La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) calificó hoy la paritaria nacional como "fraude", luego de no haber podido alcanzar un acuerdo con el Gobierno, y exigió un salario mínimo de $1.819.121.
sábado 21 de marzo 2026
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SUSCRIBITEUno de los sectores más combativos del sindicalismo argentino, ATE, consideró un "fraude" la paritaria y exigió un básico que, si bien es muy superior al actual, apenas supera la canasta básica.
La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) calificó hoy la paritaria nacional como "fraude", luego de no haber podido alcanzar un acuerdo con el Gobierno, y exigió un salario mínimo de $1.819.121.
Según ATE, "en un hogar conformado por una pareja adulta con dos hijos en edad escolar fue necesario, en abril de 2025, $1.819.121 para afrontar sus necesidades básicas. Este cálculo surge de las Canastas de Consumos Mínimos, una metodología alternativa que va más allá de los valores establecidos por el INDEC para medir la pobreza".
Hoy el salario mínimo, sin contar bonos y sumas fijas, es de $590.594.
"Las políticas de (Javier) Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un diálogo social que debiera cumplir los objetivos de trabajo decente y crecimiento económico", sostuvo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
El gremialista indicó a través de un comunicado que las paritarias se convirtieron "en un fraude" y que el Gobierno "no escucha la voz de la representación sindical".
"El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos", afirmó.
Por eso exigió "elevar el salario mínimo a $1.800.000" y expresó que a la paz social se la debe garantizar "con respuestas concretas" a los "justos reclamos que tienen los trabajadores".
"La pérdida en el poder adquisitivo ya llegó al límite y tiene que quedar claro que la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo", sentenció.
ATE adelantó además que en los próximos días se definirá la continuidad del "plan de acción" en rechazo a "las cesantías ilegales, el intento de restringir el derecho constitucional a la huelga, y la fusión y cierre de organismos".