Por Sebastián Saharrea
Graffigna, en el toma y daca: recibe y devuelve acusaciones
Hoy, una mujer de San Vicente de Paul lo comprometió con su testimonio. Y él pidió que citen a varios abogados de Fiscalía de Estado que autorizaron los pagos. ¿Un mensaje cifrado? Por Sebastián Saharrea.
María Inés Guimaraes, la vicepresidenta de la Sociedad San Vicente de Paúl –dueña de los terrenos por cuya expropiación se pagaron millones de pesos- disparó hoy en Tribunales contra quien era su asesor, Santiago Graffigna. La historia es así: los derechos de dos terrenos expropiados –Suraty y Ruiz Guillermo- fueron comprados por dos clientes de Graffigna en sumas irrelevantes para lo que luego se terminó pagando, con el agravante de que en una de ellas ya había sentencia de pago. Por eso, la vice de la entidad dijo ayer lo mismo que la presidenta, Carmen Arévalo de Del Bono, hace dos meses: que fueron engañadas.
La primera en desfilar por Tribunales fue la presidenta de la sociedad. Y dijo que Graffigna nunca les indicó que podían no ceder los derechos para cobrar y que les ocultó el fallo del caso Suraty. Y hoy, su vice, María Inés Guimaraes, confirmó lo que había dicho Del Bono y agregó que los pagos por las cesiones –los más $105.000- fueron entregados por el propio Graffigna, involucrando aún más al abogado. Según fuentes judiciales, la mujer se mostró temerosa por las consecuencias de la investigación sobre la sociedad y fastidiada por tener que dar explicaciones a la justicia a su edad.
Tiempo de San Juan ya adelantó que los abogados de San Vicente de Paul a nivel nacional están preparando una presentación en la justicia sanjuanina para solicitar que esas cesiones sean declaradas nulas y que les devuelvan el dinero. Eso aún no ocurrió.
Pero la defensa de Santiago Graffigna presentó un contraataque. Por quinta vez desde que su cliente está bajo sospecha en el escándalo, los abogados Fernando Ramhé y Rolando Lozando presentaron un escrito ante la jueza penal que investiga, María Inés Rosellot, en la que piden que su cliente sea convocado a dar declaración porque aún no lo ha hecho.
Lo hicieron en un pedido de ampliación de investigación en el que solicitan que se llame a Graffigna a declarar y agrega el nombre de otros posibles imputados. Son los abogados Mario Díaz, ex fiscal de Estado, Cursunsky y Marcelo Saffe, estos dos últimos letrados del organismo encargado de defender al Estado en los juicios. La defensa plantea que si a Graffigna le pagaron las cifras que se habla, hubo funcionarios que lo autorizaron con su visto bueno.
Quienes siguen de cerca el caso sostienen que se trata de una señal de Graffigna hacia quienes habilitaron los pagos, un mensaje de que hay otros nombres involucrados que aún no han sido citados. En el sentido de que si Graffinga está bajo sospecha por haber percibido esas cifras, también lo deberían estar quienes consintieron esos pagos. La jueza Rosellot tiene 5 días hábiles para resolver si cita a Graffigna y a los abogados citados por su defensa, pero hasta ahora no dado aval a esos pedidos. Aparentemente, prefiere reunir toda la documentación posible antes de tener frente suyo al principal sospechado.
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