La decisión impositiva de Mendoza que golpeará a los sanjuaninos

*La semana pasada se resolvió la cuestión legal de Pascua Lama del lado chileno. La Corte Suprema de aquél país confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó dejando viva la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y ratificando las acciones de corrección ordenadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. En los días previos a la publicación de la sentencia hubo gran incertidumbre porque se especulaba que los porcentajes a favor y en contra del proyecto eran similares. Si la Corte resolvía según el pedido de los ambientalistas diaguitas cancelando la RCA, la empresa debía comenzar de cero con estudios que demandarían al menos dos años, lapso que extendería aún más la ya retrasada agenda de explotación de la mina de oro más grande del mundo. Directamente había que pensar en un shut down, levantar todo y apagar la luz. El retardo implicaría un incremento de costos insoportable para una ecuación que, según las variables actuales de precios, ya está en el límite.
La novedad no obliga consecuencias positivas. Si la Corte fallaba en contra estábamos frente a un escenario de cierre. Que haya fallado "a favor" para nada significa garantía de que todo siga adelante. Cierra los reclamos legales de ambientalistas a ambos lados de la cordillera pero el problema de fondo sigue vigente. Prueba de ello es la falta de reacción del valor de acciones de Barrick que, no obstante la "buena noticia" no modificaron su precio ni el volumen negociado. Siguen clavadas apenas por encima de los 18 dólares, es como si nada hubiera pasado. Es cierto, para el análisis falta un elemento clave: el texto del informe trimestral que Jamie Sokalsky, CEO de Barrick, debe firmar en los próximos días. Es posible que avance en alguna  definición o que mantenga  una "statement press", declaración formal que se limita a una simple descripción del estado de situación. De todas maneras, se lo exponga o no explícitamente, debe esperarse alguna modificación de la estructura del bureau regional de Perú para abajo. Sin contar Pascua Lama, ésta y todas las mineras mundiales están en un proceso severo de rebaja de costos en simetría con la baja de precios de los metales. Por otra parte, nadie está abriendo yacimientos nuevos en todo el planeta.
*Meses atrás advertimos los problemas que enfrenta la administración de la mina Casposo en Calingasta. Yacimiento de oro equivalente porque siempre se cotiza por el metal más valioso,  en los hechos es una mina de plata. El precio de la plata hizo un recorrido que comenzó el 2 de enero de este año con una cotización de 31,39 dólares. Empezó a caer para tocar el 28 de junio un piso de 18,95 dólares para comenzar a recuperar situándose al 30 de septiembre en 21,56 dólares por onza troy. Paralelamente, las acciones de la compañía, Troy Resources, concesionaria de la explotación, variaron desde 2,210 el 19 de junio pasado al piso de 1,270 el 1 de agosto para subir lentamente hasta 1,510 el 30 de septiembre. Los dos factores, base para saber el estado de un negocio, se encuentran el 30 % por debajo de su máximo valor de este año y lejos de sus máximos históricos.
Es fácil entender que los ajustes de costos son imprescindibles. Los cambios de métodos y la reducción de contratos a terceros en cantidad y precios no están expresando búsqueda de mayores ganancias sino solo de mantener el barco en la línea de flotación. Es lógico que los empleados que quedaron afuera reclamen como lo hicieron los calingastinos pidiendo ser reincorporados, pero es muy difícil que tengan éxito en su pretensión. El sacrificio es obligado. Como dijéramos meses atrás, Casposo sigue operativa principalmente para no dejar el tendal en un departamento que no presenta opciones laborales. La manzana ya no existe, el ajo está en camino de extinción, los diferimientos se abandonaron, hay campos fértiles abandonados y el turismo tarda en arrancar.
*El daño irreversible y extraordinario provocado por las heladas extemporáneas en el peor septiembre climático que se recuerde en la historia reciente, será agravado por una decisión impositiva tomada en Mendoza. A partir de Mayo cesó la exención del pago de ingresos brutos para mostos y caldos de vinos que parten de San Juan con ese destino fiscal. Imposible entender la filosofía tributaria que justifica esa medida. Por ejemplo, un supermercado que vende en San Juan y tiene domicilio fiscal en otra jurisdicción, como todos los grandes que operan aquí, tributa en su origen pero reintegra esos montos a la provincia mediante el llamado Convenio Multilateral. Recauda un distrito pero distribuye a cada cual su parte, una forma práctica y eficiente que evita complicaciones y dobles imposiciones. ¿Cómo se justifica que una empresa sanjuanina exenta, como lo están las de la actividad primaria (es decir sin valor agregado), deba tributar en un distrito ajeno como Mendoza por el hecho de haberle vendido su producción a un mendocino? No tiene sentido.
Ya pasó con Misiones, que intentó cobrar un impuesto a la exportación, facultad del Estado Nacional, por el mero hecho de que los productos pasaban por allí camino a Brasil. Aquello se resolvió, pero ahora aparece esto que ya produjo descuentos automáticos con retenciones a los pagos liquidados desde mayo en adelante. Se sabe ahora porque comenzaron a llegar los resúmenes con descuentos de hasta el 3 % afectando en esa proporción la rentabilidad de un sector muy castigado y sin margen. Un episodio más de la compleja relación que se mantiene con la administración de Poco Pérez (como le dicen en Mendoza).
*Pero no es todo. También esta semana se confirmó la caída del Convenio de Co-responsabilidad Gremial, ley que permitía al agro el pago de las contribuciones a la Seguridad Social en los momentos más adecuados de su proceso productivo. Como se sabe las actividades son típicamente estacionales con períodos muy definidos de flujos de fondos entrantes y salientes y un alto nivel de rotación laboral. Luego de un arduo trabajo de las partes, trabajadores y empleadores bajo el arbitraje de la autoridad laboral, se había logrado llegar a un acuerdo satisfactorio mediante la aplicación de la llamada "tarifa sustitutiva", un aporte a realizar en cinco cuotas desde cada Agosto equivalente a cinco gamelas de uva por trabajador. El sistema permitía también una correcta coordinación entre los beneficios de salario familiar y asignación universal por hijo. La caída, que opera solamente para San Juan, fue por denuncia de la parte viñatera al no admitir el sector gremial una reducción para la uva a vinificar. Tanto la Federación de Viñateros como la Cámara Vitivinícola, sostienen que el aporte debe ser menor para ellos porque el cosechador transporta menos distancia la gamela siendo asistidos por una cinta transportadora. En el primer año de funcionamiento del acuerdo, la obra social de los trabajadores, en su mayoría temporarios, había mejorado su recaudación en más de 8 millones.