Fue una lamentable explicación técnica para justificar el tarifazo brutal aplicado desde enero (eléctricas) y abril (gas) respectivamente.
Tomas: “Aranguren no dio respuesta alguna de como salimos de éste gran embrollo”
Después de horas de preguntas concretas para que explique, cual es el cuadro tarifario, en que se basó para el aumento de las tarifas a ciudadanos e instituciones, comercios e industrias o, cual es la base de la tarifa social. El Ministro Aranguren, justificó los aumentos técnicamente y no dio respuesta alguna de como salimos de éste gran embrollo. Cómo se va a resolver el futuro de las tarifas cuando la gente no las puede pagar.
Muy por el contrario, se ratificaron los aumentos del 400 % y 500 % y que no se va a volver atrás. Políticas de un gobierno que le sigue trasladando su problema fiscal, al bolsillo de la gente. Creando así, una situación social cada vez más difícil, si además le sumamos devaluación, inflación baja del consumo, y el riesgo de quedarse sin trabajo.
Además, como si esto fuera poco nos extorsionan con parar la obra pública. Cuando en ocho meses de gestión se ha ejecutado apenas el 40 % de lo presupuestado.
Tampoco se dio explicación alguna respecto al costo del GNC, que ha aumentado la base imponible al doble, y se duplican los impuestos, que se trasladan directamente al usuario. Estaciones de GNC, talleres, taxis, viajantes, etc.
Recordemos que este tarifazo, que nadie puede pagar, está siendo cuestionado fuertemente no sólo por el parlamento sino también por la Justicia, que deberá resolver ésta semana. Cuando debió hacerlo, ordenadamente el gobierno.
Sin energía no hay desarrollo de un país, sin embargo se paga cuatro veces el precio internacional en dólares en boca de pozo de gas. Y las petroleras reciben 67 dólares por el barril, cuando el precio internacional es de 42 dólares.
Lo cierto es que el Gobierno está empecinado en mantener el tarifazo y no piensa en los efectos que impactan conjuntamente en todos los sectores. Lo que proponemos hacer, es volver al punto cero, (enero y abril respectivamente), y realizar audiencias públicas, que son una obligación constitucional, para escuchar a los usuarios de esos servicios. Desde ahí estructurar un nuevo cuadro tarifario gradual, con tarifas que puedan ser pagadas por los usuarios. Ya sean familias, clubes, uniones vecinales, principalmente las universidades y los sectores sociales más vulnerables.
Estos servicios van con el derecho a una vivienda digna. Es vivienda digna cuando tiene los servicios de luz, agua y gas. Estos derechos los debe garantizar un Estado presente, no el equilibrio entre costo y beneficio del libre juego del mercado.-