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domingo 10 de mayo de 2026

TRAS CUATRO MESES SIN TITULAR

Secretario de Seguridad en San Juan: Sin reemplazo y sin apuro

En diciembre último, tras el histórico acuartelamiento con el que la policía apretó y logró un aumento de sueldo, renunció el último secretario de Seguridad de la provincia. Por Gustavo Martínez Puga.
Por Redacción Tiempo de San Juan

Por Gustavo Martínez Puga
 
El cargo nació como un “fusible político” para los momentos donde los casos de inseguridad empezaban a amenazar los altos cargos que deben dar respuestas en los momentos de mayor tensión. Pero, fiel a su historia, cuando no hay tensión el puesto del secretario de Seguridad pasa totalmente desapercibido. Y en ese momento de la historia se encuadra por estos días: hace cuatro meses que no hay un funcionario puntual para esa área.

Ante la consulta de si en algún momento lo van a cubrir, hay dos respuestas: la oficial que indica el manual de buen funcionario y que reza “es un resorte del Gobernador y a él nadie le marca los tiempos”; y está la otra, esa que tal vez muestra el verdadero pensamiento que recorre los pasillos del Ministerio de Gobierno, la cual pregunta “¿se nota que no hay un secretario de Seguridad?”.
Con esa pregunta se intenta responder que, como no se extraña y no se demanda a nadie en el cargo, no hay ningún apuro en buscar un reemplazante.

Desde diciembre último está a cargo de la secretaría de Seguridad el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Luis Romero, la segunda máxima autoridad del Ministerio de Gobierno después del ministro Adrián Cuevas.

De la secretaría de Seguridad depende la Policía de San Juan, el Servicio Penitenciario Provincial y la Dirección de Defensa Civil. Lejos, la principal responsabilidad para esa área es la Policía. La secretaría de Seguridad es el área desde donde deben darse los lineamientos, el control y la orientación política para la seguridad.

El cargo está vacío desde el lunes 9 de diciembre último, cuando renunció Ángel Riera. Fue en el marco del descabezamiento de la plana mayor de la Policía, tras la insólita protesta que llevó adelante la fuerza de seguridad pública al acuartelarse para exigir recomposición salarial.
Eso derivó en una ola de saqueos y la provincia fue sometida a una irreproducible sensación de desprotección, la cual se solucionó cuando la policía volvió a salir a las calles tras conseguir su aumento salarial.

En ese caso, el cargo del secretario de Seguridad funcionó aceitadamente: su titular fue el fusible político ante una crisis.

Así había nacido allá por 1996, cuando en el gobierno de Jorge Escobar decidieron crear la secretaría de Seguridad como respuesta al emblemático caso María Rosa Pacheco de Balmaceda, la psicóloga que desapareció el 2 de junio de ese año.

El primero en ocupar esa secretaría fue un teniente coronel retirado del Ejército Argentino, Carlos Farwig, con amplia experiencia en el servicio de Inteligencia. Lo sucedió Eduardo Jacinto Gil, con un perfil más político y mediático, quien luego fue nombrado juez correccional y hoy en día es camarista penal.

Luego hubo un vacío en el corto gobierno de la Alianza. Y el cargo volvió a ser ocupado cuando  José Luis Gioja llegó a la gobernación, en diciembre del 2003, y puso en ese lugar a Dante Oscar Marinero. El ex Jefe de Policía de Escobar estuvo allí desde el 2003 hasta el 2011.

Al iniciar su tercer periodo de gobierno, y con Marinero enfermo –falleció en julio de 2012-, Gioja nombró en ese lugar a Miguel González, quien había sido su jefe de Policía entre el 2003 y el 2011. González estuvo desde diciembre de 2011 hasta enero de 2013 en la secretaría de Seguridad. Públicamente cumplía muy bien el cargo, pero políticamente nunca se encuadró en el perfil que el ministro Cuevas le quiso dar a esa secretaría.

Así fue como terminó renunciando y en febrero de 2013 Riera salió de la Asesoría Legal de la Policía para ser el secretario de Seguridad. Diez meses después, también renunció y, desde entonces, diciembre de 2013, el cargo está vacío.
 



En 18 años la secretaría de Seguridad tuvo cinco funcionarios que la dirigieron: dos abogados, dos ex jefes de Policía y un coronel retirado del Ejército.

El cargo nació en el 96, como respuesta al caso de la desaparición de la psicóloga María Rosa Pacheco de Balmaceda.

 

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