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lunes 13 de abril de 2026

FALLO DEL JUEZ ORTIZ

Procesan a empresarios inmobiliarios por una estafa de $ 580.000

Son Luis Olivares y Alejandro Genoud, detenidos el año pasado. Los acusan de vender dos veces un mismo inmueble y perjudicar a uno de los compradores.
Por Redacción Tiempo de San Juan

El juez Alberto Benito Ortíz procesó a dos empresarios inmobiliarios acusados de estafar a un jachallero y quedarse con 580.000 pesos con la venta de una propiedad que, paralelamente, fue revendida a otras personas. Ambos cayeron detenidos en marzo del año pasado tras un allanamiento del personal de Defraudaciones y Estafas. Si bien luego recuperaron la libertad al tratarse de un delito excarcelable, ahora los dos están problemas porque tiene un embargo de 1.000.000 pesos, cada uno, y van camino al juicio.

Los supuestos embaucadores son Luis Abel Olivares, de 45 años, y Alejandro Ariel Genoud, de 42, sobre quienes el juez del Primer Juzgado de Instrucción dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva por el delito de Desbaratamiento de derecho acordado, una de las figuras de las estafas.

Esta historia comenzó a mediados del 2016 cuando Ricardo Cortez Alcaraz, que en ese entonces residía en Córdoba, decidió volver a San Juan y comprarse una casa. Es así que a través de una llamada Inmobiliaria San Juan tomó contacto con Luis Olivares, propietario de la Constructora Luan Srl, que tenía a la venta una casa en el Bº Palmares del Cerro, en Rawson. Acordaron la venta del inmueble en 1.400.000 pesos. El 6 de octubre de ese año, al suscribir el contrato el comprador tuvo que pagar 200.000 pesos a Olivares y Genoud en concepto de seña, a la vez que hizo entrega de un lote en Pocito valuado en 180.000 pesos a cuenta del total adeudado. El resto se iba a pagar por un préstamo bancario que iba a solicitar.

Todo marchó bien hasta que empezaron a surgir problemas con la documentación y la tasación de la propiedad, que debían entregar Olivares y Genoud, para el otorgamiento del crédito. En el medio, los supuestos empresarios acordaron con Cortez una rebaja del precio de la propiedad para agilizar el trámite y se hicieron pagar otros 200.000 pesos. Pese a esto, siguieron las dificultades para presentar la documentación al banco, ya que los acusados no hacían entrega de esos papeles. Esto continuó hasta que la imnobiliaria encargada de requerir la información empezó a intimar a los empresarios en enero de 2017. La sorpresa surgió cuando la misma inmobiliaria descubrió que la propiedad vendida a Cortez ya había sido escriturada en diciembre de 2016 a nombre de otra persona. Peor aún, posteriormente confirmaron que Olivares y Genoud habían vendido esa propiedad el 20 de octubre de 2016, es decir mientras hacían la transación con Cortez.

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