La justicia quiere remendar un viejo error constitucional

Ese artículo 202 dice textualmente: "El Ministerio Público es órgano del Poder Judicial. Es integrado y desempeñado por el Fiscal General de la Corte de Justicia, por los Fiscales de Cámara, por los Agentes Fiscales y por los Asesores y Defensores oficiales. El Fiscal General de la Corte de Justicia ejerce superintendencia sobre los demás miembros que componen el Ministerio Público".

EL PROBLEMA

De esa forma, el fiscal y los defensores oficiales tienen una misma cabeza: el Fiscal General de la Corte.

A diferencia del fiscal, en donde el Fiscal General es quien fija las políticas criminales, en el caso del defensor oficial no puede recibir una orden por el pacto de confidencialidad profesional que hay entre el abogado y su cliente.

Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la misma cabeza baja la línea de política criminal a los fiscales (quienes ahora acusan y más adelante serán quienes investiguen los críemenes) y también es quien dirige a los defensores oficiales, quienes deben defender a los acusados.

Esa situación habilita a sospechar que una persona sometida a la justicia puede ser beneficiada o perjudicada por un fiscal o por un defensor oficial, debido a que dependen de una misma persona.

Cabe recordar que los defensores oficiales asisten a personas de bajos recursos económicos.

El botón de la muestra es flagrancia: casi la totalidad de los casos el defensor oficial es el que asiste a los detenidos. Y enfrente están los fiscales, quienes están dirigiendo las investigaciones y las acusaciones.

LA SOLUCIÓN

Tiempo de San Juan pudo comprobar que el fiscal general Eduardo Quattropani y el cortista Guillermo De Sanctis están trabajando juntos para tratar de solucionar ese error de la Constitución del ´86.

Ya en septiembre de 2012 el fiscal general Quattropani le confirmaba su pensamiento a Tiempo: "Yo comparto el sistema de la Constitución Nacional mezclado con el sistema de Salta y el de la Ciudad Autónoma. Esto es, un ministerio público autónomo, fuera del Poder Judicial; con Ministerio Público Fiscal; Ministerio Público de la Defensa y una Asesoría Tutelar General. Pero para eso hace falta modificar la Constitución de la Provincia y no meramente la ley del ministerio público", decía.

Ahora Quattropani junto a De Sanctis trabajan en la confección de una ley o de una acordada en la Corte de Justicia para crear el cargo de Coordinador de la Defensa Pública.

La intención es que los 15 cargos de defensores oficiales (3 penales, 5 civiles y familia, 2 de menores, 4 de flagrancia y 1 en Jáchal) dependan de ese Coordinador. Hoy en día es la defensora oficial Mónica Sefair quien está operando como coordinandora.

Lo mismo se piensa hacer con los fiscales: hoy en día hay dos Fiscales Coordinadores en flagrancia, Fabrizio Medici y Daniel Guillén. Y es casi seguro que queden como fiscales coordinadores para el resto de los fiscales de instrucción, correccionales y de menores.

Así, con la ley o la acordada que piensan De Sanctis y Quattropani, el Fiscal General quedaría más lejos del trato directo con los defensores oficiales.

Pero, jerárquicamente, tal como lo ordena la Constitución de San Juan, el Fiscal General de la Corte seguirá siendo la misma cabeza a cargo de dos cuerpos: los fiscales y de los defensores oficiales.

OTRAS PROVINCIAS

San Juan no es la única provincia del país en esta situación. Serían siete las provincias con un Fiscal General o Procurador General: Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Misiones, Catamarca, La Pampa y Río Negro.

Mendoza tenía el mismo problema y el año pasado sacó una ley para hacer lo mismo que se piensa ahora en San Juan: crearon el cargo de un Coordinador de la Defensa Pública, como paso previo a implementar la investigación fiscal.

En Río Negro también lo cambiaron por ley, sin tocar la constitución, y en esa provincia hubo algunos problemas en la práctica, según funcionarios locales que siguen de cerca el tema.

En Tucumán se creó el año pasado la Defensoría General, pero aún no designan al funcionario.

Del otro lado están las provincias que sí dividieron las funciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Río, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Chubut, Neuquén y Jujuy. En todas ellas la defensa pública tiene autonomía.

¿CONCURSO?

Lo que por ahora no trascendió es si el posible cargo de Coordinador de Defensores Oficiales será cubierto con uno de los defensores oficiales ya nombrados por la Cámara de Diputados o si crearán el cargo por ley y será cubierto a través de un concurso mediante el Consejo de la Magistratura, lo que abriría la puerta a que también puedan participar el resto de los abogados que están dentro o fuera del Poder Judicial de San Juan.