Reforma electoral: Javier Milei quiere eliminar el debate presidencial

Además de eliminar las primerias, el proyecto contempla reducir los aportes del Estado para el financiamiento de los partidos, recortar las ayudas para que todos exhiban con igualdad sus propuestas en los medios, y reducir la cantidad de sellos, entre otras medidas.

Financiamiento

El Gobierno dirá, en los fundamentos, que quiere reducir el gasto público y mejorar la transparencia. “No importa cuánto se gasta, sino cómo se financia, que la plata sea traqueable”, dijo un técnico al tanto de los detalles del proyecto.

En primer lugar, eliminarán el aporte extraordinario de campaña que hace el Estado. Pero no suprimirán todos los aportes: el fondo permanente seguirá, por lo que los ingresos de los partidos serán mixtos.

En resumen, el Estado dejaría de dar asistencia económica a los partidos, lo cual perjudicará seriamente a los sellos chicos. “Ahora esos partidos menores van a tener más incentivos para buscar financiamiento”, argumentaron en la Casa Rosada sobre ese punto que seguramente generará escozor en el Congreso. Además, recordaron, para equilibrar, que desde que se aprobó la Boleta única, será el Estado quien se hará cargo de la impresión de las boletas.

Por otro lado, buscarán aumentar los topes privados de los aportes, que pasarán de los 40 millones a los 300 millones como cifra máxima por persona física o jurídica. Y dejaría de existir el tipe de gastos en campaña. En suma, podrán recibir más, y no tendrán un techo para gastar.

Espacios de publicidad

El eje de espacios de publicidad gratuitos es central. Hoy, un 50 lo aportan los medios, que ceden espacios que podrían utilizar para publicidad paga. Y el 50 por ciento restante lo pone el Estado. Si el proyecto de LLA prospera, no habrá más regulaciones en este sentido: los partidos deberían pagar sus espacios a los medios, que a su vez, no estarían compelidos a entregar minutos de aire. Nuevamente, saldrían perjudicados los sellos de menor monta o conocimiento.

En el tópico de “transparencia” del texto, el proyecto del Gobierno planea introducir la figura de un fiscal electoral, endurecer las multas (aumenta los topes en relación con el régimen de financiamiento); incorporar prohibiciones a entidades o personas investigadas o procesadas por lavado de activos (no podrían ser aportantes). Y permite que los aportes sean canalizados por cualquier entidad bancaria, no sólo el Banco Nación. Además, no permite el financiamiento en efectivo, pero sí que se pueda efectivizar en cualquier moneda.

Por último, Milei incluyó una modificación de la ley orgánica de los partidos. “Hay una proliferación de partidos que no tienen representatividad sino el único objetivo de recibir financiamiento”, justificaron en Balcarce 50, y citaron cifras, que tenían muy frescas, para comparar en la región, sobre países que tienen una cantidad significativamente menor de sellos.

Para evitar que haya demasiados sellos, en el proyecto proponen facilitar la inscripción de afiliados por medios digitales, y como contrapartida, endurecen las reglas vinculadas a la caducidad de los partidos: ahora, en lugar del 2 por ciento, deberán haber obtenido el 3 por ciento de los votos en alguna de las dos elecciones previas. Por último, agregaron un requisito más: tendrán que tener afiliados al 0,1 del padrón nacional (es decir, que si las elecciones fueran hoy, deberían partir de la base de los 35 mil afiliados). Además, aumentarán del 0,4 al 0,5 por ciento la cantidad de electores mínimos por distrito, para certificar que el partido se considere como tal. Y pasarían de requerir presencia formal en 5 distritos, a 10. “Así, los partidos van a tener menos incentivos para crearse”, dijeron.

No hay fecha para el inicio del debate de un proyecto que aún no ingresó a la Cámara de Diputados y sobre el cual el Presidente, que se encuentra en Estados Unidos, no habló aún. Durante los próximos días, los partidos aliados evaluarán los puntos con los que estén de acuerdo. En el caso de PRO, encendió alarmas. “Daremos el debate”, dijeron en Balcarce 50.

Chau al debate

El proyecto, creen en el oficialismo, tendrá una consecuencia que el Gobierno asegura que no buscó: la desregulación del debate presidencial. “Estaba institucionalizado por las PASO, que especifican que pueden debatir aquellos candidatos que hayan sacado más del 1,5 por ciento de los votos. Ahora, al no estar regulado, cada postulante deberá arreglar con el resto y con los medios de comunicación para llevarlo a cabo”, sostuvieron en la Casa de Gobierno.