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SUSCRIBITELuego de que la querella apelara el sobreseimiento en favor de Juan Pablo Echegaray, el Tribunal de Impugnación eligió al magistrado que podrá respaldar la resolución o desestimarla. A diferencia de los anteriores jueces que resultaron electos por el azar, no se inhibió y tampoco sería recusado.
Después de que el juez Renato Roca se inhibiera de actuar en la causa de Lucía Rubiño, Eduardo Raed resultó sorteado y, por ello, será el magistrado que analice el planteo que realizó la querella, que impugnó el sobreseimiento en favor de Juan Pablo Echegaray. Al cabo de una danza de inhibiciones de los jueces del Tribunal de Impugnación, por haber participado del proceso en la previa o por mantener vínculos con las partes, finalmente, la autoridad dará avance al caso.
Raed, a diferencia de sus pares, optó por hacerse cargo del expediente y, sin una recusación a la vista, sería quien respalde la resolución del juez Javier Figuerola, que desvinculó al hijo del juez federal, o bien la desestime y provoque un giro inesperado en la causa que conmocionó a los sanjuaninos.
En la previa, en total fueron 6 los jueces que eludieron el caso, con el objetivo de no afectar la garantía del "juez imparcial". Los miembros del Tribunal de Impugnación que se excusaron lo hicieron en función de lo previsto en la causal establecida en el artículo 96 de la Ley Procesal Penal, que impone que aquellos que emitieron opinión con anterioridad deben abstenerse a actuar para evitar suspicacias, lo mismo que si mantienen vínculos cercanos con las partes involucradas.
El detalle de la catarata de inhibiciones trajo a colación el denominado concepto de "familia judicial", que resonó en los últimos días en los alrededores de Tribunales, que hace referencia a los vínculos sociales y familiares que existe entre los propios integrantes y funcionarios del Poder Judicial.
El querellante Marcelo Fernández fue quien impugnó el fallo que benefició al hijo del juez federal, que fue desligado de las sospechas de su responsabilidad en el siniestro fatal y que, por ello, era imputado por homicidio culposo. Es que el fiscal Grassi solicitó el sobreseimiento, luego de asegurar que no había pruebas para sostener la acusación, fundado en las pericias realizadas por especialistas del Ministerio Público de Mendoza.
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