En la serie de siete testimoniales que el juez Benedicto Correa, titular del Quinto Juzgado de Instrucción, ordenó para avanzar en la causa de las expropiaciones, fue el turno de la funcionaria judicial Verónica Capriotti, ex secretaria del Quinto Juzgado Civil que dirigía el destituido Carlos Macchi.
La ex secretaria de Macchi admitió haber tramitado causas de su propio padre
Se trata de la funcionaria judicial Verónica Capriotti. Primero dijo no recordar y luego reconoció su firma. El fiscal de cámara Eduardo Mallea había pedido que la investigaran en el jury a Macchi.
El testimonio de Capriotti ante el fuero penal, más allá de que fue citada como una testigo (sin responsabilidad penal), era muy esperado. Todos querían saber oficialmente qué decía ella, si admitía o no que era cierto que había tramitado en el juzgado de Macchi una causa de expropiaciones de su propio padre.
"Primero dijo no recordar haber firmado o tramitado alguna causa en la que su padre formara parte de la demanda. Luego, cuando yo le exhibí el expediente con su firma, ahí lo recordó y reconoció”, informó el fiscal Carlos Rodríguez.
De esa manera, Capriotti admitió ante el juez Correa haber cometido una irregularidad. De todas maneras, por ahora no es una ilegalidad.
Es una práctica habitual en Tribunales que los funcionarios judiciales se aparten de tramitar las causas en las que están involucrados sus familiares directos, amigos o conocidos.
Por ahora, en el Quinto Juzgado de Instrucción no tienen previsto derivar la declaración testimonial de Capriotti al fiscal en turno, para que se determine si cometió o no algún delito al haber intervenido en una causa en la que estaba su padre y en la que luego el entonces juez Macchi, de quien Capriotti era su brazo derecho, falló condenando en 100 millones de pesos al Estado Provincial y a favor de los demandantes, es decir, el padre de Capriotti, entre alguno de los beneficiados.
Afortunadamente ese fallo fue frenado por la Corte de Justicia y el Estado Provincial no pagó.
Luego se produjo el juicio político y la destitución de Macchi. Y el posterior procesamiento penal como integrante de la asociación ilícita que dirigiría el abogado Santiago Graffigna, único preso (prisión domiciliaria).
En el juicio político a Macchi, el fiscal general subrogante, Eduardo Mallea, había pedido que se giraran las actuaciones a la Corte de Justicia para que investigaran a Capriotti. Como así también, junto al querellante, el Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, habían solicitado una auditoría al juzgado de Macchi y también al Primero Civil que dirigía Rosalba Marún, donde también se falló sistemáticamente a favor de Graffigna y condenado a las arcas provinciales.
La Corte nunca impulsó esos pedidos.
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