Nación dictó la conciliación obligatoria por el reclamo de controladores aéreos, pero pilotos anunciaron un paro

La resolución del Ministerio de Trabajo, que comenzó a regir desde la medianoche del 11 de julio y se extenderá por 15 días, obliga tanto a los trabajadores como a la empresa estatal a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, incluyendo la suspensión de los despidos recientes. En ese marco, ATEPSA se había preparado para ejecutar un plan de retención de tareas que afectaría a todos los aeropuertos del país durante este mes, coincidiendo con la temporada alta de vacaciones.

“Se intima a los trabajadores a prestar servicios de manera normal y habitual”, remarcó la cartera laboral en un comunicado. A su vez, exigió a EANA dejar sin efecto los 18 despidos ejecutados, al menos mientras dure el período de conciliación.

Desde el sector gremial, la tensión persiste. Paola Baritta, secretaria general de ATEPSA, afirmó que los trabajadores enfrentan presiones y amenazas al ingresar a sus puestos, lo que incrementa el estrés y compromete la seguridad operacional. Por su parte, Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), repudió tanto las desvinculaciones como el operativo policial desplegado en la audiencia de este jueves. En ese mismo encuentro se definió una gran asamblea para el próximo 21 de julio en Aeroparque.

En paralelo, y sin estar alcanzados por esta conciliación, los pilotos nucleados en APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) confirmaron un paro nacional para el sábado 19 de julio, día clave del receso escolar en Buenos Aires. La medida regirá durante toda la jornada, desde las 0 hasta las 23:59, y afectará vuelos de cabotaje e internacionales.

Según el gremio, la decisión se tomó en rechazo al Decreto 378/2025, que —denuncian— extiende los tiempos de servicio, reduce los descansos y elimina normas de prevención de la fatiga, comprometiendo la seguridad de los vuelos. “Vamos a parar. No vamos a resignar el poder adquisitivo del salario ni bajar ninguna bandera”, sostuvo Pablo Biró, titular de APLA, quien además apuntó contra el proceso de desregulación aerocomercial, los despidos y su desplazamiento del directorio de Aerolíneas Argentinas.

Desde el gremio también advirtieron que el decreto “presenta graves deficiencias técnicas” y representa un “serio riesgo para la seguridad aérea”. Acusaron al Gobierno de intentar desviar la atención calificando el conflicto como una disputa con “intereses políticos”, cuando —aseguran— las condiciones laborales están siendo severamente afectadas.

El conflicto se enmarca en un clima general de tensión en el sector, donde los “sindicatos aeronáuticos unidos” denunciaron en bloque un proceso de “entrega planificada” del sistema aéreo nacional, con políticas que favorecen la extranjerización, la precarización y el vaciamiento de empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, Optar e Intercargo.

A pesar del intento del Gobierno de abrir canales de diálogo, la confrontación sindical se mantiene firme y el calendario de medidas gremiales —aunque parcialmente suspendido por la conciliación— amenaza con generar demoras, cancelaciones y caos operativo durante toda la temporada invernal.