Por el escándalo de La Superiora, un exintendente dispara contra otro

En diálogo con Paren las Rotativas, programa que se emite todos los martes en Canal 13 San Juan, el dirigente peronista habló sobre el escándalo judicial y puso como ejemplo lo que vivió durante su gestión (2003-2007 y reelecto hasta el 2009, cuando dejó la intendencia para ser diputado nacional) con la expropiación de parte de la avenida España.

"Mi opinión es que si las cosas en su momento hubiesen sido lo suficientemente prolijas, se hubiese pagado cuando se expropió a La Superiora, todo se hubiese evitado si las cosas hubiesen sido correctas", expresó. Consultado sobre si hay responsabilidad por parte de la gestión de Juan Carlos Gioja, quien era el intendente cuando se expropió el predio y quedó debiendo el millón de la polémica, Ibarra señaló: "No voy a hablar de culpas, voy a hablar de las responsabilidades".

Y agregó: "Cuando generás un daño, digo, porque una expropiación no es gratuita, se afecta y se lastima intereses, derechos de otras personas. Yo, por ejemplo, lo que hice fue pagar todo. Por eso nunca me vieron en un diario, nunca me vieron en un noticiero y nunca vieron una palabra que diga escándalo frente a un proceso que yo hice. Para construir los centros integradores comunitarios tuvimos que expropiar, para construir viviendas tuvimos que expropiar". Evitando entrar en un choque directo, para Ibarra hoy no habría un fallo que pone en riesgo las finanzas de Rawson si Gioja pagaba el millón de pesos que quedó debiendo.

El escándalo trascendió cuando la gestión de Carlos Munisaga presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones tras conocer la sentencia de ejecución que obliga a pagar una deuda que creció considerablemente por la expropiación de la ex bodega, que se dio en 2012 durante la gestión de Juan Carlos Gioja y que se complicó con el reclamo judicial por más plata por parte de los dueños del inmueble, Matías y Cristian Pallito, asociados en Cuyo Inversiones. El actual intendente considera que durante la gestión de su antecesor Rubén García se dieron negligencias que llevaron a la municipalidad a estar al borde de tener que pagar la abultada recotización. Le adjudican que no apeló ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de la Corte local.

El cortista Daniel Olivares Yapur firmó junto a sus pares Marcelo Lima y Adriana García Nieto en marzo del año pasado una nueva tasación de La Superiora, predio que originalmente había sido valorado en 6 millones, y en el 2023 pasó a costar más de 1.400 millones. Y como el municipio había pagado originalmente 5 millones (con lo que le quedaba sólo uno por pagar), luego de esa recotización ordenada por la Corte a pedido de los empresarios terminó saltando a más de 370 millones, el proporcional impago de los nuevos 1.400.