Tras la denuncia por la designación de jueces a causas penales, ¿subyace el cambio de la Corte?

Fuentes vinculadas al máximo tribunal de la justicia sanjuanina indicaron que los cinco miembros analizaron la presentación que realizó Eduardo Quattropani y señalaron que hasta el momento fue el único planteo formal sobre la cuestión. Es que si bien la organización que nuclea a los penalistas expresó en un comunicado su desconformidad por la manera en que los magistrados son elegidos, sólo quedó en el terreno de lo público.

Trascendió que la decisión de la Superintendencia de la Corte de definir que los jueces intervengan en causas en las que no participaron desde un principio, cuando los jueces naturales están desbordados de tareas, fue inspirada en la justicia chilena que tomó dicho camino para dar agilidad al curso de las audiencias.

No obstante y frente a la resistencia, no sólo del jefe de fiscales sino también de abogados penalistas como Franco Montes y Marcelo Fernández Valdez, que impugnaron la actuación de una jueza por ese motivo, los integrantes de la Corte pidieron informes a sus colaboradores para indagar cómo manejan la misma situación en otros sitios del país y quizás tomar como ejemplo, de modo que los derechos y garantías de las partes no se vean afectadas.

Aunque se supo que no todos los miembros de la Corte estuvieron de acuerdo con hacer la revisión, la puerta quedó abierta a un posible cambio o marcha atrás de la disposición que generó polémica y obligó, en la práctica, a los jueces a anticiparse a la catarata de pedidos de nulidades.

Es que según pudo apreciar Tiempo de San Juan en diversas audiencias, los letrados que actúan por primera vez en una causa que ya inició la Instrucción Penal Preparatoria con otro juez dejan por sentado que ninguna de las partes se opone a su intervención, a fin de evitar planteos posteriores.

El conflicto se presentó cuando los abogados advirtieron que los jueces naturales de las causas eran reemplazados y no subrogados (algo que sí se estila) sin ningún tipo de explicación. Esto impulsó apelaciones y el propio jefe del Ministerio Público pidió explicaciones sobre la discrecionalidad para designar jueces por parte de la Oficina Judicial, dependiente de la Secretaría Administrativa de la Corte.

La autoridad, al igual que los penalistas, aseguraron que la modalidad ponía en riesgo el ejercicio de Justicia porque se posibilitaba una peligrosa elección a dedo para las causas penales. Además, al igual que lo remarcó ASAP, criticó el alcance y las atribuciones de una oficina administrativa en temas netamente jurídicos.

Otro tema que hizo ruido fue la división, no prevista en ninguna legislación, de jueces del Colegio por turno matutino y vespertino. "Asignar un juez distinto es una facultad que pone en serio compromiso la vigencia de la garantía constitucional de juez natural e imparcial", manifestaron.