Justicia para pocos (y pocas) – Por Sebastián Saharrea

María Inés Rosellot es la jueza de la megacausa en Tribunales que investiga un hecho histórico e inédito: un presunto delito de asociación ilícita cometido en el mismo lugar donde se investiga, el palacio de los Tribunales.

Está a punto de retirarse, ya presentó su renuncia para acogerse al privilegio del 82% móvil que ha marcado el paso del grueso de los magistrados que habían envejecido a la justicia provincial porque a pesar de su edad vegetativa retenían sus cargos y frenaban el recambio natural porque el sistema ordinario, de la mayoría de los jubilados del país, no les parecía bien.

No lo podrá hacer tan rápido. Antes deberá resolver dos denuncias que le llovieron justo antes de dar las hurras. Es que la defensa de su ex colega jueza Rosalba Marún de Sobelvio, a quien ella procesó por su presunta participación en el escándalo con sus fallos, le presentó un pedido de juicio político que posiblemente dilatará la salida de la jueza penal. El abogado de Marún, Cayetano Dara, no tuvo pelos en la lengua para explicarlo: es parte de la estrategia, dijo.
Interpretación libre sobre esa estrategia: crear inconvenientes al retiro de la magistrada y especular con que en el medio de la polvareda pueda sacar algún beneficio.

No fue la única presentación judicial contra la magistrada saliente, proveniente de quienes ella misma procesó. Porque la defensa de Santiago Graffigna, no sólo procesado sino además encarcelado por su condición de presunto articulador de esa asociación ilícita, anticipó una presentación contra Rosellot por prevaricato, es decir por emitir sentencias contrarias a la ley.
Debió entender a la fuerza Rosellot que no le salió gratis haber manejado desde su presentación en 2010 la megacausa más escandalosa de la historia reciente de la provincia, aunque sólo le deje la cicatriz de un tiempo extra al frente del juzgado que ya tenía adjudicado a disfrutar de su retiro.

Pero el mensaje no parece ser para ella. La cancha enjabonada que plantearon los abogados de algunos de los procesados por Rosellot tiene aspecto de estar dedicado a quienes tomen la posta una vez que la jueza consiga jubilarse. En lenguaje directo y sin encriptar, la certeza para el sucesor de Rosellot que deberá enfrentar el mismo tablero pantanoso con presentaciones cruzadas, una guerra de guerrillas para la que hay que estar muy bien de ánimo y no es para cualquiera.

Le tocará a quien suceda a la jueza renunciante, una vez que efectivamente renuncie si se deshace rápidamente de los enjuiciamientos con los que piensan dispararle. Ya cuentan en Tribunales que la lista de sucesores para el juzgado de Rosellot no será de dos cuadras de abogados, como viene sucediendo con cada puesto en los juzgados que se abre. Si eso se concreta, se habrá conseguido el efecto de disuasión sobre los encargados de desentramar una fenomenal red que parece haber echado raíces en el propio edificio y que funciona como brasa caliente.

¿Por qué una brasa caliente? No es un dato menor el DNI de los sospechados, la mayoría de ellos de fuertes vinculaciones sociales y largos años en el lobby jurídico, concediendo favores a amigos y luego cobrándolos. Por eso esta causa no es apenas un expediente judicial, sino un corte transversal por la cadena de favores –así definida por el propio juez Carlos Macchi, sometido a jury por estos días- e intercambios de simpatías forzadas por el interés.

Una incisión que no será fácil primero identificar a pleno y luego desarticular, estando los protagonistas como lo están, a ambos lados del escritorio: unos acusados, tal vez guardando algún secreto incómodo, y otros en los casilleros de los acusadores. Solamente el recambio generacional, tan demorado por intereses patrimoniales de los magistrados, será capaz de ir renovando el oxígeno.

Buena muestra de esta aureola atemorizante –hasta paralizante, definiera algún letrado en los bares frente a Tribunales- es el festival de inhibiciones que se produjeron aguas arriba del juzgado de instrucción de Rosellot que debe revisar sus fallos. Cayó la brasa caliente en la sala II de la Cámara Penal, donde pareció haber caído un bombardeo con napalm.

Se produjo entonces una estampida de sus integrantes, todos ellos cercanos al retiro, que debió ser zanjada por magistrados de la nueva generación. El argumento fue la inhibición, alegando proximidad con alguno de los involucrados. No es poco razonable: entre los involucrados hay magistrados, y es bien probable un vínculo surtido entre colegas. El problema apareció cuando esa supuesta vinculación empieza a ser forzada, extremada por la conveniencia de quedar lo más lejos posible de tener que resolver en una causa tan trascendental, que seguramente dejará huella y escribirá una página histórica para la justicia provincial.

Dos de los camaristas de esa sala fueron repuestos luego de haberse inhibido por motivos de relaciones personales con los involucrados en el megaescándalo: Peluc Noguera y Vega habían invocado ese vínculo, y el tribunal que resolvió sobre esas inhibiciones, integrado por los nuevos jueces Blejman y Ortiz, resolvieron que esos motivos no eran suficientes como para alejarse y que debían mantenerse. Ahora parece que uno de ellos acaba de hacer una nueva interpretación de esa decisión y volvió a reclamar alejarse porque dice que el fallo fue con dos votos a favor de su postura.

El debate sobre quién debe hacerse cargo de la causa entre los camaristas y quienes debieron resolver sus pedidos de alejarse duró un tiempo largo. Y le dio la razón al abogado Horacio Alday, prófugo por este mismo escándalo, quien pataleaba por una negación de justicia porque estaba pidiendo que alguien se hiciera cargo de su apelación sobre el rechazo dispuesto por Rosellot al pedido de eximición de prisión que había solicitado.

Hasta que quedó conformada la sala, que debería entender en todas las apelaciones a las decisiones de Rosellot o de quien la reemplace. Si es que no se suman nuevos implicados y nuevamente se pone a funcionar la maquinaria inhibitoria de amigos cruzados: podría ocurrir si Macchi es destituido y sumado a la causa penal. La primera en apartarse sería la propia Rosellot, declarada amiga de Macchi, pero ya posiblemente retirada. Y luego habría que ver entre los camaristas si alguno consigue acreditar relación con el eventual nuevo imputado, y salirse así del centro de este tiro al blanco.

También habrá que ver qué ocurre con el prometido jury a Rosellot, si es que no termina en apenas una amenaza. Sorprendió el fiscal general Eduardo Quattropani sosteniendo que no se apartaría: él ya se inhibió ante los jurys contra los dos jueces civiles involucrados, con Marún de Sobelvio por haber sido socio en un estudio jurídico y con Macchi por amistad. Después aclaró que hablaba sobre la destinataria (Rosellot) y no sobre otra cosa: claro, la impulsora podría ser la misma jueza (Marún) por la que se había inhibido cuando fue destinataria de un jury. La presencia de Graffigna entre los acusados también motivó inhibiciones de fiscales amigos suyos: Guillén Médici.

Lo que dispara la asombrosa cadena es dónde está la línea que separa, si es que la hay, a los amigos de los apenas conocidos con los que uno cruza saludos en el pasillo. Su uso, y su abuso.

De allí resulta clara la escasa vocación por juzgar al entramado corporativo, alzar un dedo contra un colega, su entorno, su atmósfera. Cuando no hay nada de eso en la mira, hacen cola para bajarle la caña al acusado que se ponga.

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Justicia para pocos (y pocas) – Por Sebastián Saharrea

La investigación penal del escándalo de expropiaciones es una brasa caliente: nadie la quiere agarrar. Y un claro ejemplo del carácter judicial: hacen cola para mandar a prisión a ladrones de gallinas, pero le corren el cuerpo a los casos con involucrados reconocidos.

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