Asistirán a víctimas de violencia institucional

La iniciativa, que forma parte de "La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional", fue firmada ayer por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y la defensora general, Stella Maris Martínez.

Del acto también participaron familiares de víctimas de violencia institucional como Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, joven asesinada por policías bonaerenses en 2002; Raquel Witis, madre de Mariano, asesinado por la Bonaerense en una toma de rehenes en 2001 y Rosa Bru, madre de Miguel Bru, torturado y desaparecido por la Bonaerense en 1993, entre otros, según publicó Tiempo Argentino.

A ellos se dirigió Fresneda durante la conferencia de prensa: "Ustedes están dejando un legado de lucha y de exigencia para ir mejorando cada vez más y tener un país con más justica. Pero no se puede hablar de justica si no se habla de memoria. Este convenio va a hacer honor a que la memoria haga un aporte, a que no prescriban las causas, con la posibilidad de que exista un patrocinio activo en el proceso judicial para velar por los derechos de las víctimas y que, a la vez, enfrente las estrategias de aquellos que quieren impunidad", expresó el secretario.

Para Martínez, este convenio funcionará "como un puente para que las personas que lleguen buscando asistencia a la Secretaría de Derechos Humanos puedan ser acompañadas por los técnicos de la Defensoría General", afirmó y aseguró que consideran el acceso a la justicia "como un derecho humano fundamental y cuando no se cumple, se viola el derecho a que el Estado nos cuide".

La defensora consideró que después de la dictadura militar "esto no debería haber vuelto a pasar y, sin embargo, siguió pasando. Ahora le estamos poniendo un límite firme y se está avanzando seriamente", y agregó: "Creemos firmemente que no puede ser que se le dé más importancia al hurto de un monedero que a las torturas o los apremios ilegales. Es más valiosa la vida que la propiedad."

Martínez sostuvo que ahora falta que intervenga el Poder Legislativo "para que, como con la trata, la tortura y los apremios pasen a ser considerados delitos federales".