De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Se trata de Juan Pablo Ortega y de Adolfo Holeywell, quienes se vieron forzados a dejar sus puestos por andar en malos pasos en el cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Como consecuencia, fueron condenados por la justicia penal a un año de cumplimiento condicional, por lo que a pesar de haber permanecido un corto tiempo tras las rejas, permanecieron en libertad.

Ortega fue visto nuevamente en Tribunales la semana pasada, cuando se presentó como defensor del empresario sanjuanino acusado de abuso sexual, Julio Calivar. Si bien era de prever que cumpliera sus funciones como abogado, su presencia provocó la sorpresa de más de uno que recordó su paso por la justicia local, siendo una figura distintiva.

Implicado en el caso Parisí (más tarde desvinculado), el funcionario presentó su renuncia en agosto de 2022, cuando la Corte de Justicia le había iniciado un sumario administrativo dada la investigación penal que lo tenía en la mira por el armado de causas. Previamente, había sido separado de su cargo en la Unidad de Asistencia Jurídica y trasladado a la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Jáchal.

En ese mismo lapso, quien fuera juez interino, coordinador en la Fiscalía General, director de la Escuela Judicial y asistente jurídico del Colegio de Jueces fue castigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionarios público. Su caso fue resonante porque pasó de ser el funcionario “estrella” del Poder Judicial de San Juan a ocupar el centro de los escándalos.

Primero estuvo sospechado de favorecer a Mario Parisí en la comisión de un delito, pero fue desligado por mantener un vínculo íntimo con el funcionario de alto que rango que finalmente fue condenado por violencia de género. Después fue acusado por el armado de expedientes en la Unidad Conclusiva de Causas, para favorecer o perjudicar a interesados.

En un juicio abreviado y frente al juez Andrés Abelín Cottonaro, admitió su equivocación. Reconoció que utilizó sus influencias para perjudicar a un abogado en una causa por un presunto abuso sexual y para favorecer al implicado en otra causa por violencia de género. Por esa causa había otras personas imputadas, la esposa de Juan Pablo Ortega, María Belén Rodríguez; Claudia Noemí Elizondo y Sandra Elizabeth Cozzi. Pero, finalmente, fueron sobreseídas.

Por su parte, Holeywell también fue visto en Tribunales. Como defensor de una viuda negra, se lo vio en las salas de audiencias a quien también ejerce como abogado. Supo ser un empleado judicial de extensa carrera y llegó a ser jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad también. Sin embargo, ello no lo alejó del delito pues fue condenado por filtrar información a una banda de delincuentes, que era el blanco de las investigaciones de la UFI que integraba.

Su caso, más reciente, trascendió en agosto de 2025, cuando fue detenido por entorpecer un procedimiento judicial. Según se supo, ayudó a delincuentes a escapar de un allanamiento y, más tarde, quedó al descubierto por sus propios superiores, cuando profundizaban la instrucción.

En su camino en el Poder Judicial, ofició de veedor judicial. Por sus conocimientos en ese tipo de despliegues que tenía la misión de comandar ese tipo de procedimientos. Es por ello que tenía acceso a cierto tipo de información, sobre dónde serían los movimientos y contra quiénes estaban detrás. Así delató a sus superiores, lo que finalmente reconoció.

Por ese motivo, fue condenado a un año de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionario público, en el marco de un juicio abreviado. Frente a la jueza Gloria Verónica Chicón, confesó el delito y se marchó de Tribunales en libertad.

Luego de ser condenado, renunció en octubre de 2025, después de estar en el más alto escalafón de los administrativos, tras beneficiar a la banda de los "roba ruedas". El Ministerio Público había iniciado un sumario administrativo por sus actuaciones y sus casi 20 años al servicio de la justicia sanjuanina quedaron en el olvido.