El fiscal no dejó títere con cabeza en un pedido sin precedentes

Lo había anticipado Tiempo de San Juan después de que Carlos Rodríguez asumiera la causa que habían dejado Daniel Guillén y Fabricio Médici: iba a ir por todo. Y en su primer pronunciamiento por el escándalo más grande que se recuerde de los tribunales sanjuaninos, el fiscal disparó el viernes contra la conducta de la jueza Marún y la dejó con un pie en el jury, un caso sin antecedentes en el Palacio de Tribunales. Pero tampoco tuvo contemplaciones con la conducta del fiscal de Estado, Mario Díaz, ni del tribunal encargado de tasar las propiedades que compra el estado provincial: todos a indagatoria, junto a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday y a la perito Ana María Melvin, la representante de los intereses de la provincia en las tasaciones.
El camino que recorrerá ahora la jueza tiene varios incidentes. Primero, la jueza María Inés Rosellot, que lleva adelante la causa por el escándalo, debe aceptar el pedido de indagatoria del fiscal. Si lo hace, se encontrará con que la jueza tiene fueros y no la puede indagar. Entonces, corresponde que elabore un sumario con todos los antecedentes y las sospechas contra la magistrada en cuestión, y lo eleve a la Corte de Justicia.
El máximo tribunal será el que eleve ese sumario con el pedido de desafuero y la consecuente destitución al jurado de enjuiciamiento. Ese jurado está integrado por un cortista (Juan Carlos Caballero Vidal), dos diputados (Pablo García Nieto y Marcela Monti) y dos abogados (Gerardo Fernández Collado y Carlos Saffe). Allí se resolverá si se sustancia el jury contra la jueza o no y para eso hace falta la acusación, que corresponde al fiscal General Eduardo Quattropani.
Pero Quatroppani ya se inhibió de entender en un proceso contra Marún, en la nota que presentó la jueza a la Corte para que la investigue (ver página 4), invocando amistad con la magistrada. Por lo tanto, se deduce que también lo hará si le corresponde acusarla ante el jury, por lo que su reemplazante será un fiscal de cámara. Una vez acusada, a la jueza se la puede suspender o no, y recién allí podrá ser indagada. La resolución final, en 30 días, será de los 5 miembros del jury, por mayoría.
En el medio, la jueza puede renunciar si la investigación en su contra avanza. O solicitar la jubilación, ya que dispone de la edad para poder hacerlo, aunque no hizo el pedido como ya sí lo hicieron varios colegas suyos.
El ex fiscal Mario Díaz fue designado luego de renunciar el año pasado como secretario de un juzgado de Paz. Pero eso no resulta ningún obstáculo para que pueda ser indagado. Había muchas suspicacias sobre lo que haría el fiscal, pero al final lo terminó llamando por considerar que no podía estar ajeno a una movida tan grande dentro de la fiscalía, donde estaba a cargo el fallecido Norberto Baistrocchi. También fue sorprendente la indagatoria solicitada a todo el Tribunal de Tasaciones, y a la perito de Fiscalía Ana María Mervin, y eso que la requisitoria fiscal se limita a la ampliación de denuncia y al caso Carabajal: el Tribunal tiene actuaciones más dudosas que esa en otras causas del dique Cuesta del Viento, y en el caso del Parque de Mayo, donde directamente fue sacado de la cancha literalmente en una jugada escandalosa.
Y había cierta incertidumbre sobre el alcance del pedido en el terreno de los abogados involucrados. Graffigna era una fija porque se trata del abogado consignado en la denuncia como a quien la jueza Marún supuestamente favorecía con sus decisiones, una óptica que el fiscal pareció admitir con su acusación. Pero no estaba claro si el pedido del fiscal afectaría también a Horacio Alday, el adogado que fue socio de Graffigna en varios casos de Cuesta del Viento y que incluso tuvo pedido de captura por una causa lateral del mega escándalo.
A Alday le encontraron el expediente original extraviado en el juzgado de Marún, en un allanamiento que hicieron en su oficina justamente cuando tenía pedido de captura. Por eso fue requerido por el delito de sustracción o inutilización de elementos de prueba.
Igualmente, hay que aclarar que el pedido del fiscal se limita a sólo un episodio del megaescándalo de las expropiaciones, el terreno caratulado Carabajal. Hay muchos otros y esas investigaciones podrían ir sumando acusaciones.

¿Quedará algún detenido?

Está previsto que si la jueza accede al pedido del fiscal, las indagatorias comiencen a mediados del mes de setiembre. El orden no está establecido: dependerá del criterio de la magistrada que interviene y de la suerte de la jueza bajo sospecha.
La pregunta del millón es si alguno quedará preso tras prestar declaración. Hasta el momento, todos los delitos que imputa el fiscal son excarcelables, tanto el delito de fraude como el de incumplimiento de los deberes de funcionarios público y sustracción de prueba.
Pero en la misma indagatoria, si la jueza encuentra elementos puede introducir en la indagatoria a otro delito. Por ejemplo asociación ilícita, una figura más compleja, pero que no es excarcelable para quienes sean considerados organizadores de esa supuesta asociación. Es lo que temen los defensores de los abogados involucrados.