Por Sebastián Saharrea
Camila y el niño “rebelde” de 13 años
En el debate sobre cómo informar los casos de menores que son víctimas o cometen delitos, la jueza Camus optó por lo peor: prohibir. Distinta vara, según la cara del cliente. Una búsqueda: la protección, aún informando. Por Sebastián Saharrea.
Dos profundos dilemas que involucran a menores fueron tapa de Tiempo de San Juan en su última edición. Ni capricho, ni especial inclinación por revolver algún estofado escabroso, apenas la decisión de focalizar en una misma semana sobre dos asuntos que coinciden en un punto: el maltrato a los chicos. En un caso, de parte de su propia familia: es el del trabajador minero sospechado de haber violado a sus tres hijos (dos niñas y un niño), con condimentos de un salvajismo pocas veces visto, y que podría ser beneficiado por un error procesal para quedar en libertad. El otro, ya célebre, el del menor que pasó a los primeros planos cuando apareció robando el arma de un agente policial, que volvió a los pocos días a los ilícitos y que sufre la terrible adicción de las drogas.
Coincide que en ambos casos, además de los derechos de los involucrados –las familias, las víctimas- aparece también el interés de la sociedad entera. Por eso se trata de casos penales, con fiscales que deben espadear por el interés público. Pedirle –mucho menos, exigirle- a los medios de comunicación que no reparen en estos casos con tantas derivaciones sociales y con tanto interés de la comunidad, es equivalente a pedirle al ministerio Fiscal que no intervenga. Con sus lógicas diferencias, es obvio.
La jueza de Menores María Julia Camus no sólo se mostró reticente a dar información sobre estos casos sino que intimó y prohibió a los medios de comunicación que dijeran lo que ocurre con el menor en conflicto con la ley, y amenazó con sanciones. En forma verbal, le dijo a un periodista de este diario que “le prohíbo” que publique la información, y que en caso contrario se atuviera a las consecuencias. Tiempo de San Juan no acató la intimación verbal de la jueza, y quedó de esa manera expuesto a las sanciones que la magistrada considere que correspondan.
El caso no demoró en propagarse incluso a los medios de comunicación nacionales, muchos de ellos levantando la información “prohibida” por la jueza publicada en Tiempo de San Juan –incluso también la entrevista al padre-, luego de considerar que se trata de un caso digno de ser mostrado por su infinidad de connotaciones. El caso apareció en Clarín y en el noticiero nacional del canal América –entre los que este periodista pudo ver-, sin que se conociera si la jueza la intimó también a que no los publiquen o se atengan a las sanciones, como hizo con Tiempo de San Juan.
Por no solamente sobrevuelan por el firmamento mediático provincial los casos de estos menores que fueron involuntarios protagonistas de la información de Tiempo de San Juan esta semana. Hubo, hay y habrá cientos, miles. Está, por ejemplo, el caso de la pequeña Camila, quien fue molida a palos por alguien, presumiblemente de su propia familia, y que la dejó con una evidente discapacidad. Camila fue víctima de un delito grave y su nombre real –su apellido también- es fácilmente identificable por cualquier sanjuanino que se sensibilizó con su caso.
En su historia, los medios fueron mucho más allá, sin que ninguna jueza se ocupara de protegerla, y ni siquiera sus más allegados. Cualquiera más o menos informado puede decir su apellido, identificar a la madre y al padre, también a la pareja de su madre, conocerla a ella, e incluso ahora escuchar su voz. ¿Que no se puede publicar? ¿De qué otra manera se puede conseguir sensibilidad social para evitar que ocurran nuevas Camilas, o poner “presión” para que los jueces no se olviden de ella?
No hay una regla escrita sobre autorizaciones o penalidades en caso de publicaciones de casos policiales con menores involucrados, como tampoco hay una tabulación para los medios de comunicación que les indique qué es nota, y qué no lo es. Respecto de lo primero, sí hay sugerencias globales para los periodistas sobre cómo obrar cuando hay menores involucrados.
La más importante es la de UNICEF, la entidad que la ONU le dedica a los niños. En su sugerencia a los profesionales para tratar estos espinosos asuntos, establece una serie de principios generales sobre los niños y pide a los periodistas que tengan sus cuidados. Entre ellos, los más importantes son: evitar estigmatizarlos, por ejemplo con titulares o transmisiones televisivas bajo el rótulo de “el niño delincuente”; resguardar su identidad no dando a conocer su nombre y sus datos reales; y cuando uno se refiere a su entorno, también evitar los datos certeros que permitan su identificación, como los nombres completos de familiares, escuela a la que va, barrio en el que vive.
Tiempo de San Juan ha intentado siempre resguardar esos principios de la UNICEF, si alguna vez no lo hizo se piden las disculpas correspondientes. En cuanto a la jueza, a este periodista le consta su capacidad, su razonabilidad y su compromiso. Sólo que, ésta vez, está equivocada.
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