Lo que sí deja a la intemperie el caso es lo laxo del sistema: hasta los presos ambulatorios en comunidades como Jáchal -donde se conocen todos- saben que nadie los controla y se animan hasta a aparecerse por la calle cuando no anda nadie, y lógicamente detectarlo es mucho más fácil.
También habla de la doble vara con la que las dos columnas de la justicia en San Juan escuchan y atienden el run run de la calle. Mientras la Justicia Federal con asiento en la provincia ya ha producido una docena y media de estas medidas controvertidas, la justicia provincial patea la pelota al vecino, dilata los tiempos y directamente prefiere evitar pronunciarse.
Son distintas jurisdicciones, pero es válido aclarar que juegan las dos para el mismo objetivo en esta pandemia. Si la finalidad es descongestionar las prisiones, tanto la justicia ordinaria de la provincia como la federal tiene a sus detenidos en el mismo lugar: el Penal de Chimbas. Distintos pabellones, el mismo penal. Y el bichito no anda preguntando a disposición de qué juzgado está un eventual postulante intramuros a enfermarse.
Dos estómagos diferentes, consecuente de naturalezas distintas para cada especie de tribunal. Distintas jurisdicciones, la misma finalidad: hacer justicia. Ocurre que el debate público sobre el asunto ha sido tan potente, en particular en Argentina por motivos inconfesables en público, que despeina a más de uno al momento de tomar decisiones filosas.
Lo obvio, una espontánea y granítica oposición a la liberación de presos, pronunciado de esa manera inapelable. Liberación que no ocurre, sino que opera una prisión domiciliaria: pero la gente conoce bien de que se trata, son domiciliarias como las del jachallero. Se salpimenta para atacarlas con el rótulo de decisiones únicas en el mundo, apelando lógicamente a la pereza que da pegar una mirada para ver si el cierto.
De tan evidente y a mano para la indignación automática, lo obvio descuida lo de fondo. Que es lo que siempre ocurre en los debates traccionados artificialmente desde algún foco de interés por intermedio de las redes y su poder de fuego.
Y lo de fondo es el deplorable e insuficiente estado de las prisiones en el país desde mucho antes del coronavirus, que las han convertido en un depósito de huesos sin la mínima expectativa que de allí salga algo parecido a una persona luego del cumplimiento de una pena.
Recién ésta gestión política ha comenzado a intentar reparar con la construcción de una nueva y moderna unidad carcelaria en Ullum el problema en San Juan después de que el penal de Chimbas se convierta en un desborde total, sin coronavirus. Entre sus muros hay algo más que el doble de los internos que puede tolerar. Entre ellos, más de la mitad son encauzados, es decir sin sentencia en firme, a los que la ley determina que no pueden estar detenidos excepto en los casos de gravedad, ni mezclados con los sentenciados. Pero abundan los ladrones de gallina y sin sentencia, teléfono para el elefante con sueño que son los tribunales ordinarios de San Juan.
Ocurre en todos lados: en Buenos Aires, la furia carcelaria de la ex gobernadora Vidal llenó de internos las cárceles y no construyó ni un barrote. Resultado: hay 43.500 en su sistema carcelario, y los penales tienen lugar para 21 detenidos. Sobra la mitad.
Verdaderas bombas virológicas para los presos, los empleados y para la comunidad entera, justamente lo que hace falta comprender. En Chicago, una de las ciudades de EEUU más golpeadas por el virus detrás de NYC, consideran que el principal foco de infección de la ciudad es el penal del condado de Cook: entran y salen centenares de personas por día, médicos, enfermeros, limpieza, administrativos además de los guardias. Cada uno de ellos se va de ahí a su casa. Y el virus crece. Y cuando un preso contrae Covid-19, es derivado al mismo centro de atención con terapias y respiradores donde son derivados los otros pacientes enfermos, ocupan una cama o un aparato y se la niegan al que viene detrás.
No parece demasiado difícil de entender. Alejados de los razonamientos premoldeados, existen los datos. Si se supera la barrera de la pereza para ir a buscarlos, aparecen y aportan al debate sensato. En EEUU rebalsan las referencias a las excarcelaciones de presos por el Covid: en el penal de Marion (Ohio) las concedieron al 30% de los internos porque dieron positivos 2.000 internos; en el penal de Maricopa (Arizona), bajaron la cantidad de presos de 7.500 a 5.300; en Los Angeles (California) los presos en correccionales pasaron de 17.000 a 12.000; en Denver (Colorado), liberaron al 41% de todos los presos; en todo el estado de Nueva York hay hoy la menor cantidad de reclusos de la II Guerra, 4906, según el New York Post. Datos recogidos por el diario Página 12 ( https://www.pagina12.com.ar/263936-que-hace-estados-unidos-con-sus-presos ).
En Brasil, hasta el 28 de abril se liberaron a 30.000 detenidos según un completo informe del diario Clarín (https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-carceles-liberan-cientos-miles-presos-mundo_0_ihFtd4RRI.html). El motivo es que las cárceles están saturadas con el doble y hasta el triple de personas en su interior, según el diario New York Times que cita el medio argentino. En el informe, también aparecen casos de otros países (Irán con la mitad de presos excarcelados, o Turquía con 50.000).
Siempre en referencia a decisiones de magistrados –no de presidentes ni gobernadores, importa resaltar pese a la obstinada negación en contrario- de morigerar las penas: convertir prisiones en penas “domiciliarias”. Porque también hay decisiones de los Ejecutivos en el mismo sentido. Y no hay que irse muy lejos para encontrarlas: apenas cruzar la cordillera se puede conocer la historia de Sebastián Piñera.
El presidente de Chile indultó por ley a 1.700 personas detenidas, bajo el argumento de “proteger a la sociedad”. Una decisión que, a pesar de llevar el rótulo de ley, se trata de una decisión privativa y unilateral del presidente, que ejerció Piñera bajo su firma (https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/16/pinera-promulga-ley-de-indulto-conmutativo-por-coronavirus-en-chile/).
Nadie podrá argumentar que Piñera es comunista, ni que lo orienta un punto de vista populista, pero que sí tomó decisiones a diferencia de otros tantos jefes de Estado como Trump, Bolsonaro o el propio Alberto. No hubo oleadas de quejas prefabricadas y distribuidas en masas por las redes sociales en Chile, ni en EEUU ni en ningún lado. Tampoco semejante nivel de críticas a los magistrados, ni opinators variados montando su shows en los paneles televisivos.
Esas subespecies degenerativas del razonamiento humano parecen ser privativas de Argentina, del puñado de balcones palermitanos que inundan de mal olor al país entero, desde que se suponen (y ejercen como tales, con éxito evidente) la glándula del humor colectivo más poderosa del país.
Tan potente de asusta por su alcance y atemoriza a quienes deben decidir. La justicia federal con asiento en San Juan se siente menos expuesta y por eso se tomó la licencia de resolver sin titubear en 14 casos por medio del Tribunal Oral Federal que integran los jueces Echegaray, Doffo y Rattá Rivas. Se amparan en la resolución de la Cámara de Casación que los autoriza, con sus requisitos: que no sean autores de hechos violentos como crímenes o robos a mano armada, delitos sexuales o de género, otros aberrantes, lesa humanidad, etc.
La misma norma podría inspirar los jueces de tribunales provinciales, pero acá sí que es otro cuento: nadie quienes meter los dedos en el ventilador. En la familia judicial sanjuanina abunda la presunción de pertenecer a los bandos en queja, son más sensibles, le entran las balas que –lo dicho- no deberían ser tales.
Payanean entonces con cuestiones de forma: pedidos de informes sobre los más de 200 casos, que son los pedidos formales que les aterrizaron, imposibles de ser respondidos en varios años, cuando ya se haya inventado la vacuna. Tal vez, asumiéndose incapaces de hacer las cosas a conciencia, o de argumentar eficientemente ante los vendavales que bajan de los Facebook.
Luego entra a jugar el otro factor: a quiénes les fue concedido el beneficio. Y comienza a orejear una baraja de malhumor bien ganado. Poner a un violador en la esquina de su víctima con la excusa del coronavirus se parece más bien a una travesura judicial que a un despiste: ¿hay alguien que puede alegar no haberse dado cuenta?
Salta un sanjuanino jugando en otras canchas: Julio Conte Grand, perteneciente a una familia reconocida de estos lados pero que hace años se desempeña en las ligas nacionales. Fue funcionario macrista, sonó incluso para procurador de la Nación y ahora ocupa el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires, donde trabajó con Vidal.
Hay muchos dedos acusatorios contra Conte Grand desde el oficialismo nacional, que lo consideran como quien abrió las puertas de los penales sin mirar la cara de los clientes. Cuando, como máxima autoridad de los fiscales bonaerenses, les pidió a los defensores que avanzaran con esas solicitudes.
Sin reparar la condición del solicitante, y ahí está el punto. Porque no es lo mismo avanzar con algún beneficio a un preso por causas menores que a un salvaje sentenciado por delitos aberrantes. La duda es: ¿cuántos violadores o asesinos fueron realmente beneficiados en esta rueda de la felicidad que montaron algunos jueces?
Una duda razonable porque hay mucho pasto para las fieras, mucho acting mezclado entre quejas sensatas. Una jueza de Quilmes estimó al aire con fina precisión que había 176 violadores con domiciliaria y un día, debió recular luego cuando el bolazo fue puesto en evidencia por la realidad.
Hay casos y casos. Delitos y delitos. Incluso el dealer jachallero no está ni entre los grupos de riesgo (por enfermedad o edad), sino porque estaba cerca de cumplir con la sentencia y no había utilizado métodos violentos. Lo traicionó su extrema confianza en que en la Argentina nadie controla nada. Tiene razón, pero justo en su caso marche preso.
