Expropiaciones: semana clave, con jueces bajo la mira

La conexión que originó una de las causas más escandalosas de la megadenuncia por las expropiaciones pasará esta semana ante la jueza. Se trata del caso “Ruiz, Guillermo”, la vereda de 1.400 metros cuadrados en Matías Zaballa y San José por la que la provincia debió pagar la friolera de $25 millones, y que es uno de los más resonantes del escándalo que se investiga con una presunta red de abogados, funcionarios y jueces dedicados a estafar al Estado con precios inflados de bienes expropiados.
Este caso se inició con una cesión de la Sociedad San Vicente de Paul –dueña de la esquina- al señor “Ruiz, Guillermo” de los derechos por expropiaciones eventuales en el precio de $2.000. Luego, “Ruiz, Guillermo” y su abogado patrocinante, Santiago Graffigna, sacaron la sentencia por esos $25 millones y se investiga si hubo una relación delictiva entre el abogado y todos los resortes públicos que intervinieron.
La presidenta de la Sociedad San Vicente de Paul en ese momento era Carmen Arévalo de Del Bono y ella declara hoy ante la jueza María Inés Rosellot. Le deberá explicar cómo fue su vinculación con Ruiz y con Graffigna, quien en una entrevista con Tiempo de San Juan la semana pasada admitió que él era el dueño de ese juicio y no el abogado de su supuesto dueño, Ruiz, quien figura en la causa. Y el jueves le llegará el turno a Ruiz, quien vive en Tucumán o Santiago del Estero y a quien la jueza quiere tener enfrente para aclarar responsabilidades en este caso escandaloso. Graffigna dijo que Ruiz es su “cliente” y hay muchas sospechas sobre esa relación.
El otro punto clave de esta semana será la ampliación de denuncia que están terminando los abogados querellantes para presentar en Tribunales esta semana. Como anticipó Tiempo de San Juan, esa ampliación apuntará a un caso de Cuesta del Viento –que es el caso Carbajal- en el que un terreno que había sido dividido en tres fracciones y cuya expropiación se tramitó en tres juzgados diferentes, terminaron desapareciendo de todos lados y reconstruidos en un solo juzgado, que ordenó pagos por la totalidad de la superficie. Ese juzgado es el la magistrada Rosalva Marún de Sovelbio, el Primero Civil.
Ahora lo que está por definirse es si esa ampliación de denuncia también incluirá una acusación a los jueces intervinientes en las causas bajo sospecha, la citada Marún de Sovelbio y Carlos Macchi –del Quinto Civil-, y eventualmente también Roberto Pagés. Si la denuncia apunta sus dardos a la conducta de los jueces, se abrirá una nueva instancia en el proceso que es el desafuero de los jueces para poder ser juzgados, por lo que habrá que hacerles un jury.
Sería en ese caso una nueva incidencia en el escándalo que se investiga en Tribunales, con al menos dos jueces bajo investigación, y eso se sabrá esta semana.