A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias

Actualmente, el sector público de San Juan cuenta con 17 equipos especializados en interrupción voluntaria del embarazo, repartido entre diferentes departamentos como Capital, Santa Lucía Albardón, Jáchal, Caucete, Valle Fértil, Sarmiento, Pocito, Rawson, Rivadavia y Calingasta. De hecho, para quienes deseen acceder al procedimiento, el Ministerio de Salud de San Juan tiene un número telefónico (2644552786) que brinda la información necesaria para ello.

Según contó la directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud de la provincia, Lenka Dumandzic, al momento de que la mujer o cuerpo gestante se acerca a un lugar de asistencia de salud, se evalúa el estado integral de la paciente a través de ecografías y analíticas (dependiendo de las necesidades de la misma) y, allí, se otorgan los medicamentos correspondientes. El procedimiento puede ser medicamentoso o quirúrgico.

En relación con los pasos posteriores a la interrupción, la funcionaria explicó que hay un seguimiento del caso, y se brindan los métodos anticonceptivos disponibles en la salud pública (pastillas anticonceptivas, DIU, parche, implante subdérmico, preservativo, etcétera).

“Desde el Ministerio, se está garantizando el acceso al cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo que sí, nosotros desde acá estamos haciendo un seguimiento post interrupción voluntaria del embarazo para que esa señora pueda acceder a métodos anticonceptivos. Entonces, nosotros estamos fortaleciendo la anticoncepción previa a la interrupción, y bueno, si da un embarazo no deseado, fortalecer la anticoncepción posterior a ese evento de interrupción”, explicó Dumandzic.

En el plano privado, la ley 27.610 indica que todas las obras sociales y prepagas deben cubrir tanto el procedimiento, como los medicamentos y los estudios complementarios. El Programa Médico Obligatorio (PMO) también incluye la atención post aborto y la provisión de anticonceptivos varios.

Cabe destacar que existen ciertos grises en los que el cumplimiento no es tan inmediato, ni tan accesible como debiera ser. Según pudo constatar Tiempo de San Juan a través de testimonios, hay mujeres que cuentan con obras sociales y prepagas cuya primera respuesta es que no se cubren los gastos del IVE. Al insistir, por lo general, las instituciones dilatan tanto la autorización del procedimiento como la entrega de los medicamentos.

Por lo pronto, hay una fuerte disonancia entre lo que indica el sistema de salud que sucede y lo que denuncian los colectivos feministas. Según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de San Juan, mientras que desde el sistema público y privado aseguran que la práctica se brinda de manera gratuita, dentro de los plazos y sin inconvenientes, las organizaciones que acompañan a las personas gestantes advierten demoras por falta de medicación, trabas burocráticas en las autorizaciones, cobros indebidos, desconocimiento de los protocolos y situaciones de maltrato o comentarios moralizantes.

Desde la Defensoría indicaron que aún no hay denuncias formales de la falta de asistencia, pero sí advirtieron que hay una fuerte disonancia entre lo que el sistema de salud plantea y lo que cuentan los colectivos feministas. Por este motivo, instaron a que si hay mujeres a las que una obra social les niega el tratamiento o se los demora, realicen la denuncia correspondiente para poder asistirlas. Además, aclararon que en la institución se cuenta con acompañamiento legal y psicológico para aquellas mujeres vulneradas.

Desde la ilegalidad hasta hoy, hubo un cambio notable de tratamiento. Antes, las mujeres que recurrían a realizarse una interrupción vivían con el miedo de ser juzgadas y hasta terminar detenidas. A pesar de que existe una normativa, los grises continúan. Mujeres que quedan en el medio de un sistema en el que "se patean la pelota".

Cuánto sale acceder a una IVE

Si bien el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo debe ser gratuito, lo cierto es que poder realizarlo tiene precio. Según la Asociación Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología (Asog), el procedimiento cuesta alrededor de $465.000. Mientras tanto, acceder a los medicamentos cuesta alrededor de $180.000, sin contar que a veces encontrarlos en las farmacias se dificulta. Finalmente, una ecografía transvaginal tiene un costo de $40.000.

Por lo tanto, en el caso de que no se cumpla el acceso completo a un tratamiento de interrupción del embarazo puede demandar más de $700.000 (contando dos ecografías, una antes del procedimiento y otra después). Este monto no incluye medicamentos extras como analgésicos, antieméticos, entre otros.