Gracias a las auditorias realizadas por la causa del Arzobispado se determinó que $590.000 de la Iglesia de San Juan serían los fondos que el Contador Juan Brozina y el tesorero Dario Tapia habrían transferido a cuentas propias y de familiares. Esta importante suma de dinero puede ser aún mayor cuando estén determinados los resultados de otras auditorias (creen que pueden estar involucrados $150.000 más). Brozina tendría una propuesta para devolver $20.000 y Tapia $3.000, montos que la Iglesia considera insuficientes. Con el fin de recuperar el dinero faltante, el Arzobispado irá al fondo de la cuestión e iniciará una demanda civil.
Ahora el Arzobispado quiere que Brozina le devuelva $590.000
Los fondos transferidos son recursos que llegaron a la Iglesia gracias a colectas para fines muy distintos que el que tuvieron, entre ellos costear los problemas de salud del clero. Para defenderse Brozina inició un raid mediático en donde aseguró que los fondos transferidos por él a otras cuentas eran para pagar cuotas alimentarias de los sacerdotes y financiar otras cuestiones personales de la Iglesia.
"Mi deseo es que se pueda continuar con el proceso judicial para establecer las responsabilidades adecuadas. Nuestro deseo es que haya una restitución del dinero robado", dijo Monseñor Jorge Lozano.
Los abogados del Arzobispado Rubén Lloveras y María Cristina Naveda fueron quienes aseguraron que la intención es iniciar una demanda civil.
"Los montos de la Auditoria realizada en su momento arrojaban una cifra parcial de $590.000, por eso es que el ofrecimiento de reparación del daño que ofrecen los procesados resultan insuficientes, cuando digo parcial es porque las auditorías tomaron un período parcial de tiempo. Posteriormente pudimos advertir que habían algunas transferencias no a la cuenta del procesado sino a cuenta de terceros y esta situación termina la defensa del procesado que decía que todas las transferencias las hacía a su cuenta. Se han acreditado transferencias a terceros que dejarían en evidencia las falacias de la defensa", indicó Lloveras.
Toda la documentación ya fue presentada a la Justicia. Una vez terminada la instancia penal en la Justicia local y en la Federal, arrancará la demanda civil.
Respecto de cambios en los controles tras este episodio escandaloso que cubrió a la Iglesia en un manto de sospechas, Monseñor Lozano dijo: "Ya Monseñor Alfonso indicó que haya una auditoria externa anual de todo el manejo económico del Obispado y eso se continúa haciendo durante mi gestión porque me parece que es una buena medida".