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lunes 23 de marzo de 2026

Fuerte movida

Juicio político en San Juan: cómo es el proceso que podría terminar en 100 días con 3 cortistas destituidos

Todos los detalles del proceso que se podría disparar tras el pedido de juicio político que se presentó en la Cámara de Diputados de San Juan contra tres de los cinco ministros de la Corte de Justicia de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El empresario sanjuanino y ex candidato a gobernador del sector liberal de Juntos por el Cambio, Sergio Vallejos, acaba de presentar en la Cámara de Diputados de San Juan un pedido de juicio político contra tres de los cinco ministros de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Ahora se dispara un proceso que podría durar unos tres meses y medio, alrededor de 100 días y que podría terminar con la destitución de los denunciados.

Vallejos, en su pedido de juicio político, les endilga a los tres cortistas malos manejos en dos cuestiones: en el marco de su expropiación, la recotización del predio de la ex bodega La Superiora a favor de un grupo empresario cercano al ex gobernador Sergio Uñac y en contra de la Municipalidad de Rawson; y en el manejo de las elecciones provinciales 2023 cuando después de que la Corte Suprema suspendiera las elecciones de gobernador y vice, en el tribunal local definieron avanzar con la votación de todas las demás categorías, incluida la de la diputados provinciales, y no hacer todos los comicios juntos más adelante, cuando se definiera si el candidato Uñac estaba habilitado a participar por otro mandato.

Quien echó luz sobre el paso a paso que se viene en la Legislatura local, es el secretario legislativo, Gustavo Velert, quien destacó que el juicio político es un método que sirve para destituir a las máximas autoridades de la provincia y que está a cargo íntegramente de la Cámara de Diputados. Se trata de un proceso de investigación que está previsto únicamente para el gobernador, el vicegobernador, los miembros de las Corte de Justicia, el fiscal General de la Corte y el fiscal de Estado.

"Para hacer un parangón con la investigación que todos vemos en la serie, en la ficción, es un proceso de investigación penal, pero que se funda en causas políticas, tiene un proceso político y las sanciones eminentemente políticas, porque se pide, y es que se termina con una sentencia condenatoria, la destitución de estos funcionarios", indicó Velert en diálogo con radio Estación Claridad.

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Sergio Vallejos, durante la conferencia de prensa este martes.

Los protagonistas

El proceso está regulado en sus formas generales en la Constitución Provincial y también mediante dos leyes provinciales que abordan el procedimiento más detalladamente, que son la Ley 310-E y 311-E. "Salvo lo dispuesto por la Constitución Provincial, que es medianamente difícil de modificar, realmente merecería una revisión, porque encontramos un proceso desplegado en dos leyes, sería mucho más prudente y sencillo y claro tenerlo en un solo texto normativo todo el procedimiento y con mucho más detalle", reflexionó el especialista.

Al comienzo de todo periodo legislativo, allá por el mes de abril, de cada año, se debe realizar un sorteo para que los diputados, que son los miembros de la Cámara, pasen a formar dos salas, justamente para la ocasión de un juicio político, que a diferencia del Congreso de la Nación, una Cámara actúa como acusadora y la otra como sancionadora. En este caso, la Cámara local se divide en dos y algunos pasan a integrar la sala Acusadora y la sala Juzgadora.

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En la sala Acusadora hay 18 diputados, cuyo presidente es elegido y designado el mismo día en que se hace un sorteo, ahora es el diputado del PRO, el orreguista Enzo Cornejo. Y en la sala juzgadora el presidente es el justicialista Juan Carlos Quiroga Moyano. "Lo bueno es que en esta sala, en este juicio político, los miembros de la sala no pueden ser recusados, como si pasa en un proceso civil. Esto, incluso teniendo lazos sanguíneos con alguno de los denunciados".

Todo juicio político se inicia con una denuncia que puede realizar cualquier ciudadano, conforme lo impone tanto la Constitución Provincial como la Ley 310. Las causales en las que se puede fundar una denuncia son las establecidas en el 219 de la Constitución, que puede ser incapacidad física o mental, delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, o delitos comunes, puede ser una o varias de todas estas causales.

La Sala Acusadora, de acuerdo al sorteo realizado este año, quedó conformada por los diputados Pedro Albagli, Franco Aranda, Jorge Castañeda, Andrés Castro, Enzo Cornejo, Gustavo Deguer, Sonia Ferreyra, Mónica González, Marta Gramajo, Carlos Jaime Quiroga, Marisa López, Omar Ortiz, Fernando Patinella, Marcela Quiroga, Daniel Ripoll, Gabriel Sánchez, Graciela Seva y Leopoldo Soler.

Mientras que la Sala Juzgadora quedó integrada por los legisladores: Miguel Atampiz, Eduardo Cabello, Stella Maris Caparros, Juan de la Cruz Córdoba, Emilio Escudero, Mario Herrero, María Lascano, Alejandra Leonardo, Cristina López, Rosana Luque, Andrés Mallea, Gustavo Núñez, Fernanda Paredes, Horacio Quiroga, Juan Carlos Quiroga Moyano, Luis Rueda, Gustavo Usin, y Miguel Ángel Vega.

En la Sala Acusadora

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El diputado del PRO, Enzo Cornejo, preside la sala Acusadora.

En la Sala Juzgadora

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El justicialista Juan Carlos Quiroga Moyano preside la Sala Juzgadora.

Los plazos

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La comisión investigadora de la sala Acusadora tiene 40 días hábiles para tener listo el informe, es decir, hasta mediados de noviembre. "A partir de la citación ya tenemos seis días más en que el denunciado se puede presentar. Tenemos un mínimo de 10 días para que se produzca la prueba, y ahí se nos van los números porque pueden ser 10, o lo que que la comisión juzgadora determine para que se ofrezcan peritos, documentos, testigos y demás. Y luego tenemos 30 días para que se imponga la sanción si es que la hay. Estamos hablando de un mínimo de 3 meses, 3 meses y medio", estimó Velert que cumplirá funciones dentro de este proceso como secretario de las salas.

Es decir, que si se da curso a la denuncia se extenderá el proceso durante el receso de verano de la Cámara de Diputados, ya que las sesiones ordinarias terminan en el último día hábil de noviembre y se retoman desde el primero del mes de abril.

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