Fuerte enojo en Chile con Alberto Fernández: ¿qué pasó ahora?

En el texto, el grupo político de dirigentes del progresismo sudamericano señalaban que “acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”.

El acusado en cuestión en anda menos que el político y cineasta chileno Marco Enríquez Ominami, integrante del grupo de Puebla, ex candidato a la presidencia chilena, y amigo personal de Fernández.

Las acusaciones giran en torno a pagos irregulares emitidos por la minera SQM, que maneja un yerno del ex presidente Augusto Pinochet, y que involucran, además de a Ominami, al ex ministro de Economía Pablo Longueira.

“En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, continúa el comunicado.

Y agrega: “Fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.

La reacción trasandina no se hizo esperar. El hecho fue replicado por medios chilenos como el diario El Mercurio, que tituló: "Grupo Puebla firmaron una carta acusando 'jueces imparciales' en el sistema judicial chileno. Uno de ellos fue el presidente de Argentina, Alberto Fernández".

La canciller chilena, Antonia Urrejola, apuntó que “nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta".

Para el ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, los firmantes del comunicado “desconocen cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno".

Cordero vio en el comunicado una maniobra exclusivamente política: “Declaraciones que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias (...). La leería como apoyo político a ME-O, pero desde lo institucional su contenido es improcedente".