La justicia imposible, fuera de la óptica linchadora

Dos presuntos violadores, ambos de menores de edad y en un caso de sus propios hijos, podrán ser beneficiarios estos próximos días de la pereza judicial y aprovecharse de ella para quedar libres. Uno se llama Adrián (sus datos completos no se difunden para evitar identificar a sus tres hijos) y fue detenido al llegar desde la mina en colectivo, pero parece que no había orden de un juez y ahora la Corte estudia su caso para decidir si corresponde anular la investigación. El otro se llama Sebastián Laciar y está acusado de violar a una niña de 13 años, pero a pesar de las evidencias que llevaron al juez a procesarlo, pasó dos años preso sin que su caso sea elevado a juicio y ahora quedó en libertad esperando el proceso oral.
No son los únicos, hay más. Pero como se trata de presuntos violadores de menores y son éstos los casos más horrendos que uno pudiera imaginar sin llegar al extremo de un homicidio, vale preguntarse si con éstos casos nadie se puso colorado en Tribunales, qué podrá ser de la suerte de autores y víctimas de delitos más frecuentes y menos violentos.
Pero la fiebre linchadora nacional no se desató por ninguno de estos casos horrorosos, paradigmáticos y que deberían calar hondo en el inconsciente colectivo. Lo hizo ante la repetición sistemática –y evidentemente impune- de delitos menores como motochorros asolando los sectores más urbanos del país. Intenta, por lo tanto, propinar un tirón de orejas al accionar policial que depende de los gobiernos de turnos, antes que reflexionar sobre la pesada responsabilidad de las estructuras judiciales –que no responden a ningún gobierno- en la tierra liberada que suelen ser algunas calles. Esa dirección deberá ser advertida, antes que nada: son razones más estructurales las que ocasionan la sensación de injusticia, el padre de la inseguridad. Y por lo tanto, deberá tener un poco más reparo el público asistente con suscribir el simplismo de una solución mediante un simple cambio de gobierno.
En otras palabras, es eso lo que insinuó el juez Maximiliano Blejman el viernes pasado en Paren las Rotativas (Canal 5 Telesol, los viernes a las 23). Sangre nueva en un fuero penal sanjuanino que recién ahora comienza a recambiar generaciones luego de décadas en que no se fue ningún juez a la espera de mejores condiciones económicas, Blejman se permitió ir a contramano de lo que presume todo ciudadano de a pie: que cada vez hay más delitos y que los acusados entran por una puerta y salen por la otra, la ya célebre puerta giratoria que alguna dirigencia política ha convertido en slogan.
Sin confrontar con esa postura, Blejman sostuvo firme que no hay más delitos en San Juan, y que lo que sí hay es más detenidos como producto de una mayor acción policial. Exactamente al revés de alguna presunción generalizada que ocupa los comentarios entre amigos o vecinos: cómo está la calle. Y no está sólo Blejman en su sentencia: por lo bajo, cualquiera de sus colegas puede afirmar lo mismo sin despeinarse. Al fin y al cabo, a Blejman y sus colegas no les está vedado ponerse enfrente de una presunción generalizada porque no debe ir a elecciones, pero sirve para reflexionar sobre las razones por las cuales la gente percibe otra cosa.
Será el espejo nacional y su efecto ametralladora sobre la provincia, decargado por medio de cadenas “nacionales” transmitiendo 24 horas en vivo y que hacen un mundo de un arrebato en Palermo, con Gerardo Romano de involuntario protagonista. En esa dimensión, no hay quien se anime a ponerse en el rol de Blejman y señalar que no es una catástrofe el crecimiento de los delitos, aunque no se compadezca tampoco esa sensación nacional con los datos duros.
No se verifica crecimiento significativo en cantidad de homicidios a nivel nacional, un dato que no es voluntad de nadie denunciar, como si lo es un robo, un hurto o un asalto en que la gente puede no ir a la policía por fastidio y por lo tanto no salta en el conteo estadístico. Argentina marcha afortunadamente retrasada en el muestreo de muertes dolosas cada 100.000 habitantes, muy detrás de Brasil, México y ni qué hablar Venezuela o Colombia, donde no se advierten sin embargo movimientos linchadores transmitidos en directo. La cantidad de detenidos en las cárceles nacionales, como lo retrató el nada oficialista diario Perfil hace dos semanas, saltó de 50.000 a 62.000 reclusos, lejos de lo que sería una puerta giratoria en la que se entra y se sale con la misma naturalidad.
En San Juan, hay unos 1.100 internos en el Penal de Chimbas –la cifra varía entre los 1.000 y los 1.200, según el momento-, pero lo más grave de eso es que el penal está desbordado porque tiene capacidad para unos 800, y que de los 1.100 que hay frecuentemente, entre 650 y 700 no tienen condena en firme. Eso quiere decir que no se sabe si son culpables e inocentes -muchos de ellos no han sido siquiera indagados- y por lo tanto deben tener un trato diferente a los que ya fueron encontrados culpables, es decir la minoría.
Y eso que los detenidos son hoy la única ocupación de los juzgados penales. Esa dolorosa admisión es la que tuvo que hacer el juez Blejman en Paren, y la que haría cualquiera de sus colegas penales en la actualidad: no es que no les preocupen, sino que no tienen tiempo material de ocuparse de las otras causas. Por turno (por mes), ingresan a cada juzgado unas 1.500 causas nuevas, que cada juez penal debe instruir junto al resto de las que lleva de los turnos anteriores con una mínima dotación de personal por juzgado (un secretario, un prosecretario y dos o tres empleados).
Es en consecuencia materialmente imposible que un juez penal cumpla de manera expeditiva con todas las causas y por lo tanto, como dolorosamente lo describió Blejman la semana pasada, se resigne a tramitar solamente las que tienen detenidos. Es decir que si a usted le robaron –por ejemplo- y no hay pistas de los responsables, debería olvidarse de que avance alguna investigación judicial.
Lo mismo ocurre en las tres salas de la Cámara Penal. No elevan a juicio ninguna que no tenga detenidos, como lo señala una completa investigación de la semana pasada de Gustavo Martínez en Tiempo de San Juan, por falta de tiempo material. Y entonces ocurren cosas como la del ex diputado que está acusado de violar a la hija de su pareja y la causa es elevada a juicio ¡¡¡¡siete!!!! años después, cuando la supuesta víctima y el supuesto victimario ya recompusieron la relación.
Esa profunda relación entre la burocracia judicial y la inseguridad –o la injusticia- ni siquiera califica entre las principales motivadoras del hartazgo ciudadano que encendió motores en los últimos días con los linchamientos, a los que la gente llama “justicia por mano propio” y debería redefinir como “venganza por mano propia”. Prefiere la gente estallar contra la policía, las gestiones ejecutivas, o una ley penal supuestamente blanda. No está mal, sólo que en el entramado judicial anidan muchas de las respuestas que la gente anda buscando.
Si no, ocurrirá que las gestiones políticas buscarán aspirinas para este mal. Como Daniel Scioli, que sacó a la cancha un plan con varios puntos de contacto con lo que se hizo en San Juan: más patrulleros manejados por los municipios, y un proyecto para impedir que circulen juntas dos personas en una misma moto para evitar a los motochorros. Lo mismo que había anunciado el ministro Adrián Cuevas y que directamente fue mandado al archivo antes de ser instrumentado por su imposibilidad operativa de ponerlo en marcha, en una provincia 80 veces más chica que Buenos Aires.