San Juan y el costo de ser parte de Argentina

El problema es que ese esfuerzo pone a resguardo a la masa salarial estatal, que es bien generosa en la provincia. Pero deja a la intemperie a la mayor parte del tejido comercial-industrial, el complejo privado sanjuanino que recibe una parte de ese esfuerzo público (en acciones de estímulo o en el mismo coletazo de la tonificación de los sueldos públicos y por ende del consumo local), pero debe seguir debatiéndose en la diaria contra el tsunami de la economía real digitada por la macro de autoría Dujovne-Sica-Sandleris: recesión, inflación y tasas astronómicas, los tres primeros peldaños de esa escalera al infierno. Ahora puesto en un laberinto mayor con un bono (¿no obligatorio y no retributivo?) de $5.000 por trabajador acordado con la CGT que casi nadie en San Juan podrá pagar.

Alcanzan los números comparados para advertir las diferencias de recomposición entre un estatal de San Juan y otro de la Nación o de otra provincia. A octubre, San Juan activó por cuarta vez la cláusula gatillo que se comprometió a usar para no forzar una pérdida del poder adquisitivo cuantiosa.

Ya en julio, en sintonía con los acuerdos con el FMI, la inflación nacional había desbordado el margen inicial del 17% acordado por San Juan con sus trabajadores. Por lo tanto, ese mismo mes debió utilizar la cláusula gatillo acordada en marzo, en dos puntos adicionales. De allí hasta octubre, el incremento viene superando el 30% y posiblemente llegará a los 40.

Estacionará al lado de los gremios privados más potentes y combativos a nivel nacional, que obtuvieron reapertura de paritarias hasta llegar al 40%: camioneros y bancarios, asociados a su carácter de sectores estratégicos y favorecidos respectivamente de la economía. El resto, ni cerca, al igual que la mayoría del resto de los estatales. En Buenos Aires, por caso, la gobernadora Vidal ya por su cuarto ofrecimiento de incremento escalonado a los docentes por un 17% anual, a 25 puntos mínimos de la inflación anual. Lo mismo en la administración nacional, que tiene márgenes de incrementos variados por actividad pero en general no superó nunca el 20%.

Sirve el contrapunto para valorar la perspectiva. Lo dicho: en San Juan, el sueldo estatal no sólo favorece al que lo recibe sino también lubrica toda la cadena económica provincial. Lo visto también: al sector comercial, el más comprometido por la recesión, eso le sirve pero no le es suficiente.

Con un dato adicional para subrayar: ese activismo público provincial se produce con recursos locales, de manera simultánea al achicamiento de todas las partidas nacionales a la provincia bajo todo concepto. En el último tratamiento del presupuesto, y en negociaciones que marcharon por separado, se puedo advertir cómo la Nación se retiró unilateralmente de sus obligaciones presupuestarias en San Juan, y la provincia debió salir al salvataje. Ejemplos abundan: el FONID (Fondo de Incentivo Docente), los subsidios al transporte público o la supresión del fondo de la soja, luego en parte remendado por un incremento en la distribución de Bienes Personales que no compensa la pérdida ni cerca.

El otro diferencial notorio que salta a la vista es la obra pública. Nuevamente, San Juan parece una isla respecto del derrumbe de actividad a nivel nacional, y nuevamente la causa son las decisiones políticas: de un lado, de la Nación, sacrificando la actividad en el altar del ajuste y el déficit cero, y del otro, San Juan inyectando fondos para que no decaiga aunque se trate de emprendimientos de otra jurisdicción.

Se conoce de memoria que la construcción, tanto obra pública como privada, es uno de los grandes motores de la economía por su efecto multiplicador sobre las obras actividades. Los últimos datos disponibles, de mitad de año, indicaron que durante este ejercicio el presupuesto no ejecutado en obras para las provincias alcanzaba el 40%, que para el caso de San Juan subía al 50%.

Es decir que la mitad del presupuesto asignado por ley el año pasado para este ejercicio no fue enviado, tratándose San Juan de una de las más perjudicadas. Pero la provincia siguió tapando esos baches con recursos propios, con la ilusión de no detener la marcha (lo que efectivamente consiguió) y de recuperar esos recursos (lo que consiguió parcialmente, luego del acuerdo en viviendas y efectivo al que se acaba de comprometer la Nación, de cumplimiento efectivo pendiente).

Esas decisiones son las que fueron configurando el diferencial entre San Juan y los niveles nacionales, tanto económicos como sociales, en los que siempre aparece una cabeza de ventaja para la provincia. Diferencia que se traduce en menor destrucción de empleo, mayor nivel de contención, más activismo del Estado en el circuito económico: por caso, el sector productivo recibe desde subsidios al flete hasta misiones comerciales, que desde la óptica del dogma económico nacional resultan imposibles de imaginar.

Entre esos indicadores que muestran mejorías –aunque no estados óptimos- figura a la cabeza el desempleo. La última medición conocida en setiembre indicó que en todo el país el flagelo está cerca de alcanzar los dos dígitos: clavó 9,6%, casi un punto más que la anterior medición. Ese mismo indicador señaló para San Juan 4,6%, es decir menos de la mitad.
No es un indicador para alardear: quiere decir que sigue existiendo una franja de gente sin trabajo en San Juan. Sí, para darle un aval del camino de contener, apoyar y acompañar al sector privado, que es una parte de ese diferencial favorable en tiempos complicados.

Más aún si ese indicador surge en tiempos en el que recrudecen los cierres y las empresas con problemas en todo el país, San Juan incluido. Setiembre marcó un derrumbe interanual de la actividad industrial mayor al 11% (récord desde el 2002) a causa de motivos más que reconocidos: el costo argentino creciente de impuestos y energía, el mercado interno deprimido por el ajuste al consumo, tasa de interés por arriba del 70%, tipo de cambio bajo para exportar (ahora medianamente corregido), apertura indiscriminada de importaciones.

Ese combo impactó notablemente en San Juan, por pertenencia nacional. Lo hizo con el inexplicable cierre de la autopartista Delphi, que daba trabajo directo a más de 300 personas y el gobierno nacional le permitió vender, irse a Brasil por mejores condiciones y desde allí mantener a sus clientes argentinos vía importación. Insólito, a Trump le hubiera dado un ataque cardíaco.

Lo hace ahora con la EMA, otra planta industrial gigante de 250 puestos de trabajo directos que va derecho a la quiebra por obra y gracia de la insensibilidad nacional en materia de energía eléctrica (su principal insumo), más allá del daño autoinfligido de la propia conducción empresaria que intentó manejar la compañía con un joystick desde Buenos Aires.

Y que tiene a la gran mayoría de las industrias locales comprometidas por esa tempestad de la macro digitada por Dujovne-Sica. En el último dato de la caída industrial de setiembre, sobresale el derrumbe de las textiles con un 25% menos que en setiembre del 2017 y las autopartistas con un 20%. Por supuesto que en San Juan golpea a las textiles alojadas en la provincia desde los tiempos de la promoción industrial, que a las penurias generales debe agregar el encarecimiento del flete por incidencia del combustible, que ahora registra la particularidad de subir con el dólar en baja. Y también a las autopartistas: se conocen las dificultades de Taranto, que transita problemas por ahora de baja intensidad.

Con todo ese viento en contra, San Juan ha conseguido asomar la cabeza del microclima de bajón que se respira en los espacios económicos y de poder que atienden en Buenos Aires en nombre de todo el país. Parece otro país, pero es Argentina.