Quisieron registrar las marcas de importantes mineras y se levantó una fuerte polvareda

Según explicó Torres en el programa, su estudio detectó las solicitudes y alertó a las empresas titulares de esos proyectos mineros, que de inmediato presentaron oposiciones para bloquear los trámites. “Nos llamó la atención porque los solicitantes no tenían ningún vínculo con la actividad minera. Actuamos para resguardar derechos legítimos”, afirmó.

Torres calificó la maniobra como “intrépida y desleal”, aunque aclaró que no presentó denuncias penales. Sin embargo, sus declaraciones encendieron la reacción de Arancibia, quien defendió la legalidad del registro. “Lo que no está prohibido, está permitido. La ley permite inscribir marcas no registradas. El registro es un interés legítimo, no subjetivo”, sostuvo.

Arancibia remarcó además que la normativa vigente prohíbe apropiarse de denominaciones notoriamente conocidas, y recordó que el derecho de uso de una marca es prioritario sobre el trámite registral. En este marco, planteó que el proceso estaba dentro de los márgenes legales y que la discusión debía resolverse en el ámbito administrativo del INPI.

El momento más tenso

El debate subió de tono cuando Arancibia acusó a Torres de “calumnias” y anunció que lo llevará a tribunales. “No existe posibilidad de fraude, todo fue legal”, aseguró.

Torres respondió que sus dichos se basan en documentación pública del INPI y reiteró que las presentaciones fueron “llamativas” por la falta de relación entre los solicitantes y la industria minera.

Un debate que trasciende el caso

El intercambio no solo expuso el conflicto puntual, sino que reabrió el debate sobre la protección de activos intangibles en proyectos estratégicos y la ética en el registro de marcas vinculadas a emprendimientos mineros de gran escala.