Inédita demanda a jueces tras un fallo que dio vuelta la Corte

El artículo 43 de la Constitución de San Juan dice: "El que en ejercicio de funciones públicas viole por acción u omisión los derechos, libertades o garantías declaradas en esta Constitución o lesione los intereses confiados al Estado, es personalmente responsable de las consecuencias dañosas de su conducta con arreglo a las normas del derecho común en cuanto fueren aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado”.

En ese apartado de la Responsabilidad Funcional de la ley madre del sistema jurídico provincial se basó la defensa de Carlos Brizuela (46) para concretar una demanda sin precedentes en San Juan, tal como la que se inició el 5 de septiembre último contra los jueces Juan Carlos Peluc Noguera, Ernesto Kerman y José A. Vega.

El monto inicial es de 1.850.000 pesos. Y lo que la diferencia de otras demandas de personas que estuvieron detenidas erróneamente es que ésta vez es contra los jueces que dictaron la condena, ya que normalmente se demanda al Estado provincial, tal como también lo hizo Brizuela.

"Por ahora es un valor estimativo, porque no estamos contemplando los daños psicológicos que le provocó a Brizuela la detención ilegal que sufrió durante 3 años y 4 meses. Eso es algo que vamos a estudiar al momento de fijar la demanda”, precisó Víctor Bustos, un abogado penalista riojano que inició la demanda junto a su colega Laura Edith Garay.

Los jueces demandados son los integrantes del tribunal de la Sala II de la Cámara Penal, quienes condenaron a 16 años de prisión a Brizuela por abusar sexualmente de sus dos hijas.

Pero el 11 de septiembre de 2013 se conoció que la Corte de Justicia (Eduardo Balaguer, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero) dio vuelta esa condena, al entender que se había violado un principio básico del Derecho como es el de la territorialidad: el delito se habría cometido en San Luis, así se había denunciado, por lo que San Juan no tenía competencia judicial para investigar si se cometieron o no los abusos. La Corte consideró que, de ahí en más, todo lo actuado era nulo.

En ese mismo fallo la Corte apercibió a los tres jueces de la Sala II. Pero también lo hizo con la jueza que instruyó, María Inés Rosselot (ahora jubilada), y los dos fiscales, Alicia Esquivel (de Cámara) y Daniel Guillén (de instrucción).

Sin embargo la demanda es contra los jueces del tribunal y no contra la jueza de primera instancia ni contra los dos fiscales.

"Yo entiendo que los jueces de la Cámara son solidariamente responsables, porque ellos debían haber detectado el error. Entiendo que la situación de la jueza de primera instancia es distinta, porque su fallo no causa estado, sino que procesó ante la probabilidad de la comisión de un delito. De todas maneras, el señor Brizuela tiene la potestad de demandar también a la jueza de primera instancia y los dos fiscales que intervinieron en el caso”, informó el abogado Bustos.

Desde el momento en que fue liberado por la Corte de San Juan, Brizuela dijo que iba a demandar al Estado sanjuanino. En ese momento el Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, dijo públicamente que, ante casos como estos, los funcionarios judiciales tenían que pagar con su patrimonio el error que iba a tener que resarcir el Estado sanjuanino. Y eso es lo que ahora está haciendo Brizuela.

Tras el fallo de la Corte, Brizuela se fue a vivir a La Rioja, donde tiene a su actual pareja, que no es la madre de las dos niñas que lo habían denunciado. Y cuando se instaló en La Rioja buscó a los abogados para demandar a jueces sanjuaninos, algo que en San Juan no habría tenido mucho consenso, de acuerdo a las consultas que Brizuela hizo en el ámbito judicial local.

Tal vez esa falta de apoyo de los abogados locales para con Brizuela se deba a que el fallo de la Corte de San Juan aún no está firme. Es que, tras anular la condena de Brizuela, las denuncias por el supuesto abuso contra sus hijas fueron giradas a la justicia de San Luis, donde se presume que se cometieron los hechos. Allí los jueces entendieron que no era competencia de ellos, dándole la razón a lo actuado por los jueces de la Sala II de la Cámara Penal.

Eso generó un conflicto jurisdiccional y el caso de Brizuela saltó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la máxima autoridad judicial del país, quien aún no resuelve si es San Juan o San Luis la que debe investigar si Brizuela cometió o no el delito de abuso sexual.

Por lo bajo, en el fuero local hay mucha expectativa por lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, ya que si falla que los principios de protección de los niños están por encima de la cuestión territorial, le estaría dando la razón al tribunal de la Sala II y un revés a la Corte local.

Pero la defensa de Brizuela considera que, si la Corte Suprema resolviera en ese sentido, no dejaría sin efecto la demanda civil: "Ya el fallo de la Corte de San Juan dejó entrever que no hay pruebas para acusar a Brizuela de los delitos de abusos. Así es que, en caso de que la Corte Suprema diga que es San Juan la debe investigar los presuntos hechos, estamos tranquilos porque la Corte sanjuanina fue precavida en ese sentido”, dijo el abogado Bustos.

El 2 de septiembre se enviaron las cartas-documento al Estado sanjuanino y a los jueces Kerman, Peluc Noguera y Vega. El 5 de septiembre fueron oficialmente recibidas y, hasta el momento, no se conoce si hubo respuesta.

"Más allá de lo que argumenten, ése es el primer paso para iniciar oficialmente la demanda civil. Legalmente se llama ”, explicó el abogado Bustos.

*Algunos de los jueces que recibieron la carta documento con la demanda de Brizuela dejaron trascender el bajón personal que les produjo la situación.

*El caso Brizuela generó fuertes divisiones en Tribunales: los que apoyan la condena y los que apoyan a la Corte. Incluso, el malestar llegó al trato personal entre los protagonistas directos.

*Además de la demanda contra jueces y el Estado, los defensores tienen previsto intimar también a los medios de comunicación que siguen sosteniendo que Brizuela es autor de abusos sexuales.