El juez aún no decide si mete presos a los ex contadores del Arzobispado

Esto no quiere decir que Brozina y Tapia estén prófugos, si no que se está resolviendo si permanecen en libertad o no, tras haber interpuesto un pedido de eximición de prisión después de que el juez ordenó sus detenciones en el mes de febrero. Según las fuentes, Correa recibió el viernes 11 de marzo al mediodía la información que debe enviar la Central de Policía y que es base para definir la situación procesal de los investigados, lo que es inminente. Esto no quiere decir que Brozina y Tapia estén prófugos si no que están en trámite los pedidos hechos por sus abogados a la Justicia.

El juez Correa tampoco ha hecho la calificación la causa todavía, precisaron las fuentes, porque está estudiando los elementos del caso, brindados en la denuncia que fue a hacer hace más de un mes personalmente Delgado, acompañado por los abogados Rubén Lloveras y Cristina Naveda. Desde entonces se tomaron varias declaraciones testimoniales, incluida  la del obispo, sobre lo que pasó con los dineros que manejaban los contadores, dijeron fuentes tribunalicias. Ahora queda pendiente la declaración de los dos sospechosos de quedarse con lo ajeno. Por su parte, la fiscal Ana Lía Larrea, dijo que "nosotros requerimos por estafa o por administración fraudulenta”, ambos delitos excarcelables.

 El caso salió a la luz este mes, después de que el Arzobispado emitiera un comunicado sobre la denuncia que realizó en la Fiscalía de Instrucción nro. 5, el 5 de febrero en contra de los contadores, generando un gran revuelo en la Provincia.

En noviembre del año pasado, el obispo mandó a auditar las cuentas del Arzobispado porque le llegaron notificaciones de deudas como de ART y obras sociales de los sacerdotes y no entendía por qué las había, ya que existían los fondos para estar al día. En cuanto se empezó la auditoría, que la hizo un contador externo, Brozina dejó de ir a trabajar diciendo que habían perdido la confianza en él, según fuentes del Arzobispado, pero nunca renunció formalmente, por lo que se consideró abandono de trabajo. En ese entonces, el administrador atravesaba un momento personal delicado, con la salud de su madre, quien finalmente falleció, por lo que el obispo Delgado se mantuvo cauto con el funcionario, quien llevaba alrededor de 10 años en funciones, luego de que su antecesor Víctor Giménez dejara el cargo.  Según las fuentes, el trato del Obispo con Brozina y con Tapia, al ser tan pocos los empleados, era cercano, incluso atendiendo a problemas familiares. Cuando Brozina dejó de ir, profundizaron la auditoría que terminó a principios de diciembre. A raíz de ese informe se realizó en forma inmediata un sumario interno que determinó el despido con causa de Tapia, que se cumplió el 17 de febrero. Previamente, el contador Brozina había sido despedido por abandono de trabajo al comienzo de la auditoría.

En el Arzobispado descubrieron con sorpresa diferencias entre algunos recibos y su contabilización, lo que primero atribuyeron a un olvido o error pero después se dieron cuenta de que había pasado varias veces. Sobre los montos en juego se manejan con gran cautela, pero la fiscal habló de poco más de 400 mil pesos y no de 700 mil como trascendió en un principio. Tampoco se trata sólo del dinero de las limosnas, sino de los fondos en general del obispado que proviene también del funcionamiento de las parroquias, los colegios y recursos propios.

La situación del faltante de plata en el Arzobispado repercutió de manera importante en sus finanzas, por lo que tuvieron que pedir prórrogas para saldar deudas y dejaron postergados algunos compromisos con parroquias y un plan de arreglos al edificio de calle Mitre que tenían pensado aplicar este año. Están atentos con el proceso penal porque cuentan con poder recuperar luego los fondos a través de una demanda civil.