La fractura entre los jueces sanjuaninos

Dos de los jueces caídos en desgracia por el escándalo de los fallos con precios inflados por las expropiaciones son socios reconocidos de la entidad. Rosalba Marún de Sobelvio fue su presidenta varios años y acaba de pasar varios días detenida después de renunciar como magistrada. Carlos Macchi también es socio y aparece en estos días zambullido en un jury resonante. Y un tercero, el actual presidente del Colegio, Roberto Pagés Lloveras, es el otro juez con sus fallos objetados en la investigación penal. Con este panorama, era de esperar que estallara una crisis de dimensiones en la asociación que nuclea a los magistrados de la provincia con derivaciones insospechadas tiempo atrás y un futuro incierto.
Lo que aparece ahora bajo la lupa es rol de la institución, más allá del de las personas. Porque en medio del tsunami que fue la denuncia y la investigación penal que incluyó a estos magistrados, muchos asociados dejaron correr la voz de cierta inconformidad con los pasos de la conducción. Más vinculados, sostuvieron, a la defensa corporativa personal de los individuos afectados, que a lo que debería hacer la institución: garantizar la limpieza de la investigación, y no entorpecerla.
En ese contexto, aterrizaron en el despacho de la presidencia dos renuncias sorpresivas, que se sumaron a otras que ya se habían producido. Y disparó la interpretación sobre lo que está ocurriendo, porque las dimisiones tienen fundamentos curiosos y dejan mucho hilo para cortar. Nadie descarta que los rebeldes del Colegio estén tejiendo silenciosamente un vacío para forzar a su presidente, Roberto Pagés Lloveras, a alejarse de su cargo aún antes de que termine su mandato a fin de año.
¿Y qué dice Lloveras? Desde Buenos Aires, donde esta semana mantuvo encuentros con el presidente de la Corte Lorenzetti, aseguró que a fin de año tiene pensado retirarse de la conducción del Colegio de Magistrados, donde fue su presidente a lo largo de dos períodos. Que no se presentará a la reelección y que se dedicará a su carrera académica, además de su cargo en la Cámara Civil. Pero no descartó de plano que lo que esté ocurriendo en la Comisión Directiva del Colegio sea una especie de acefalía forzada que le impida al órgano sesionar con quórum y obligue al presidente a convocar a elecciones adelantadas. En ese caso,  a Pagés Lloveras se le borra su calma habitual: “si es así y hay que llamar a elecciones antes de tiempo, entonces capaz que me presento. A ver si hay otro que quiera ser presidente, no como la otra vez (por la elección anterior) en la que hubo lista única”.
Los últimos renunciantes fueron el juez Fernando Vargas, de Pocito, quien era protesorero de la entidad, y la jueza María Esthela Tonelli, que estaba en la comisión revisora de cuentas. En la conducción del Colegio dicen que Tonelli envió tres escritos de renuncia que fueron contradictorios porque en un caso hablaba de una enfermedad y en otro de falta de tiempo. Y que Vargas fue terminante, pero poco explícito: argumentó su alejamiento en que “no había cumplido los objetivos”. Al tratarse de explicaciones poco contundentes, Pagés dijo que fueron convocados para que entreguen alguna argumentación de manera verbal. No está claro que los renunciantes estén dispuestos a ir. “La verdad es que estoy sorprendido por las renuncias, así que quisiera escucharlos”, dijo el presidente.
Esas renuncias se sumaron a las que se habían producido poco tiempo atrás de Alicia Esquivel Puiggros y María del Rosario Casanovas de Dávila. “Me llama la atención que sean del Ministerio Público”, explicó Pagés Lloveras sobre estos alejamientos y deslizando cierta desconfianza hacia el comportamiento de los integrantes provenientes de las fiscalías.
También merece una apreciación el rol de la jueza correccional María Mónica Lucero, quien es vocal titular y estuvo relacionada con la conducción anterior, a cargo del camarista Juan Carlos Peluc Noguera, quien también es vocal titular. Lo que ocurre con Lucero es no va a las reuniones de la Comisión Directiva desde hace tiempo, y que si se aplicara la letra fría del estatuto debería ser desplazada de su cargo porque es su obligación estar presente.
En el despacho de la jueza aseguran que su conducta no es casual, y que esconde un fuerte descontento con la asociación, que por ahora no quiere hacer público para no resentir aún más las estructuras de la organización. Pero no le molestaría ser removida por sus inasistencias, claro que no es una cosa sencilla.
Porque detrás de esa movida acecha el fantasma de la acefalía, una especie de vacío de poder que obligue a irse a toda la conducción. Eso ocurriría si la Comisión Directiva se queda sin quórum para sesionar, y en ese caso deben llamar a elecciones adelantadas, o en caso contrario hasta se podría producir una intervención de Personas Jurídicas. La conducción son 9 miembros: presidente, vice, tesorero, protesorero, secretario, prosecretario, y los tres vocales titulares. Para poder sesionar hacen falta 5 integrantes, de los cuales renunciaron dos: Torres de Toranzo, por una enfermedad, y Vargas. Si revocan el cargo de Mónica Lucero, ya serían tres. Aunque pueden llamar a los suplentes, la integración de la comisión se puede complicar, a manos de los que en silencio comienzan a marcar distancias de Pagés Lloveras. Y que cuando se plantea la posibilidad de que el presidente de la entidad abandone el cargo a fin de año, responden: “si llega”.
Las movidas internas que explotaron recién ahora, tienen una historia previa. Comenzaron a hacerse sentir, aunque tímidamente, de manera simultánea con el estallido del escándalo de las expropiaciones en el que varios asociados quedaron pegados a la investigación penal.
Lo que decían los jueces es que esos eran problemas de cada uno, y que no había espacio para una defensa corporativa con argumento del tipo que se ensayó inicialmente, como quienes hablaron de una embestida contra el Poder Judicial, o contra “los” jueces. Entendían aquella vez –y entienden ahora-, que están ante una investigación criminal que apunta puntualmente sobre un grupo de jueces y que no hay ninguna razón para involucrar al Colegio en el asunto para que quede pegado a la defensa de ningún caso puntual porque la entidad está para otra cosa.
Pero ocurrió al revés. Porque en la cena de fin del año pasado, varios comensales se enojaron cuando apareció Rosalba Marún en su “despedida” en una pantalla gigante hablando de una presión del gobierno contra la justicia, sin que nadie hiciera nada para evitarlo. Marún está siendo investigada como posible integrante de una asociación ilícita dedicada a hacer pagar al Estado cifras millonarias.
En medio de este berenjenal, la conducción liderada por Pagés Lloveras también intentó hacer intervenir a la Federación Argentina de Magistrados, en una publicitada visita de su presidente que nunca se concretó por el estado de movilización de algunos de los miembros del Colegio que rechazaron el hecho de hacer lobbys para beneficios personales y no para el colectivo de jueces. Llamaron a una reunión que no se pudo hacer por falta de quórum, y así fracasó la visita con la que, sospechan algunos asociados al Colegio, buscaban hacer revuelo mediático. Al final, el presidente de a FAM llegó el mes pasado, pero sobre el escándalo no abrió la boca.
Tampoco ayudó a aflojar las tensiones el debate de Pagés Lloveras con el fiscal Guillermo De Sanctis en Radio Light, en el que el magistrado mantuvo un duro cruce con el funcionario.
Se sabe: a los jueces no les cae nada agradable el frío del desierto, cuando la manta del poder les deja los pies afuera. Muchos piensan que es exactamente eso lo que les está ocurriendo ahora, en medio de una asociación que ha perdido peso político y social, a manos del descrédito de algunos de sus integrantes. Habrá nuevos capítulos.