San Juan salió al cruce de La Rioja y ratificó su soberanía sobre Lunahuasi: "Defendemos nuestro territorio con la ley en la mano"

La postura de San Juan se sustenta en una serie de argumentos técnicos y jurídicos que el ministro desglosó para desestimar la avanzada riojana. En primer lugar, la provincia sostiene que la jurisdicción está plenamente definida por la Ley Nacional 18.004, una normativa que lleva 57 años aplicándose sin interrupción bajo gobiernos de todos los signos políticos. Desde la administración sanjuanina señalaron que el Gobierno de La Rioja está inventando un conflicto que jurídicamente no existe, ya que los límites fueron ratificados nuevamente en 2014 por el Digesto Jurídico Argentino.

Respecto a las acusaciones sobre el impacto ambiental, Perea refutó la supuesta utilización del glaciar El Potro por parte del proyecto Lunahuasi. El ministro calificó dicha afirmación como geográficamente falsa, explicando que una cadena montañosa separa físicamente el glaciar del área del proyecto, impidiendo cualquier vinculación ambiental. Además, recordó que la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional documenta que dicho glaciar desciende mayoritariamente hacia Chile y, en menor medida, hacia La Rioja, sin afectar la zona de exploración sanjuanina.

En cuanto a la situación administrativa, San Juan dejó en claro que el proyecto Lunahuasi se encuentra en regla, con propiedad minera vigente y aprobación ambiental otorgada por la única autoridad competente, que es el Gobierno de San Juan. Asimismo, el ministro rechazó de plano la propuesta de crear un “área común” similar a la que mantienen Salta y Catamarca para el litio. Explicó que esa comparación es impropia porque aquel modelo se basa en salares físicamente compartidos, mientras que Lunahuasi está ubicado en territorio sanjuanino claramente delimitado, por lo que no existe figura legal que obligue a compartir la administración de recursos de jurisdicción exclusiva.

Finalmente, el Gobierno de San Juan enfatizó que la provincia está construyendo el polo minero más importante del país y que dicha apuesta requiere seguridad jurídica y respeto entre provincias. Si bien se mostraron abiertos al diálogo institucional, Perea fue enfático al advertir que no admitirán que se discutan límites territoriales cerrados por ley hace medio siglo, instando a La Rioja a dejar de presionar para obtener por la fuerza lo que no le corresponde por derecho.

Conflicto

La disputa se reavivó tras la propuesta del ministro riojano Ernesto Pérez de establecer un esquema de cooperación económica y operativa sobre los proyectos ubicados en la franja limítrofe, alegando que "más tarde o más temprano" deberán acordar un modelo conjunto. La Rioja sostiene que parte de la infraestructura vial y de los recursos utilizados por las mineras pertenecen a su territorio, mencionando específicamente el uso de la ruta 153 por la localidad de Guandacol.

Esta nueva arremetida de la gestión del peronista Ricardo Quintela coincidió con el anuncio del hallazgo de importantes concentraciones de oro en Lunahuasi por parte del Grupo Lundin, lo que despertó el interés de la vecina provincia por revisar las leyes de límites establecidas hace décadas.