Por Sebastián Saharrea
La carrera de una jueza: ¿Qué llega antes, la jubilación o el jury?
Ocurre con la jueza de paz de Caucete, María Cristina Bustos, envuelta en un escándalo por el descontrol en su juzgado. La resolución, en manos de Diputados. Hay antecedentes polémicos. Por Sebastián Saharrea.
Lo primero que deberá hacer la nueva composición del jury cuando termine la feria y comience para ellos efectivamente el año, será ponerse a correr. Si es que quieren, claro, anticiparse al retiro por jubilación de la jueza de paz caucetera María Cristina Bustos, quien desde fines del año pasado quedó atrapada por el descontrol y la anarquía de su juzgado.
Aún no hay un pedido de jury formal contra la jueza, pero la contundencia del caso hace que resulte inminente para los primeros días de febrero, cuando debería constituirse el tribunal de juicio político. Es que acaba de ser renovado para el 2014. Se fueron los integrantes del jury que destituyó a Carlos Macchi e ingresaron otros integrantes, aunque en el caso de los legisladores siguen siendo los mismos (Pablo García Nieto y Marcela Monti). Ahora, en representación de la Corte está su presidente para el 2014, Abel Soria Vega, y en representación de los abogados designaron a Oscar Yanello y Alejandra Atán.
Deberán apurarse si quieren llegar a tiempo antes de que la jueza se jubile. Porque una vez que ingrese formalmente una posible denuncia, luego es el Fiscal General el que debe acusar o desistir y luego se inicia el tiempo de las presentaciones. Hasta ese momento tiene la jueza para presentar la renuncia.
El trámite jubilatorio de los magistrados va por otro camino y consiste en la presentación del interesado, la admisión de la ANSES y la posterior renuncia del magistrado interesado. El camino está congestionado desde que la provincia acordó con el organismo previsional el privilegio para magistrados del 82% móvil de la jubilación, cuya ausencia había envejecido a la magistratura local porque los jueces hacían uso de su atribución de quedarse y no jubilarse.
Hoy en día, Bustos cumple con el requisito de los años de servicio para jubilarse que son los 30 años de antigüedad en la justicia. Como jueza asumió en octubre de 1988, pero tenía años de servicio previos. Lo que no tiene es la edad mínima de 60 años, los cumple el 7 de abril. Al día siguiente, el 8 de abril de este año, está en condiciones de pedir la jubilación.
El punto donde se puede frenar la salida de la jueza con el argumento de evaluar su conducta, es precisamente en Diputados. Porque es la Legislatura donde el magistrado renunciante debe elevar su dimisión –que es el mismo poder que lo designa- y allí entra a jugar la postura de los bloques. Si en el momento de la presentación de la renuncia hay un cargo contra el juez en un jury, los diputados pueden frenar la salida con ese argumento.
Hubo dos casos recientes en el que confluyeron esos factores. Uno fue el de la jueza Rosalba Marún de Sobelvio, ex jueza civil que estuvo sospechada en el escándalo de las expropiaciones aún antes de renunciar con fines jubilatorios, pero en ese momento no tenía ninguna denuncia en su contra. En Diputados le aceptaron la renuncia, pero eso no impidió que Marún fuera investigada en el escándalo, al punto de que luego de su renuncia fue detenida y procesada como presunta integrante de una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado con juicios de expropiación inflados.
El otro caso es el de Moisés Moya, quien también renunciaba a su puesto de camarista civil en el momento en que recibió fuertes acusaciones. Pero ninguna de esas sospechas que descargaron sobre él, como la de no apartarse de las causas en las que estaba involucrado el abogado Santiago Graffigna pese a la relación afectiva entre ambos, se había traducido en denuncia concreta. Ni penal, ni en un jury, sino que habían trascendido por declaraciones e investigaciones de los medios.
Moya recibió la aprobación de Dipuatdos y se jubiló, pero ahora la Fiscalía prepara una ampliación de denuncia para sumarlo a la investigación penal formalmente. La jueza caucetera se enfrenta a un dilema parecido: jaqueada por las denuncias y las revelaciones, y en condiciones de jubilarse. ¿Qué llegará primero?
Un juzgado difícil de creer
El juzgado de paz caucetero es una sede donde se tramitan expedientes por causas menores. Desde que fue inaugurado, está a cargo de la jueza María del Carmen Bustos, pero en los últimos dos meses fue objeto de denuncias que revelaron una situación increíble.
La primera noticia que lo puso en el tapete fue la de un supuesto empleado cobrando por cada trámite judicial, algo terminante prohibido. En efecto, se trataba de un ex sargento de policía de apellido Navarro que pedía unos $35 por cada trámite. Pero resulta que Navarro no era empleado judicial, sino un allegado a la jueza. Y nadie puede designar personal, que no sea la Corte. ¿Qué hacía allí Navarro?
Pero es escándalo creció con una nota de Tiempo de San Juan que reveló que además de Navarro hay un empleado del juzgado llamado Manuel Godoy que se encarga de cobrar las multas hechas por la policía, lo que es ilegal porque las multas se pagan en el banco, y luego entregaba un oficio firmado por la jueza para que retiraran el auto. Los fines de semana, atendía en su inmobiliaria, y la gente le pagaba porque pensaba que era legal.
La jueza Bustos presentó una denuncia en la que declaró que le llevaron documentación posiblemente valiosa para la investigación, y luego se produjo el incidente de la secretaria. Mariana Arce Acosta –asistente de Bustos- fue a declarar ante el juez Ortiz y dijo que Navarro sólo apilaba algunos expedientes y no tenía más participación, pero luego se quebró y confesó que estaba diciendo eso por pedido de la jueza.
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