Polémica compra del Arzobispado: qué castigo podría recaer sobre el cura y la escribana

Según confirmó el representante del Ministerio Público, Carlos Rodríguez, el sacerdote y la notaria son investigados formalmente por la presunta comisión del artículo 174 del Código Penal, descripta en su segundo inciso, que prevé un castigo mínimo de 2 años de prisión y un máximo de 6.

En caso de que la instrucción avance y que la situación de los imputados se complique, ya que ello lo resolverá Guillermo Adárvez en primera instancia, esa es la pena que podrían afrontar aunque no sería de cumplimiento efectivo. Es que si el mínimo de una condena es de tres años o menos, el cumplimiento del castigo es en libertad y no tras las rejas. 

Acorde manifiesta el C.P, se impondrá esa pena a quien "abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo". 

Si bien se ha solicitado un informe psiquiátrico del jubilado que habría sido estafado -por vender y no estar en sus cabales-, con la finalidad de constatar el estado de su salud mental, Rodríguez destacó que el Código advierte que no es necesario que se acredite la incapacidad. Es por ello que, dadas las circunstancias, solicitó que la calificación fuera agravada. 

Además, el fiscal pidió que se realizaran allanamientos en el Arzobispado y en la escribanía de Celani y que se llevara adelante una inspección ocular en el inmueble en cuestión, con el objetivo de constatar su real estado y cotización. La compra se hizo por un millón de pesos, pero los denunciantes, es decir los hijos del hombre de 78 años, tasaron el lugar y un experto indicó que su valor ronda los 10 y 12 millones. 

Bajo las sospechas de que existieran otras operaciones posiblemente irregulares, el fiscal solicitó un informe al Registro Inmobiliario para saber las compras que realizó la entidad religiosa en los últimos 6 años. "Aún no se puede decir que hayan habido operaciones de la misma naturaleza porque no podemos establecer todavía cuál es la naturaleza", sostuvo. 

El caso

El caso se originó el 26 de diciembre del 2020, cuando el hombre habría tenido un episodio violento con uno de los hijos, lo que generó el inicio de trámite de internación judicial por parte de la familia, que habría recibido el visto bueno de la Jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá. Ahí los hijos se enteraron de que se había dado una transacción comercial con la casa de su papá, y la juez habría ordenado en enero que la escribanía informe sobre el hecho, que recién habría contestado en mayo que se habría producido la venta del inmueble al Arzobispado el 30 de diciembre de 2020, con la presencia del obispo Domínguez y un contador.

Luego, los hijos habrían averiguado en el Registro Inmobiliario y descubrieron la venta por 1 millón de pesos mientras que ellos sostienen que la propiedad cotiza en más de 10 millones de pesos, sumando que dicen que el dinero no está en ningún lado. Al hacer la denuncia, los hijos del hombre de 78 años presentaron  certificados médicos de dos psiquiatras, que indican que padece de "psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica".