudicadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), mediante sorteo, como ocurre con el resto de los programas habitacionales.
Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía destacan que este sistema permite aprovechar el dinamismo del sector privado y la capacidad de financiamiento de la banca pública, sin dejar de lado el rol del Estado en la provisión de vivienda social. Se trata de una herramienta pensada para dar respuesta a un contexto en el que el acceso a la vivienda a través del esfuerzo individual se vuelve cada vez más complejo, y donde los recursos estatales no siempre alcanzan para cubrir la demanda.
Aunque el sistema aún necesita de un marco legal específico —cuyo proyecto ya fue elaborado y será presentado en Diputados próximamente—, el sector privado ya muestra interés. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en San Juan, por ejemplo, presentó un proyecto para construir 200 departamentos bajo esta modalidad. Sin embargo, su ejecución está a la espera de la sanción de la ley que habilite formalmente este esquema.