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sábado 16 de mayo de 2026

genocidas a la cárcel

Condenaron a Vergez a 23 años de prisión

El represor escuchó la condena en libertad y fue llevado al penal bonaerense. Era agente de inteligencia militar en la dictadura.
Por Redacción Tiempo de San Juan

El ex agente de inteligencia militar durante la última dictadura, Héctor Vergez, quien fuera custodio de la ex secretaria de Medio Ambiente durante los 90’, María Julia Alsogaray, fue condenado ayer a 23 años de prisión por el secuestro y desaparición del responsable de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, Javier Coccoz, el abogado Julio Gallego Soto y el entonces funcionario del Ministerio de Economía, Julio Casariego de Bell. Vergez vivió libre hasta ayer, cuando, tras escuchar la condena, fue trasladado al penal de Marcos Paz.
Antes de escuchar la condena, el ex agente del Batallón 601, que respondía a los alias de "Gastón" y "Vargas", se excusó de pronunciar las últimas palabras, agradeció a su abogado y permaneció en silencio, como todo el juicio. Se trata de la primera condena judicial a este ex agente que, además de cuidar las espaldas de la ex funcionaria menemista, también trabajó en la Secretaría de Inteligencia del Estado durante los '90. Y como si fuera poco, en el juicio por el atentado a la AMIA, en 1994, Vergez quedó sindicado como el agente que ofreció un millón de dólares al principal acusado, Carlos Alberto Telleldin, hijo de un suboficial que había integrado la Triple A cordobesa, para que desviara la pesquisa.
Al cabo de dos meses de juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 5 consideró probado que se trató de "crímenes de lesa humanidad" e incluyó en esa calificación a la privación ilegal de la libertad y tormentos que sufrió Cristina Zamponi, esposa de Coccoz, que logró exiliarse. Vergez, un ex capitán retirado del ejército reputado de haber dirigido la versión cordobesa de la Triple A –denominada Comando Libertadores de América–, está siendo juzgado en la actualidad por otros crímenes cometidos en el centro de detención La Perla, en Córdoba, donde actuó como torturador.
 Durante las audiencias se escuchó una treintena de testimonios que alcanzaron su mayor dramatismo cuando Zamponi evocó que Vergez iba a buscarla a la casa de sus padres y la llevaba a hoteles para violarla.
En mayo de 1977, el represor fue trasladado de La Perla a Capital Federal para ocuparse de Coccoz, que usaba el nombre clandestino de “Pancho" y que tras 20 días de detención no rompía su silencio. Fue entonces cuando comenzó a ir a la casa de los padres de Zamponi, donde ella se había mudado junto a su hijo de tres años, para informarle que estaba en tratativas con su marido con miras a llevarlos a ambos a Europa y que le quedaba prohibido salir de esa vivienda. Para ello, se presentó como el "capitán Rodolfo" y en algunas de sus visitas sacaba a la mujer de la vivienda "y la llevaba a hoteles para violarla", por lo cual se pidió también que se lo investigue por este delito.
Finalmente, Zamponi y el niño fueron enviados a Europa con pasaportes confeccionados en el Primer Cuerpo del Ejército, y con datos aportados por Coccoz fueron secuestrados Gallego Soto y Casariego de Bell, así como el director del diario Cronista Comercial, Rafael Perrota, también desaparecido.
Casariego Bell era jefe de inversiones extranjeras del Ministerio de Economía de la Nación y se había opuesto a la estatización de la compañia de electricidad Italo, vendida por el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz.
El empresario Julio Gallego Soto, de origen español como el anterior, se había desempeñado como asistente personal del ministro de Salud del primer gobierno peronista, Ramón Carrillo e integraba una red de informantes del PRT-ERP, al igual que Perrota, cuyo caso no fue ventilado en el juicio.

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