Suraty, otro escándalo: se sacaron de encima a las dueñas y a la jueza

Por Sebastián Saharrea
Como en “Ruiz, Guillermo” –la famosa vereda de los $25 millones-, la mujeres de la sociedad de beneficencia eran las dueñas de los derechos de esa expropiación impaga y terminaron cediendo a desconocidos –indicadas por el abogado Santiago Graffigna- sin ser advertidas que al reclamo lo podía hacer ellas, y en consecuencia cobrar ellas. Pero este caso tiene un agravante: cedieron a un tal Suraty y a una tal Mónica Almeida la totalidad del juicio cuando ya tenía sentencia de cobro y se quedaron afuera de la plata grande. Y una sospecha más: un cambio de jueza que permitió el pago de estos montos, que en otro juzgado no podían percibir.
El lugar en cuestión es un terreno en Rawson, donde se construyó luego el barrio Monseñor Orzali. Por ese espacio se inició en 1988 el juicio de expropiación IPV c/ Conferencia de Señoras San Vicente de Paul de la Merced. La primera sentencia fue en abril de 1991, pero no quedó firme hasta 1994, luego de infinitas idas y vueltas. El juzgado que lo tramitó fue el Tercero Civil, a cargo primero del juez Gilberto Riveros y luego de Miriam Bettio. El abogado de las mujeres de la sociedad era Gustavo Mulet.
Desde ese momento hasta el año 2002 se sucedieron largos debates entre los abogados de la sociedad demandada –Mulet- y los del Estado –Fernando Heras, por Fiscalía- que no se ponían de acuerdo en el valor del inmueble, en medio de dilaciones y embargos. Pedido va, respuesta viene, con pilas de expedientes acumulados, siguieron así hasta noviembre del año 2002, cuando finalmente la jueza Bettio resolvió liquidar el juicio con el siguiente cálculo: $1.013.849 como precio total, consecuencia de computar el valor del lote libre de mejoras, las mejoras y los intereses desde el año 88.
Igual los fondos no salieron y siguieron los chispazos, hasta que se produjo un hecho que dio una vuelta de campana en el caso: apareció un tal Suraty y una tal Mónica Almeida comprando los derechos del juicio a la sociedad de mujeres de beneficencia, que como habría dicho Carmen Arévalo de Del Bono esta semana en Tribunales no sabían que el juicio ya tenía sentencia firme y estaba para ser cobrado en una suma infinitamente mayor a la que recibieron por la cesión.
El 28 de diciembre de 2005 –curiosamente, el día del inocente- Carmen Arévalo de Del Bono cedió en representación de la Sociedad San Vicente de Paul a Mónica Almeida el 35% de los derechos expropiatorios del juicio por el terreno expropiado por el IPV de poco más de una hectárea (11.600 metros cuadrados), que ya tenía sentencia por más de $ 1 millón. Le pagó por la cesión $5.000, aunque pudo haber sido más, según habría dicho Del Bono en Tribunales.
Y casi un año más tarde, el 26 de diciembre de 2006, Mónica Almeida cedió ese 35% del total de los derechos del juicio con sentencia de cobro a favor de María Celina Infante, también en $ 5.000. María Celina Infante sería hermana de Carlos Infante, socio de Gustavo Mulet, el abogado de la sociedad que no había podido cobrar la liquidación de un juicio que poco tiempo después se comenzaría a abonar, cambio de jueza de por medio.
Por otro lado, el mismo día del inocente del año 2005 la señora Del Bono –en representación de la Sociedad San Vicente de Paul- cedió el restante 65% de los derechos expropiatorios del terreno que ya tenía sentencia firme. Se lo dio a Miguel Alberto Suraty, un completo desconocido para ella, domiciliado en Santa Lucía. Del Bono habría dicho en Tribunales esta semana que lo hizo así por indicación de su asesor Santiago Graffigna y que en realidad los $10.000 que constan en el documento como pago por la sesión fueron alrededor de $60.000. Igual, el juicio ya tenía sentencia de pago por $1 millón.
Allí entró en juego Santiago Graffigna, como apoderado del señor Suraty. En noviembre de 2007 se presentó y pidió una readecuación de precios de acuerdo a un criterio diferente, un planteo al que se adhirió Infante como propietaria del restante 35% del juicio. El pedido fue a la jueza, que ya no era Miriam Bettio sino la magistrada del Primero Civil, Rosalba Marún de Sobelvio. La misma jueza del caso Carbajal –de Cuesta del Viento y patrocinada por Graffigna-, que estaría bajo sospecha por haber unificado tres expropiaciones perdidas en tres juzgados diferentes y sacado una sentencia favorable a los reclamos del abogado.
¿Qué pasó con Bettio? El 8 de marzo de 2007, apenas tres meses después de haber recibido los derechos por el 35% del juicio que ya tenía sentencia firme, María Celina Infante la recusó sin causa. La causa, que ya había dejado de llamarse IPV c/Conferencia de Señoras San Vicente de Paul de la Merced” para ser rabautizada con el nombre de “Suraty” cayó en el juzgado de Rosalba Marún, y allí también cambió la suerte de los pedidos de cobro de los abogados.
En julio de 2008, Graffigna calculó que el monto del juicio –que había sido cedido por sus dueñas a Suraty y a Infante- era por un total de $ 1.188.433. Y dos meses después, en setiembre de ese año, la jueza Marún de Sobelvio trabó embargo por esa suma al estado provincial. Nunca hasta ese momento, los abogados habían podido embargar las cuentas públicas en años de litigio.
Ya no hubo planteos dilatorios de la defensa del Estado, y entre diciembre de ese año y febrero del año siguiente se fueron completando los pagos ordenados por la jueza por el juicio iniciado en 1988 que las damas de beneficencia nunca pudieron cobrar y del que se desprendieron por el pago de apenas unas migajas.