El escándalo del estudiante electrocutado, ¿queda en nada?

La prescripción está latente y, en ese caso, las cuatro autoridades de la UNSJ procesadas no serían llevadas a un juicio en el que se determine si tuvieron o no responsabilidad penal en la fatal descarga por el mal estado de las instalaciones eléctricas.

En mayor o menor medida la situación perjudica a todos.

Para la mujer y los dos hijos del estudiante muerto, porque si prescribe nunca se determinará legalmente qué pasó aquella tarde del 8 de marzo de 2010 y si hay o no culpables de que el joven padre que estaba a punto de recibirse de ingeniero agrimensor perdiera la vida tan absurdamente.

Para las cuatro autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) procesadas, porque si la causa queda en la nada ellos también cargarán con el peso (personal y público) de que las responsabilidades no hayan quedado claras.

Hasta ahora la causa tiene cuatro procesados, entre el auto de procesamiento que dictó el juez Leopoldo Rago Gallo en mayo de 2013 y la resolución de la Cámara Federal de Mendoza de abril de 2015.

Ellos son: Oscar Nasisi (el ahora rector de la UNSJ era el Decano de Ingeniería); Alfredo Daroni (el ahora Secretario de Bienestar Universitario era el Secretario Administrativo Financiero de Ingeniería); Guillermo Coto (ex secretario de Obras y Servicios la UNSJ) y José Fredy Baldivieso  (un profesor titular e investigador que era del Comité de Higiene y Seguridad).

El delito más grave por el que fueron procesados es el de homicidio culposo, el cual tiene como pena máxima cinco años de prisión, tal como lo estipula el artículo 84 del Código Penal Argentino. 

Los otros dos artículos por los que fueron procesados son el 248 del Código Penal, el cual prevé una pena de 1 mes a 2 años de prisión. Y el otro es el 249, con multa económica. Ambos también reúnen la condición de la prescripción. Ambos determinan responsabilidades administrativas.

Una causa prescribe cuando se cumple un tiempo determinado sin que la Justicia haya tomado ciertas medidas.

 

Es una garantía para que una persona no esté eternamente sospechada de un delito. La excepción son los delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben nunca. Vencido ese plazo, el sospechoso no puede ser enjuiciado.

Hay dos cosas que interrumpen la prescripción: el primer llamado a indagatoria y el cierre de la investigación para elevar la causa a juicio. En el caso del estudiante Reinoso, la Justicia tenía cinco años como máximo, ya que es la pena máxima del homicidio culposo.

En febrero último se cumplieron cinco años de la primera indagatoria a Daroni. Y en marzo se cumplen los cinco años de la primera indagatoria a Nasisi. Para los otros dos procesados la prescripción es anterior.

Es decir que, hasta ahí, los cuatro procesados podrían quedar desvinculados de la muerte.

Pero la polémica está instalada en el segundo acto que interrumpe la prescripción: el cierre de la etapa de investigación y la elevación a juicio. Esto significa que, pasados los cinco años de la primera indagatoria, los sospechosos deben ir a juicio. De lo contrario, la causa prescribe.

Aquí es donde entra a tallar la decisión que aún debe tomar la Cámara Federal de Mendoza.

El juez de primera instancia, Leopoldo Rago Gallo, dictó una providencia en octubre último declarando agotada la investigación. Le corrió vista al fiscal federal Francisco Maldonado y éste pidió el requerimiento de elevación a juicio. Eso habría ocurrido el 15 de diciembre último.

Pero esa medida fue frenada porque los abogados defensores Fernando Castro (por Daroni) y Fernando Ramhé (por Nasisi) entienden que es nula la medida del juez Rago Gallo y del fiscal Maldonado.

Básicamente, la explicación que dan es que el 23 de diciembre último se admitió un recurso en la Cámara Nacional de Casación Penal. Los abogados dicen que la causa no puede cerrarse y elevarse a juicio porque aún está abierta y puede cambiar la situación de los imputados. 

La Cámara Federal de Mendoza deberá resolver ese conflicto.

Si ese tribunal dice que la medida del juez Rago Gallo y del fiscal Maldonado es correcta, la causa sigue viva. Y las cuatro autoridades universitarias procesadas llegarán a juicio.

Pero si les da la razón a los abogados Castro y Ramhé, legalmente la causa estará en condiciones de prescribir y la muerte de Reinoso quedará impune.

Porque cuando la Cámara Federal de Mendoza dio vuelta el sobreseimiento dictado por el juez Rago Gallo y procesó por homicidio culposo a Nasisi y a Daniel Coto, el abogado defensor Ramhé presentó un recurso para que un tribunal superior revisara esa decisión.

La Cámara Federal le dijo al abogado Ramhé que no correspondía que nadie revisara al procesamiento de Nasisi.

Entonces el abogado metió un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, la segunda máxima autoridad judicial del país.

El 23 de diciembre de 2015 esa institución dijo que había motivo para revisar la causa por la muerte de Reinoso. Y mandó a pedir al juez Rago Gallo todo el expediente.

Esa medida se concretó la semana pasada y frizó todo.

Se supone que la Cámara Nacional de Casación Penal dirá si corresponde o no que se revise el procesamiento a Nasisi que dictó la Cámara Federal. Pero también tiene la facultad de resolver sobre la cuestión de fondo. Eso significa que la situación procesal de las cuatro autoridades de la UNSJ tiene final abierto.

Una vez que la Cámara Nacional de Casación Penal resuelva, la causa por la muerte de Reinoso volverá al juez federal sanjuanino. En el caso de que la institución nacional confirme los procesamientos, el juez Rago Gallo deberá enviar la causa a la Cámara Federal de Mendoza para que, con todo el expediente en su poder, pueda resolver y decidir si el cierre de la investigación fue o no válido. Si lo es, el caso de Reinoso irá a juicio. Sino prescribirá.   

"Después de 6 años merecemos una respuesta. Quisiera que esto termine y enterrar esta etapa de nuestra vida. Lamentablemente a la Justicia no la manejo yo, sino los poderosos. Eso está a la vista”, aseguró Cecilia Gil, viuda del estudiante electrocutado en la Facultad de Ingeniería.

Cecilia Gil se limitó a realizar ese breve comentario sobre el caso de su marido y no quiso explayarse porque tomaron la decisión familiar de no exponerse públicamente.

En todo este tiempo, sólo una vez la viuda dio notas. Eso fue en mayo del 2013. Desde entonces no quiso exponerse más. Dice que es para proteger a sus hijos, la nena que ahora tiene 14 años y el varón de 8, ya que siempre que se aproxima la fecha del fatal accidente ellos se alteran.