Definieron el monto de la multa que deberán pagar los turistas que pintaron las piedras de Mendoza

Todo inició el 22 de julio pasado, cuando la jueza contravencional de turno, Dra. Viviana Fernández, inició de oficio una causa en virtud del artículo N.º 138 quarter del Código Contravencional, a raíz de la difusión de imágenes que muestran a personas realizando pintadas sobre piedras en la zona de Potrerillos.

Luego de varios días, se llevó a cabo una audiencia de manera virtual, según informó el diario Los Andes, con la colaboración del Juzgado Contravencional de Pehuajó (Buenos Aires). El procedimiento se realizó a través de la plataforma Microsoft Teams, herramienta utilizada oficialmente por el Poder Judicial.

Durante la audiencia comparecieron tres de los cuatro imputados en la causa: Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga. Todos ellos prestaron declaración indagatoria, en la que se les presentaron pruebas audiovisuales y documentales relacionadas con los hechos que se les atribuyen, además de ser informados sobre sus derechos.

Los tres imputados se presentaron sin abogado. “Durante su defensa, el imputado y las imputadas expusieron una gran consternación y pidieron disculpas reiteradamente al pueblo mendocino, a la Provincia y a todos los habitantes de Potrerillos”, indicaron desde el MPF. Además se mostraron a disposición de acatar las decisiones que la Justicia determine en el marco del proceso.

Tras una evaluación de los gastos ocasionados a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza por los daños provocados por los imputados, y considerando la situación personal de cada uno, la Justicia impuso una multa de 5.000 unidades fijas, equivalentes a $2.100.000, a pagar de manera conjunta.

Además de la sanción económica, “se les ordenó como obligación de conducta la limpieza de lugares públicos del municipio de Carlos Casares durante 20 horas cada uno”, informaron en el comunicado.

Cada imputado deberá cumplir esa tarea de manera individual, y su cumplimiento deberá ser acreditado ante el Ministerio Público Fiscal, bajo el procedimiento de Ley Compulsa, mediante oficio articulado con el municipio correspondiente. Finalmente, se les advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las sanciones, ya sea el pago de la multa o la realización del trabajo comunitario, derivará en la conversión de la pena en arresto.