Se viene el juicio abreviado del funcionario judicial acusado de tráfico de influencias

Esto ya lo había adelantado TIEMPO DE SAN JUAN. Juan Pablo Ortega junto a su pareja Belén Rodríguez y Claudia Elizondo, ambas funcionarias de la Unidad Conclusiva de Causas, y la abogada Sandra Cozzi son investigados por el supuesto armado de causas. Los fiscales Adrián Riveros y Francisco Micheltorena, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, tienen la sospecha que todos ellos se confabularon para perjudicar a un abogado en una causa por un presunto abuso sexual y por otro lado para favorecer al implicado en un caso de violencia de género.

El escándalo saltó por la denuncia de ese letrado, que junto a la abogada Sandra Leveque, denunciaron el presunto armado de causas y apuntaron principalmente contra Ortega. A raíz de las evidencias que recolectaron en la UFI de Delitos Especiales se pidió su detención. El 13 de agosto último, el funcionario judicial se entregó voluntariamente en la Central de Policía y quedó preso un par de días hasta que recuperó la libertad en la audiencia de formalización.

La imputación es por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, ejercicio ilegítimo de la profesión e incumplimientos de los deberes de funcionario. Estas sospechas llevaron a Juan Pablo Ortega renunciara al Poder Judicial. A eso se sumó que su defensor, el abogado Nasser Uzair, decidió dejarlo por no compartir la postura del funcionario judicial.

Todo hace suponer que para no exponerse más y tratar de desligar a su mujer y a la otra funcionaria, dio el primer paso y hace semanas inició sus propias gestiones para abreviar el juicio. El mismo Ortega presentó un escrito en la UFI de Delitos Especiales en el cual admite que habló con Belén Rodríguez y Claudia Elizondo para que dieran prioridad a esa causa contra el abogado, pero aclaró que ambas desconocían que su relación con la denunciante o la familia de ésta. Además, hizo saber a los fiscales que estaba dispuesto a aceptar su responsabilidad en ese posible delito.

No se conoció qué se habló o a qué acuerdo arribarían, pero fuentes del caso estiman que estaría dispuesto a aceptar su culpabilidad en el delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público o ejercicio ilegal de la profesión, dado que era funcionario y no podía inmiscuirse en causas que no le competían.

Trascendió que Ortega se mostró conforme en aceptar una pena no mayor a 1 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble de ese tiempo. Pero todos esos detalles conocerán en la audiencia de juicio abreviado fijada para el próximo lunes 7 de noviembre en Tribunales. Ese día será clave, porque de ahí en más podría saber qué pasará con las otras imputadas o qué camino tomaran ellas.

El exfuncionario judicial y exjuez viene de sortear otra causa penal. En diciembre de 2021, se vio involucrado en el caso de su amigo Mario Parisi, otro funcionario judicial de alto perfil investigado por violencia de género a raíz de la supuesta golpiza que le propinó a su pareja. Ortega fue imputado de encubrimiento, dado que intentó convencer a la denunciante de que cambiara su declaración para favorecer a Parisi. Sin embargo, después fue sobreseído en razón de que es amigo de este último y por esa relación íntima no podían acusarlo de ese delito.