Intendenta de una capital argentina cesanteó empleados, y la amenazaron de muerte

La mandataria dio de baja a más de 2.500 empleados, y comenzó a recibir amenazas de muerte, tras lo que aseguró que hay dirigentes opositores que intentan “dar un golpe institucional”.

Los 2.529 trabajadores, según la intendenta, fueron ingresados a la planta estatal “de forma irregular”.

La mandataria lamentó "el grado de violencia”, por el que responsabilizó a "ex funcionarios que alteran la paz social, y concejales y legisladores que han sido elegidos por el pueblo".

"Desde el sábado que hay una especie de modus operandi con reuniones varias y hoy quieren dar un golpe institucional", insistió Chahla, que asumió la intendencia de San Miguel el 29 de octubre pasado.

“En Whatsapp dicen que me van a matar y hablan de ir a mi domicilio", confesó la intendenta a un medio tucumano.

Chahla aseguró tener “pruebas de lo denunciado, las cuales ya están en manos de la fiscal, voy aportando los datos para que se identifique a estas personas que atentan contra la paz social".

Chahla recuperó la intendencia de capital tucumana, que estaba en manos de Juntos por el Cambio. El 11 de junio pasado triunfó con el 44% de los votos.

El desaguisado en la municipalidad habría sido cometido por Germán Alfaro, el intendente saliente, a quien aspiraba a suceder su propia esposa, Beatriz Ávila.

En el sitio oficial del municipio se publicó que, de los 2.529 trabajadores cesanteados, 590 fueron designados por la gestión precedente entre el 1° de septiembre y el 27 de octubre (dos días antes de que asumiera Chahla): 180 fueron designaciones directas en planta interina y 410 designaciones en planta interina con contratos previos.

En tanto, fueron desafectadas 1.107 personas que habían sido nombradas entre el 30 de mayo y 30 de junio de este año a través de 27 decretos, de las cuales sólo 47 contaban con una antigüedad mayor a cinco años.

Por último, 1.422 personas dejarán de formar parte de la planta municipal hasta el 31 de diciembre debido a la caída de contratos que, en promedio, no superan los $ 50.000; personas que se encontraban prestando servicios de forma precaria.

Además, la intendenta aseguró que “hemos encontrado parientes en distintos lugares del municipio, son más de 41 parientes de ex funcionarios. Están con nombre y apellido, y esto no nos parece que sea correcto".