¿Qué argumentan quienes rechazan el ‘Aprender 2016’?

Quienes lo rechazan aseguran que las evaluaciones están en la línea de las "pruebas educativas promovidas y co- financiadas por los organismos internacionales en varios países de América Latina desde los años ´90”.

Docentes y directivos de distintas zonas y escuelas denuncian al Operativo en todo el país por tratarse de "una evaluación externa que vulnera la autonomía de las instituciones educativas, que está sujeta a lineamientos de organismos de crédito internacional que plantean el uso discrecional de sus resultados para imponer reformas educativas de tipo neoliberal”.

 

Para los que se oponen a la evaluación,  "la tendencia es crear una ‘cultura de la evaluación’ que, como ha venido pasando en otros países, pueda luego dar argumentos para implementar reformas en el sistema educativo en miras de inducir qué contenidos deben darse y de optimizar costos para lograr ‘mejores resultados’, justificando de esta forma la necesidad de privatizar o tercerizar la educación pública, asociando estos procesos a la ‘calidad’ educativa”.

Para los opositores al operativo, "el debate de trasfondo es nada más ni nada menos que el de la educación entendida como derecho social, o bien como servicio, como mercancía. El proceso privatizador de la educación en nuestro país empieza con la última dictadura cívico-militar, en donde se sientan las bases (estratificación y dispersión del sistema) para un cambio paradigmático de la definición del rol del Estado en el campo de la educación, convirtiéndola en un elemento más del mercado. Luego este proceso es continuado durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, dando entrada a la injerencia de los organismos financieron internacionales en las propias reformas educativas de varios países latinoamericanos (creando vínculos estrechos entre programas económicos –créditos, préstamos- y programas educativos)”.

"El sistema educativo público argentino sufre hoy un difícil momento: escuelas con graves deficiencias edilicias, reducción del presupuesto en todas las esferas, desmantelamiento de programas educativos y de formación docente, salarios docentes que no alcanzan a cubrir la canasta familiar, falta de miles de vacantes en el nivel inicial, emergencia educativa por falta de docentes en varias zonas y distritos, entre otros. Ante este panorama, el Gobierno gasta millones de pesos en la elaboración, implementación, corrección y sistematización de las pruebas. Un contrasentido político que atenta fuertemente contra la educación pública del país”, dijeron.

Se lo denuncia también en tanto se lo entiende "en directa contradicción con las propuestas pedagógicas que día a día sostienen docentes en las aulas, y por las consecuencias que este tipo de proyectos tendrían para sus condiciones laborales como trabajadorxs de la educación y para las escuelas mismas–vía un sistema de premios y castigos. Es conocido el proceso en otros países en donde las evaluaciones de este tipo han traído aparejada la sujeción de los salarios docentes a los resultados de las evaluaciones realizadas tanto a estudiantes como docentes (vía "rankings” de escuelas y otro tipo de premios-castigos para docentes y escuelas). El colmo del avance en la precarización es el llamado que el Gobierno hace a los docentes a anotarse como aplicadores a sueldo (por $ 1000.-), por supuesto sin concursos”, aseguraron.

"Estas evaluaciones intervienen en forma directamente negativa en los procesos de aprendizaje de los alumnos, porque el proceso de enseñanza se ve interrumpido por las ‘preparaciones’ necesarias para rendir las pruebas, por lo que los docentes se ven de alguna manera obligados a focalizar el proceso de enseñanza sobre los contenidos a ser evaluados (principalmente lengua y matemática). Esto genera un efecto claramente disciplinador. Por otro lado, al ser una evaluación estandarizada, única para todxs lxs niños del país, no tiene en cuenta particularidades (procesos y contextos de aprendizaje), y ‘tecnifica’ la concepción de aprendizaje al esperar respuestas estándares por parte de lxs alumnxs”, analizaron.

Otro aspecto de estas evaluaciones estandarizadas es el referido a los contenidos educativos: "en este proceso de legitimación de la cultura de la evaluación y de la necesidad de reformas educativas con el argumento de contrarrestar la ‘baja calidad’ de la educación en nuestros países, se avanzaría en la imposición de contenidos tecnocráticos y pro-mercado”.

En palabras de Leandro Rodriguez, docente de tres escuelas medias de Capital, "se intenta un poco estandarizar la educación con una vara y con criterios que no son debatidos por los propios docentes y la comunidad educativa sino que son criterios que vienen desde arriba y desde afuera de las escuelas y que estarían en función de aumentar la productividad de los alumnos-futuros trabajadores, en el sentido de hacerlos rendir más para las empresas pero en general sin fomentar mucho la conciencia crítica.”

Marisabel Grau, docente y delegada de la escuela media  y miembro del consejo directivo de Ademys explica el rechazo al Operativo: "nosotros nos oponemos a las evaluaciones del operativo Aprender 2016 porque son evaluaciones externas a la institución y al proceso educativo que desarrollan los estudiantes en las escuelas , son estandarizadas, es decir que es la misma evaluación para los chicos de todo el país, respondiendo a parámetros de rendimiento internacionales. De hecho son elaboradas por una empresa privada contratada por el Gobierno Nacional, siguiendo los lineamientos de esos organismos internacionales para medir la calidad y el rendimiento en términos empresariales, cuestión a la que nosotros nos oponemos porque entendemos que la educación no puede pensarse en ese sentido y menos aún atar a esos resultados evaluativos ni las condiciones laborales, ni el salario docente, ni los premios que van a recibir las escuelas, como es el objetivo del Ministerio de Educación de la Nación.”

SUTEBA, por su parte, ha elaborado una nota modelo de carácter legal para ser completada por todo aquel docente o directivo que quiera negarse a participar del Operativo, con argumentos jurídicos y pedagógicos.