Claroscuro detrás de la excarcelación del excomisario Turón

No significa que Turón haya zafado. Incluso, hasta le pueden revocar la excarcelación.

La diferencia es que ahora estará libre hasta el día que le hagan el juicio para saber si es o no culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad (detención de Segismundo Lara), abuso sexual agravado a una militante e integrante una asociación ilícita en el aparato represivo.

En la misma causa que Turón hay otros instructores policiales (Turón era Oficial Ayudante cuando participó de los operativos ilegales de la represión), pero los otros no fueron excarcelados.

DESCARTAN LIBERACIONES

Tanto desde el Tribunal Oral Federal como el fiscal federal general Francisco Maldonado aseguraron que el beneficio a Turón de estar libre hasta el juicio no significa un precedente para liberar a todos los represores que llevan más de tres años sin un juicio.

"Habrá que analizar caso por caso", informó el fiscal Maldonado. Cabe recordar que, por un fallo de la Corte Suprema, los detenidos por lesa humanidad pueden estar presos más de tres años sin juicio.

Turón (abogado, dueño de una agencia de seguridad y vocero de los policías que se sublevaron en diciembre de 2013 reclamando mejora salarial) no es el primer caso en San Juan. Está el antecedente de Méndez Casariego, a quien la Cámara Nacional de Casación Penal le otorgó la excarcelación. Pero sí es el primer caso en que un tribunal integrado para San Juan otorgue la excarcelación a un detenido por lesa humanidad por llevar más de tres años preso sin juicio. 

¿BUENA SUERTE?

¿Por qué atribuyen a la buena suerte que Turón haya sido excarcelado el miércoles último?

Es por cómo se le dieron las cosas. El Tribunal Oral Federal que le otorgó el beneficio de la libertad hasta el juicio está integrado por jueces que no venían investigando o juzgando casos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.

Ellos son: Juan Carlos Turcumán. Es sanjuanino, jubiliado y convocado a seguir trabajando; Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios, ambos mendocinos y designados en septiembre último en la Cámara Federal de Mendoza. Antes fueron abogados defensores y tenían la posición doctrinaria de que toda persona (por más que fueran delitos de lesa humanidad) no puede pasar más de tres años detenida sin juicio.

Ese tribunal fue designado por la Cámara Nacional de Casación Penal, después de que la defensa de Turón (ejercida por la Defensa Pública de la Nación) llegara hasta esa instancia con el pedido de excarcelación.

Como ese pedido llegó a mediados de enero, cuando los jueces que venían entendiendo en lesa humanidad estaban de feria, la Cámara Nacional de Apelaciones integró el tribunal con Turcumán, Pérez Curci y Castiñeira de Dios.

¿ESTRATEGIA DEFENSIVA?

En ese punto del camino de la excarcelación de Turón es cuando muchos creen en la Justicia Federal que todo responde a una fina estrategia defensiva: creen que hicieron llegar el recurso a la Cámara Nacional de Apelaciones sabiendo que estaban los jueces que venían siendo abogados defensores y que no estaban los jueces que venían entendiendo en lesa humanidad.

Hubo otro paso previo de la defensa de Turón antes de pedir la excarcelación: recusaron a dos de los tres jueces del tribunal. Se trata de las juezas Gretel Diamante (San Luis) y Fátima Ruiz López (Buenos Aires). Así lograron que, para resolver el pedido de excarcelación, debía integrarse un tribunal distinto.

Hasta ahora los jueces que integraban el Tribunal Oral Federal de San Juan en casos de lesa humanidad venían negando la excarcelación a los detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.

Al mismo Turón le habían negado la excarcelación, a pesar de que el fiscal federal Maldonado había coincidido con la defensa y estaba de acuerdo en el "cese de la prisión preventiva", tal como opinó el año pasado, cuando la defensa del excomisario pidió la excarcelación en los días previos a cumplirse los tres años preso sin juicio. El fiscal Maldonado dice que "es un caso en donde ni siquiera hay fecha de juicio y se le fijó una fianza de 100.000 pesos".

Ahora, con la decisión del miércoles último, la Justicia Federal de San Juan resolvió en forma distinta a como lo venía haciendo en casos de represores por delitos de lesa humanidad. ¿Será un precedente?