Violación y crimen: a una policía la investigarán penalmente por el pedido de ayuda al 911

Para las autoridades judiciales y políticas el hecho es grave desde varios puntos de vista:

-Ahora quedará flotando para siempre la duda de que si se podría o no haber evitado el brutal ataque.

-El 911 es el primer lugar al que acude un vecino ante una emergencia, por lo que si no funciona correctamente se genera una fuerte señal de desprotección.

-El Gobierno de San Juan hizo una inversión millonaria en incorporar la mejor tecnología a nivel mundial para el 911, por lo que no toleran la inoperancia humana.

CÓMO FUE

En la tarde del mismo sábado 20 de febrero, tras pasar horas adentro del domicilio de la mujer salvajemente ultrajada y asesinada, al juez Benedicto Correa (subrogante en el Cuarto Juzgado de Instrucción) le empezó a llamar la atención la insistencia del dato de los vecinos que decían que habían dado aviso y que la Policía no había ido al lugar durante la madrugada.

Un par de días después se confirmaba ese malestar vecinal: desde el Ministerio de Gobierno decidieron chequear la versión y acudieron al sistema informático del 911, donde recuperaron el audio que ahora es una evidencia clave.

En ese audio se registró que alrededor de las 4.30 de la madrugada del sábado una mujer policía que operaba en el 911 había recibido el llamado alertando que se escuchaban ruidos fuertes y de vidrios rotos en una casa del Barrio Patricias.

Oficialmente se informó que el llamado se cortó y no se alcanzó a recibir la dirección exacta de donde se producían esos ruidos, ni siquiera en el llamado consta que se mencione la calle Santa María de Oro, donde está la casa en la que se produjo el crimen.

Pero la mujer policía que atendió ese llamado obró imprudentemente. Según fuentes oficiales, el protocolo del 911 dice que, si la comunicación se corta, se debe devolver el llamado. Eso no se hizo.

A eso se agregan los indicios de que el pedido de auxilio no era una falsa alarma: la voz que hizo el llamado era el de una mujer, adulta y con precisiones en el pedido de auxilio. Se supone que un policía debe tener en cuenta esas cosas y reaccionar ante un pedido de auxilio.

CÓMO SIGUE

Ahora el juez Correa tomó la decisión de que todas las evidencias recolectadas en el 911 por el polémico llamado sean incorporados judicialmente.

Esas pruebas deben ser enviadas a la fiscalía de Ana Lía Larrea para ver si el ministerio público entiende que puede haber un delito. Si hace el requerimiento, recién ahí se encuadra qué tipo de delito es el que podría haber cometido la mujer policía del 911.

Todo indica que podría ser una falta de los deberes de funcionario público. En ese caso es un delito correccional, por lo que el juez Correa debería desprenderse de ese hecho y derivarlo al juzgado correccional en turno.

 ADN, clave en la investigación

Alfredo Palacio Vera, de 48 años, se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Griselda Cardozo (64). Pero, legalmente, no había una prueba directa para vincularlo a la violación y al homicidio. En la Policía estaban esperanzados en una evidencia: la prueba de ADN.

A Palacio Vera la secuestraron zapatillas, ropa y celulares para ser peritados.

¿Por qué lo vinculan? Porque tiene una condena por abuso sexual contra una niña, donde los informes técnicos lo describieron como un perverso sexual, con rasgos psicóticos.

En la Policía saben que los abusadores no se curan y que siempre tienden a volver a cometer el mismo delito.

Palacio Vera estaba parando en la casa de sus hermanas, la cual está a los fondos de la casa de la mujer abusada y asesinada.

El dato que llamó la atención: las hermanas de Palacio Vera le negaron en un principio a la Policía que allí viviera el sujeto.