Tensión por la nueva ley de hidrocarburos

El proyecto del Gobierno –elaborado por los equipos técnicos de YPF con su CEO Miguel Galuccio a la cabeza– apunta a lograr establecer un criterio uniforme en la cuestión impositiva y a generar incentivos a las empresas que inviertan en hidrocarburos. La aplicación de la denominada Ley Corta –sancionada en 2006 y que traspasó a las provincias el dominio de los yacimientos, tal cual lo establecía la nueva Constitución nacional– generó que cada provincia estableciera sus propias normas de contratación, fijación de regalías y los plazos de explotación. Eran tiempos en que YPF era un actor más del mercado y no la actual empresa estatal que busca cumplir un rol estratégico en la política energética nacional. Galuccio y compañía entienden que con el actual esquema es imposible atraer las grandes inversiones que requiere la extracción de recursos no convencionales a través del fracking. “Queremos una regla común para que los empresarios sepan que una provincia no va a subir los impuestos y la otra no”, aseguró Cristina Fernández la semana pasada en Casa Rosada, en un claro respaldo al hombre fuerte de YPF y con destino a los gobernadores presentes de las provincias petroleras. La misma línea conceptual trazó la Presidenta el miércoles pasado en su participación en la Bolsa de Comercio.

Lo cierto es que la respuesta de los mandatarios enrolados en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) no fue uniforme. Algunos como Daniel Peralta (Santa Cruz), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Fabiana Ríos apoyaron la iniciativa o marcaron pequeños cuestionamientos. En cambio, los gobernadores de las principales provincias productoras, Martín Buzzi de Chubut y Jorge Sapag de Neuquén, se oponen claramente al proyecto, junto al mendocino Francisco Pérez y el rionegrino Alberto Weretilnek. La fijación de un tope para las regalías y la exclusión de las petroleras provinciales en las nuevas concesiones son los dos aspectos que pusieron los pelos de punta de estos gobernadores que entienden que la iniciativa oficial entra en conflicto con la Ley Corta. “No voy a firmar ningún papel que nos quite la autoridad que hemos construido los patagónicos. Para ser libres tenemos que manejar los propios recursos”, afirmó Buzzi pocas horas después del acto en la Rosada. Galuccio le respondió casi de inmediato y aseguró que el proyecto “para nada modifica los contratos acordados por la Ley Corta. Es una ley para adelante”. Incluso redobló la apuesta y aventuró que “es muy probable que antes de fin de año haya una nueva ley de hidrocarburos”.

El reciente descubrimiento no convencional en el pozo Filo Morado, que YPF opera en Mendoza, fue utilizado por la petrolera como un argumento más de la necesidad de contar con una ley que cree condiciones uniformes en todo el país. Según Galuccio, este pozo presenta “resultados preliminares muy interesantes” que abren “la posibilidad de producir petróleo y gas no convencional también en territorio mendocino”. Justamente uno de los distritos hostiles a su iniciativa.

Más allá del optimismo de Galuccio, el paisaje legislativo no aparece tan apacible como lo pinta el CEO de la petrolera estatal, si no son tenidas en cuenta las modificaciones que reclaman los gobernadores. De hecho, la disputa petrolera le puso el moño al alejamiento definitivo de Weretilnek del kirchnerismo y su acercamiento a Sergio Massa. Consecuentemente, el oficialismo perdió en la Cámara baja los dos diputados (Herman Avoscán y Luis Bardeggia) que responden al rionegrino. “La nueva ley de hidrocarburos es a favor de las empresas y en desmedro de las provincias; eso está absolutamente claro”, sostuvo el gobernador a la hora de mencionar uno de los motivos por los que se alejó del kirchnerismo.

Tampoco acompañará el proyecto tal como está la diputada neuquina Alicia Comelli, del sapagismo. En Chubut, la resistencia al proyecto oficial cruza a oficialistas y opositores: los cinco diputados que representan a la provincia (tres del Frente para la Victoria y dos que responden al ex gobernador Mario Das Neves) adelantaron que votarán en contra de la que en el Congreso ya se define como “Ley Galuccio”. El panorama enciende algunas alarmas en el bloque del Frente para la Victoria, porque que más allá de esta ley en particular, el quórum puede quedar más ajustado. Sin estos legisladores, el oficialismo no reúne la mayoría absoluta en el recinto.

La cuestión petrolera resulta muy cara en aquellas provincias donde constituye su principal generadora de recursos. Por cierto, el margen de los gobernadores para negociar es escaso sin que se les generen conflictos en el frente interno. En el caso de Sapag, mantiene una dura disputa interna dentro del Movimiento Popular Neuquino con Guillermo Pereyra, senador nacional y máximo dirigente sindical petrolero en la provincia. Algo similar le sucede a Buzzi: cualquier atisbo de debilidad puede ser capitalizado por Das Neves y también puede perder el apoyo del estratégico Sindicato del Petróleo y Gas Privado que conduce el dirigente Jorge “Loma” Ávila. Es por eso que ante la coyuntura ambos gobernadores convocaron a sus respectivas legislaturas para que a través de una declaración rechazaran la nueva ley de hidrocarburos.

Con este panorama, los equipos técnicos de Galuccio comenzaron a elaborar algunas modificaciones a la ley, que no son más que ciertas concesiones hacia los gobernadores rebeldes. Por ejemplo, ofrecerá incluir el pago de un bono por parte de las petroleras que prorroguen por diez años las actuales concesiones. Justamente esta oferta constituyó uno de los puntos de la contrapropuesta que acercó Sapag al proyecto original. Pero la base sobre la que se pagaría ese bono que propone Galuccio no es la misma que la que pretenden los gobernadores. Desde YPF proponen que ese bono se pague sobre las reservas probadas (aquellas que ya están siendo explotadas), en tanto que las provincias pretenden que se lo haga también sobre las reservas probables (las que se conocen su potencial pero aún no han sido explotadas). En YPF se resisten a ceder en este punto porque entienden que proyectos como el de Vaca Muerta requieren inversiones intensivas por un largo período y ese tipo de pagos afectaría sensiblemente la tasa interna de retorno.

Con todo, en YPF caracterizan como “desagradecidos” a los gobernadores rebeldes. Entienden que desde que la compañía pasó a control estatal, la gestión dio respuestas a los reclamos históricos de los mandatarios. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con el precio interno de los hidrocarburos. “Desde que asumimos, la cotización del crudo se fue acercando al precio del barril internacional y por lo tanto lo que perciben de regalías creció exponencialmente. Lo mismo sucede con el precio del gas, que se triplicó para estimular la producción”, señala a Veintitrés un asesor de YPF que participó de la elaboración del proyecto. De hecho, un informe de la consultora NOAnomics sostiene que el desacople de los precios internacionales con los domésticos generó para el total de las provincias petroleras un lucro cesante de 18.000 millones de dólares, siendo Neuquén la más afectada por 8.372 millones de dólares. Claro que este tipo de informe no toma en cuenta que ese desacople fue uno de los factores que motorizó la reactivación económica entre 2002 y 2012.

A pesar de las diferencias, los puentes entre la Nación y las provincias no están cortados. La urgencia que hoy marca el tratamiento del proyecto que propone cambiar el lugar de pago a los bonos reestructurados abre un compás de espera a esta iniciativa que puede acercar a las partes. Las inversiones para Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales son tan necesarias para la Nación y las provincias que obligan a todos los actores a encontrar un punto de encuentro en el marco legal que las contenga.