La investigación de la fuga queda en Buenos Aires

La disposición de Bonadío había sido cuestionada por el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, quien presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio para que la pesquisa no se traslade a San Juan. Gómez Barbella había considerado que lo dispuesto por el  titular del Juzgado Federal N°11 "produce agravio” al Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, señaló que la causa debía permanecer en el ámbito de la justicia federal porteña, porque la evasión se produjo en el Hospital Militar Central "Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, ubicado sobre la avenida Luis María Campos. "El artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación establece que ‘será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”, subrayó entonces.

Además, el fiscal mencionó que de las tareas investigativas llevadas adelante surge que los familiares de Olivera y De Marchi residirían en la zona. Para el fiscal, ello implica "un alto grado de probabilidad respecto de que los evadidos intenten, de momento a otro, contactarse con sus familias o precisar de su ayuda para continuar ajenos al accionar judicial”, y que las distancias que impone la tramitación del sumario por su búsqueda en una jurisdicción lejana, podrían "propender en un beneficio”.

Gómez Barbella también argumentó que como en la Capital Federal también tramita el expediente en el que se investiga la connivencia del personal penitenciario que pudo haber participado de la fuga, "existen aquí también otros puntos de contacto y diligencias que podrían verse duplicadas y entorpecidas en caso de no contar con una conducción unificada, o al menos corriendo por cuerda un expediente con el otro”.

La resolución de la Sala II que lleva las firmas de Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah va en línea con lo requerido por el fiscal y fue emitida el 19 de mayo último. Argumentan que  "Resulta indudable que la instrucción de los hechos debe efectuarse en la jurisdicción en la que la evasión tuvo lugar, esto es en el radio de esta ciudad, puesto que amén de una cuestión territorial deben considerarse razones de conexidad con la causa n° 9744/14 en la que se investiga a los responsables del Servicio Penitenciario Federal, en tanto la fuga se produjo precisamente en el contexto de una omisión de la diligencia debida de esos funcionarios”. Días después, el juez Bonadío dispuso delegar la investigación en la Fiscalía.

La evasión de Olivera y De Marchi ocurrió el 25 de julio de 2013, tras ser condenados por crímenes de la dictadura en San Juan en la década del ’70 y se fugaron del Hospital Militar Central estando a disposición del Juzgado Federal Nº2 y del Tribunal Oral Federal de San Juan.