Por Sebastián Saharrea
Parque de Mayo: El escándalo del siglo, por dentro
Es la expropiación más cara de la historia provincial y se fundamenta en que no se pagó desde 1923. La demanda se inició hace 7 años y ya tiene sentencia: si se paga dejará en rojo las cuentas públicas. ¿Cómo pudo una parcela de tierra costar a la provincia entre 1.000 y 1.500 millones de pesos? Sospechas, presuntas irregularidades y funcionarios y jueces en la mira en un asombroso caso que hoy se conoce por primera vez. Por Sebastián Saharrea.
-Investigando.
La respuesta fue del abogado Santiago Graffigna, el impulsor de la causa que tiene la soga al cuello de las cuentas públicas, en la hasta ahora única vez que habló ante los medios de la provincia sobre este escándalo de expropiaciones con precios inflados. Y en toda esa madeja, el Parque de Mayo es el buque insignia. Graffigna consiguió en muy poco tiempo una sentencia varias veces millonaria después de haber investigado mucho: averiguó quiénes eran los herederos de una fracción del parque, consiguió que todos le extendieran un poder para poder reclamar, presentó una demanda en 2005 y dos años más tarde consiguió una sentencia de un juez civil que lo habilita a cobrar una cifra que puede rondar los $1.500 millones de pesos y que pone a las cuentas de la provincia ante un grave riego financiero.
En el medio, la pregunta del millón: ¿cómo pudo quedar el estado provincial expuesto a pagar semejante cantidad de dinero? Por primera vez se conocen ahora –reconstruidos por Tiempo de San Juan- los manejos que pudieron haber contribuido, contenidos en la megacausa de expropiaciones que investiga una jueza penal. Hubo falta de documentación desde 1920, con la atenuante de la desprolijidad administrativa post-terremoto aprovechada para sacar tajada de esa indefensión en expropiaciones anteriores supuestamente impagas, como el caso del Parque de Mayo.
Hubo permisividad en el juez –Carlos Macchi, 5to. Juzgado Civil- al autorizar que el abogado Graffigna se presentara como gestor durante un tiempo prolongado. Hubo una sospechosa operación para dejar afuera al Tribunal de Tasaciones, cuya tasación fue descalificada por problemas con los tiempos legales, y que sólo se tuviera en cuenta al perito presentado por Graffigna. Hubo consideración del juez en autorizar una readecuación solicitada por Graffigna –igual que en el caso “Ruiz, Guillermo”- con el argumento de que la crisis del 2001 hizo caer todos los precios inmobiliarios. Y hubo una decisión del juez de permitir la acumulación de intereses y actualizaciones contra el Estado provincial desde diciembre de 1924, cuando la provincia tomó el control de la parcela donde ahora está el parque. Así se llegó a una sentencia de una cifra millonaria que pudo haber sido menor: $14 millones. Con el agravante de que esa cifra es la que será multiplicada por los intereses: no es lo mismo que sean 14 o que sean 3 –por ejemplo- los millones que deban sumar interés sobre interés.
La historia del caso es increíble y produce escalofríos. El terreno que involucra no es la totalidad del Parque de Mayo, ni siquiera su mayoría: es una fracción de poco más de 5 hectáreas en la parte Noroeste del actual parque, donde hoy están los dos estadios –el abierto y el cerrado-, el edificio de la ex Legislatura, el Boletín Oficial y el monumento al deporte. Allí había una bodega de un señor llamado Ventura Morón, que en el año 1923 –gobierno de Federico Cantoni- le fue retirada para que funcione allí el principal paseo que tiene la ciudad.
Parece que Graffigna le llegó el dato para ponerse a investigar. Y es posible incluso que haya presentado las medidas preliminares –en abril de 2003- sin siquiera conocer quiénes eran los Morón, los sucesores de don Ventura, que le darían luego el poder para actuar en nombre suyo. Porque lo que hizo Graffigna fue presentarse en condición de gestor, es decir sin poder de nadie y hacer 10 presentaciones para investigar la situación.
De acuerdo al Código Procesal, la figura del gestor es sólo válida cuando deben realizarse actos procesales urgentes o existen hechos que impidan la actuación de la parte. Si en los 40 días hábiles posteriores de cada presentación no se acredita la parte o se ratifica la gestión, lo actuado por el gestor es nulo. Sólo se puede hacer una vez, pero Graffigna lo hizo más de 10 y a lo largo de casi dos años, sin que el juez Macchi le llamara la atención o invalidara los actos.
Ese valioso tiempo pudo haber sido utilizado por Graffigna para dirigir oficios a una gran cantidad de reparticiones preguntando por esas 5 hectáreas: Municipalidad de Capital, INPRESS, Vialidad Nacional, Registro de la Propiedad, OSSE, Escribanía Mayor de Gobierno. Y a conseguir los avales de la familia Morón, dispersa entre San Juan y Buenos Aires.
Investigando los encontró. En especial a María Susana Lobbe, nacida en 1919 y viuda de Ventura Luis Morón, a su vez hijo de Ventura Morón, el dueño de los parrales que había donde hoy está el parque. María Susana vive en un departamento de la coqueta Avenida Santa Fé porteña. Y los otros cuatro sucesores de don Ventura que también le dieron poder a Graffigna también son vecinos de la Recoleta-Palermo, sobre las calles Santa Fé, Rodríguez Peña y French: Alejandra Ibarra Morón (nieta), Armando Bustos Morón (nieto) y María Susana Morón (nieta). Junto a ellos, Graffigna también obtuvo el poder de los sucesores de don Ventura que todavía están en San Juan: Alicia Elena Landa Morón (nieta), Alicia Graciela Landa (bisnieta), Mónica Landa (bisnieta), Laura Elena Landa (bisnieta), Adriana Estela Landa (bisnieta), Ricardo Ventura Landa (bisnieto) y Alicia Quiroga.
Esos 12 poderes fueron adjuntados por Graffigna en marzo de 2005. Y el 8 de abril de 2005 –después de que el Archivo y la Fiscalía de Estado respondieron que no había expropiación por ese inmueble- se presentó la demanda formal ante el juez Macchi con el nombre de María Susana Lobbe. Igual, no es seguro que el juicio sea de los sucesores de Morón que dieron poder a Graffigna: en el caso “Ruiz, Guillermo” –la veredita sobre Matías Zaballa por la que un primo de Graffigna compró los derechos a la sociedad San Vicente de Paul por los que se pagaron $25 millones- Graffigna terminó admitiendo que el juicio era suyo.
En la demanda, Graffigna volvió a pedir por lo que generó escándalo en otros casos: que se tase el bien a fecha actual, es decir a diciembre de 2001 y no a fecha de la desposesión de inmueble, como dice la ley de expropiaciones, con lo que hubiese correspondido que se tase a lo que era el terreno en 1924. Pero no: se pidió que se tengan en cuenta la vereda, el muro, las mejoras, los frutales y los daños y perjuicios como la mudanza. Al tasar a fecha actual, se producen dos actualizaciones en lugar de una: la de computar el valor de lo que hay hoy y no por lo que era en ese momento, y los intereses desde 1924. Luego, en la tasación del tribunal se produciría otro escándalo: hubo un manejo de tiempos que hizo que no se convalidara ninguna tasación más que la del perito de Graffigna (ver aparte). Allí, se tenía en cuenta para fijar el valor del inmueble, por ejemplo, la distancia de la Legislatura. Menos mal que no estaba hecho el Centro Cívico, sino hasta podía haber elevado el valor del Parque de Mayo en esta causa escandalosa.
La justicia fue rápida con Graffigna. Sólo dos años y medio después, en noviembre del 2007, el juez Carlos Macchi dictó sentencia y allí convalidó casi todos los argumentos del abogado Graffigna. Rechazó la pericia del Tribunal de Tasaciones por extemporáneo y se quedó solamente con la pericia de parte, de Fernando Videla, presentado por Graffigna. Hizo lugar a todos los rubros: terreno, bodega, casa, viña, frutales y hasta mudanza, cuando el tribunal –en esa pericia invalidada- no había obtenido constancias de su existencia. También avaló la readecuación pedida por Graffigna –igual que en el caso “Ruiz, Guillermo”- por considerar que el mercado inmobiliario sufrió una variación desde el 2002, clavó un 1% por gastos de escrituración y hasta una multa por conducta dilatoria al Estado.
Total, casi $15 millones. Por el terreno libre de mejoras, $14.332.598; por la bodega; $232.270; por las casas, $241.984; por los viñedos, $29.829; por los frutales, $847; y por la mudanza $450. Total: $14.837 980. Encima, el juez no hizo lugar al pedido de la defensa de prescripción liberatoria de intereses y obligó a la provincia a pagar el 8% anual desde diciembre del 2004, que sólo al 2007 sumaban más de 530% de interés. Desde allí, tasa activa hasta el momento efectivo de pago, que si se computa el 2012 va otro 460% más. Y sumar también el índice de precios mayorista nivel general desde enero del 2002, con la devaluación, que da unos $600 millones más. Interés sobre interés, sumados a los gastos de escrituración y la multa, la suma ronda los $1.000 millones. A eso hay que suman los honorarios, que posiblemente sean otros $500 millones.
El fallo de Macchi fue apelado 9 meses después por el abogado de Fiscalía de Estado, que todavía era Norberto Baistrocchi. Y cayó en la Sala II, que aún no resuelve y cuyo avance se vio frenado por la denuncia penal que hizo el gobierno y la cautelar que frenó los pagos por las causas de expropiaciones. En el caso de tener que pagar, la provincia no cuenta con los recursos para desembolsar semejante cantidad de millones de pesos, por lo que se trata de una soga al cuello.
Ya en la Cámara, Baistrocchi pidió que sea aplicada la nueva ley provincial 7966, que en su artículo 20 señala que no se puede condenar a nadie a pagar más de lo que un bien vale, es decir que bajaría el precio de los más de $1.500 millones a unos $20 millones. O que se aplique la ley nacional de desindexación, de noviembre de 1993, que en su artículo 1 señala: “cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien aplicando índices (…) la liquidación judicial no podrá establecer un valor superior al real”. Pero la Cámara Civil dijo que no, y entonces será la Corte de Justicia, el máximo tribunal judicial de la provincia, el que decida.
Otra vez, como en casi todos los capítulos de esta megacausa por el escándalo de las expropiaciones, la Corte es la que sostiene la soga que rodea el cuello del tesoro provincial. Y de todas las maniobras bajo sospecha por las que se llegó al fondo del mar.
1 - $ 14.837.980,20
Es el monto de la sentencia del juez Carlos Macchi por el pago del Parque de Mayo, expropiado en 1923.
Desagregado de la siguiente manera:
Terreno $ 14.332.598
Bodega $ 232.270,70
Casas $ 241.984,50
Viña $ 29.829,50
Frutales $ 847,50
Mudanza $450
2 – 530 % de interés
Es lo que al menos representa la aplicación del 8% anual entre diciembre de 1924 y el 31 de marzo de 1991, según la sentencia.
3 – 458 % de interés más
Es lo que se debe agregar a lo que resulte de la cuenta anterior por la aplicación de la tasa activa ordenada por la sentencia entre abril de 1991 a julio de 2012.
4 – $500.000.000
Es lo que representa la aplicación del índice de precios mayorista nivel general desde enero del 2002. Es lo que ordena la sentencia del juez Macchi al aceptar el pedido del abogado Graffigna por los desequilibrios ocasionados por la devaluación.
5 – Honorarios: ¿500 millones?
Como la cuenta anterior es posible que supere los $ 1.000.000 al día de hoy y sin contar el paso del tiempo que queda hasta la resolución final, los honorarios pueden alcanzar los $500 millones.
Las dudas en el proceso
1 – El abogado Santiago Graffigna operó omo gestor durante casi dos años, sin que el juez Macchi lo objetara. ¿Puede un abogado estar en esa condición excepcional durante tanto tiempo?
2 – El Tribunal de Tasaciones fue sacado de la cancha de una manera poco clara. Presentó su tasación, pero fue descalificada por el juez, a pedido de Graffigna, por extemporánea.
3 – El juez Macchi dictó sentencia con una sola pericia para establecer el valor de la tierra, que era del perito acercado por el abogado Graffigna.
4 – No hubo pericia de Fiscalía de Estado, la defensora de la provincia. Melvin se presentó 9 meses después y hubo un dudoso manejo para ver qué hacían con esa pericia. No sirvió.
5 – Le sentencia de Macchi hizo lugar a la readecuación de precios solicitada por Graffigna, algo así como una consideración especial por la devaluación y la crisis del 2001.
6 – No se aplicó la ley provincial nueva ni la de desindexación nacional que señala a los jueces que no se debe pagar por un bien más de lo que ese bien vale.
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