Fabiola Yañez denunció que Alberto Fernández la golpeaba cuando vivían en la Quinta de Olivos

Clarín confirmó en los tribunales federales que, “por voluntad propia”, la madre del niño Francisco Fernández tomó contacto este martes por la mañana con el juzgado del doctor Julián Ercolini y le pidió que desarchive el anexo reservado del cual este diario informó el domingo, en el cual quedó consignada la existencia de pruebas consistentes de varias situaciones de maltrato físico por parte del expresidente hacia su pareja.

El juez recogió la nueva denuncia y hasta primeras horas de la tarde trabajó en disponer y ejecutar una serie de medidas restrictivas que Alberto Fernández deberá respetar de inmediato, entre ellas no acercarse y moderar los contactos con su expareja y madre de su hijo.

Como anticipó este diario en su edición de hoy, la publicación del domingo en Clarín causó una tumultuosa avalancha de consecuencias, desde luego en la opinión pública pero también en el interior del piso de Fernández en Puerto Madero, y el de Fabiola Yañez en Madrid.

La mujer se enteró de que iba a publicarse el contenido de su renuncia a formular una denuncia por violencia de género, fruto de la audiencia por Zoom que había mantenido con Ercolini y otra funcionaria judicial el día 27 de junio. En ese encuentro, Yañez ni siquiera quiso levantar la vista cuando le exhibieron las fotos y chats con su voz y sus mensajes de texto que los peritos de la Policía Federal habían hallado en el teléfono de María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández y al menos en algunas oportunidades su confidente en la angustiosa situación que atravesaba.

Ese mal trago no había sido del todo digerido por la joven, a quien sus relaciones escucharon quejarse del olvido y supuestos pesares económicos que está pasando junto a Francisco en la capital española.

Pero el llamado de su expareja -en la madrugada del sábado para ella- para avisarle que la prensa difundiría el caso, desató una tempestad emocional que ni siquiera sus más íntimos habían presenciado jamás.

Envueltas en gruesos insultos y reproches muy pesados, Yañez multiplicó las advertencias de que iba a reactivar la denuncia que no había querido hacer. Uno de los motivos que había evaluado en su momento para desistir de ella era evitar un escándalo y la posible obligación de regresar a la Argentina para impulsar el trámite, lo que le daba escozor. Pero el escándalo explotó. Y escaló.

Fernández no puede salir aún del estado de shock en que quedó sumido el fin de semana, aunque está convencido de que la madre de su hijo solo busca someterlo a una extorsión extrema para sacarle dinero. En el transcurso de estas horas jugueteó con ideas oscuras y consideró responder con un potente balde de brea sobre Fabiola, sus costumbres y sus hábitos diarios. También en su círculo de confianza le aconsejaron tener cuidado con esa variante: en el subsuelo de su consideración pública, no sería la idea más edificante que el expresidente buscara salvar la ropa ensuciando a la víctima de violencia de género. Además, le dicen, sería difícil ser extorsionado con un hecho que supuestamente no ocurrió, como Alberto sigue repitiendo frente a unos pocos.

Con la denuncia firmada, el juez Ercolini evaluó con su equipo qué pasos dar, y hacia dónde: su principal obsesión es mantener incontaminado el expediente que crece en sus manos, referido al multimillonario fraude al Estado con la contratación de intermediarios amigos en las pólizas de seguros entre organismos públicos.

Fernández quiere desplazarlo del caso, y este miércoles habrá una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal en la que las partes deberán exponer sus argumentos a favor y en contra de ese reclamo.

Entonces es delicada la salida de Ercolini del episodio Fernández-Yañez: con la víctima protegida por sus disposiciones de último momento, el doctor deberá desprenderse de la información, las pruebas y los testimonios que tiene en su poder, y que serán investigados en otro juzgado. ¿En cuál?

Depende de la interpretación que la Cámara Federal realice de los hechos, la causa puede ser remitida a los tribunales federales de San Isidoro, donde se investigó el caso de la fiesta en Olivos, o a la justicia penal ordinaria para su sorteo. Esa duda refiere a dónde se pondrá el acento: si en la víctima -que no era funcionaria pública y por eso no corresponde tramitar sus denuncias en la justicia federal- o en el lugar en el que ocurrieron los supuestos delitos. Es decir, la Quinta en la que viven los presidentes, cuyos silenciosos jardines fueron testigos de reuniones secretas, pactos históricos, jornadas memorables y, al parecer, también noches violentas.

Fuente: Clarín