El proyecto San Jorge tensa relaciones en Mendoza

Por Daniel Tejada
Canal 13 San Juan

El intendente de Las Heras, el justicialista Rubén Miranda, no hablará por ahora sobre el proyecto minero San Jorge y la posibilidad de que se mude su planta de producción de cobre de Uspallata a Calingasta como estrategia para evitar las restricciones mendocinas.
La firma canadiense Coro Mining hizo el anuncio oficial –a modo de intención- en la última edición de la feria internacional de Toronto PDAC y lo ratificó hace un par de semanas en su sitio web. Con la mudanza de la planta de producción a San Juan, la minera podría zafar de las restricciones de la ley cobista 7.722 y de un contexto político poco amigable para la actividad. La legislatura mendocina bochó el proyecto San Jorge en agosto del año pasado (ver aparte).
Por ahora el jefe comunal reelecto –confeso defensor de la minería- mantendrá el silencio absoluto, según manifestó su jefa de prensa a Tiempo de San Juan. Una clara muestra del momento de tensión que envuelve al yacimiento cuprífero.
Manda la cautela también en San Juan. Aquí el calingastino Robert Garcés subordinó el avance de la iniciativa de la minera canadiense a que se alcance un acuerdo político entre los gobernadores Francisco “Paco” Pérez y José Luis Gioja. Sólo así sería viable el proyecto bi-provincial, sin conflictos regionales de por medio.
También habló, pero con extremo cuidado, el diputado lasherino Fabián Miranda, hermano del intendente municipal. El legislador provincial dijo a Tiempo de San Juan que aún no tiene posición sobre la posibilidad de que San Jorge se parta en dos. “Todavía no hemos tomado pleno conocimiento. No tenemos información certera. Lógicamente no puedo tener una opinión”, justificó el dirigente.
“La posición nuestra siempre ha sido clara. Nosotros estamos a favor de la minería. Incluso lo dijimos en el proceso de audiencia pública del proyecto San Jorge, que se vio frustrado. Pero la verdad es que desconozco ese nuevo proyecto. Todavía no nos ha llegado, a la Legislatura no ha ingresado nada”, advirtió Miranda.
Un bloque de intendentes promineros y sus legisladores, motorizados desde Malargüe por Juan Antonio Agulles, promovieron en Mendoza la salida paulatina de la ley 7.722. Pero hasta ahora los avances de esa movida –si los hubo- no se sintieron.
De hecho, el diputado Miranda desconoció cualquier intento por ablandar la ley prohibitiva: “Acá la verdad que no ha llegado nada. Esto tiene que ver con una plena definición política. Todo lo que podamos llegar a opinar queda medio como sin sentido hasta que no haya una definición clara, concluyente, políticamente hablando”.
Apuntó hacia el gobernador Pérez. “Como máxima autoridad de la provincia, por supuesto que depende del gobernador. Depende del Ejecutivo”, enfatizó. Miranda reconoció que en Mendoza “se ha politizado” la discusión en torno a la minería.
“Las Heras es un departamento con muchas riquezas minerales. Creo que es posible desarrollar la actividad con el absoluto control del cuidado del medio ambiente y del agua”, aseguró. Sin embargo, el escenario político no acompaña la manifestación de deseos.
El gobernador Pérez tuvo que esquivar las críticas opositoras en plena campaña electoral en 2011 por su origen prominero, al haber integrado el bufete de abogados BRGPG, vinculado a compañías del rubro, como San Jorge-Coro Mining.
Tal vez esa fuera la razón por la que el político nacido en Jujuy y afincado en Mendoza se vio en el desafío de enfriar sus contactos con el sector. Hoy le echan en cara la falta de toma de decisiones.
El presidente de la Cámara Mendocinas de Empresas Mineras (Camem), Roberto Zenobi, ha cuestionado en reiteradas ocasiones el “doble discurso” de Pérez, que en Buenos Aires se suma a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), pero en su provincia aún mantiene los puntos suspensivos.
El gobernador recibió personalmente un petitorio antiminero de manifestantes ambientalistas en el departamento de San Carlos, durante el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia. La foto ilustró las páginas de la prensa escrita el día siguiente.

El bochazo de la Legislatura

El 24 de agosto del año pasado, luego de una sesión picante, la Cámara de Diputados de Mendoza decidió rechazar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge. Fue vital la intervención del entonces candidato a gobernador justicialista Francisco “Paco” Pérez, para dar vuelta el voto de los justicialistas aún contra la posición del gobernador en ejercicio Celso Jaque.
Según narró la prensa mendocina, el radicalismo había arrinconado al oficialismo peronista en el tratamiento de la DIA de San Jorge y finalmente la votación fue contundente en contra del proyecto minero.
“A partir del rechazo social vengo a pedir a mis diputados que rechacen de plano del proyecto San Jorge", dijo aquel día en conferencia de prensa el candidato. Allí también sostuvo que si llega al gobierno, San Jorge no tendrá la posibilidad de extraer oro y cobre en Uspallata, según publicó el diario Los Andes el jueves 25 de agosto de 2011.
La empresa Coro Mining quedó en condiciones de reformular el informe, pero aún no lo hizo. En esta pasada en limpio entraría la planta de tratamiento de Calingasta. A la postre, se cumpliría el vaticinio de Pérez.
No obstante, quedó pendiente otra promesa de campaña del gobernador mendocino, la de realizar una consulta popular por el Sí o el No a San Jorge.